Las comunidades de La Peña, La Junta y Curazao continúan enfrentando dificultades para acceder al agua potable. Mientras esperan la culminación del acueducto regional, los habitantes denuncian que el suministro mediante carrotanques es insuficiente por parte de la Alcaldía Municipal.
En el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, las quejas ciudadanas son constantes en contra de la Alcaldía Municipal, liderada por el alcalde Enrique Camilo Urbina Suárez. Si bien es cierto, algunas falencias se han superado como la intervención de 14 postes de alumbrado público que representaban un riesgo para la comunidad, para lo cual fue necesaria una acción de tutela y terminó en un incidente de desacato, aún persisten dificultades en los distintos sectores tanto en el área rural como urbana.
En un punto específico para este informe periodístico nos centramos en la falta de agua potable que sigue siendo una deuda histórica para los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao, donde los cientos de familias que ahí habitan siguen padeciendo del vital líquido. Para darle solución guardan la esperanza de un acueducto regional que está en manos de la empresa ESEPGUA, con recursos de la Gobernación de La Guajira, proyecto que aún no se ha consolidado.
Como mecanismo de choque quien debe garantizar el preciado líquido es la Alcaldía Municipal, sin embargo, los ciudadanos aseguran que los carrotanques sí llegan, pero cada 8 días con un suministro de 500 litros por familia, lo cual se vuelve insuficiente por lo cual tienen que recurrir a la compra de agua en canecas la mayoría de las veces llevadas desde Valledupar, y por cada recipiente deben pagar hasta $4.000.
De acuerdo con Luis Orgelis Brito, veedor de servicios públicos del municipio de San Juan del Cesar, abogado especialista en Derecho Administrativo y Servicios Públicos Domiciliarios, la falta de agua potable en los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao constituye una vulneración de derechos que continúa sin una solución definitiva.
Brito explicó que en 2025 fue planeado un proyecto para garantizar el abastecimiento de agua a estas tres comunidades, que actualmente no cuentan con un sistema de acueducto. La iniciativa contempla la construcción de la infraestructura necesaria para captar y suministrar el líquido, pero, según el veedor, las obras todavía no se han materializado.
“Desde todo punto de vista constitucional se le está vulnerando a estos ciudadanos el tema del agua”, sostuvo Brito, al señalar que el acceso al líquido está directamente relacionado con derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana. Agregó que existen pronunciamientos de las altas cortes que reconocen la importancia del agua para las actividades básicas de las personas.
El veedor también cuestionó la actuación de la Administración Municipal de San Juan del Cesar, encabezada por el alcalde Enrique Camilo Urbina Suárez, al considerar que, mientras se concreta el proyecto de acueducto, debe garantizarse el suministro mínimo de agua a las familias de estos corregimientos.
La situación se agrava ante la llegada de temporadas de sequía y fenómenos climáticos que pueden reducir aún más la disponibilidad del recurso. Por esta razón, Brito considera que las autoridades competentes no pueden limitarse a esperar la terminación del proyecto de acueducto, sino que deben adoptar medidas inmediatas para garantizar el mínimo vital de agua a estas comunidades.
Brito añadió que adelanta verificaciones para establecer con precisión el estado actual de las obras y las responsabilidades de las entidades involucradas.
Brito manifestó además que mantiene contacto con representantes comunitarios, entre ellos el presidente de la Junta de Acción Comunal, quienes le han suministrado fotografías, videos y audios relacionados con el proyecto y las condiciones de abastecimiento de agua en la zona.
“Realizaré una visita al lugar donde estaría proyectada la captación del agua para verificar directamente las condiciones de la infraestructura y el avance de las obras. Con base en estas verificaciones, estudio la posibilidad de acudir a mecanismos constitucionales y legales para exigir que se garantice el acceso al agua potable para los habitantes de La Junta, La Peña y Curazao”.
Mientras tanto, las familias de estos corregimientos continúan dependiendo de soluciones provisionales para acceder al líquido, a la espera de que el proyecto de acueducto finalmente se concrete y permita superar una problemática que, según los habitantes y el veedor, lleva años afectando a estas comunidades.
Carro tanques insuficientes
En este orden de ideas, desde la comunidad de La Peña, sus habitantes aseguran que la falta de agua potable continúa siendo una de las principales necesidades del corregimiento. Pepe Emilio Oñate, presidente de la Junta de Acción Comunal, sostiene que el suministro mediante carrotanques no es suficiente para atender las necesidades de las familias.
La comunidad depende en buena medida de estos vehículos para abastecerse del líquido, pero la frecuencia con la que llegan y la cantidad entregada por familia no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los hogares.
Ante esta situación, Oñate pide a la Administración Municipal aumentar el número de carrotanques y mejorar la frecuencia del suministro mientras se concreta una solución definitiva para el acceso al agua potable.
La petición de la comunidad es que el abastecimiento no se limite a entregas esporádicas, pues el agua es necesaria diariamente para la alimentación, el aseo personal, la limpieza de las viviendas y las demás actividades básicas de las familias.
“El problema no puede esperar a la culminación del proyecto de acueducto previsto para beneficiar a este corregimiento y a La Junta y Curazao. Mientras avanzan las obras, considero necesario que las autoridades implementen un mecanismo de abastecimiento que responda de manera permanente a la demanda de la población”, dijo Oñate.
Por ello, el llamado del presidente de la Junta de Acción Comunal se suma así a las voces de otros habitantes de estos corregimientos que reclaman una respuesta inmediata de las autoridades municipales frente a una problemática que se ha convertido en una dificultad cotidiana.
La solicitud concreta es aumentar la presencia de carrotanques y garantizar una distribución más frecuente y suficiente del agua. “Le hemos pedido a la encargada de la coordinación del carro tanque que busquen la manera de adquirir más vehículos, que pidan ayuda a los Bomberos, a la Policía, al Ejército, pero no podemos seguir dependiendo de ese solo camión, cuando se daña es otra problemática, ya completamos 11 días (el 20 de agosto) sin que llegue la cisterna con el agua”.
Oñate recordó que en el corregimiento existían pozos profundos que de los que se abastecían de agua, pero con el pasar de los años estos se secaron y ya no tienen esa opción.
A todo este panorama le suman la fuerte sequía por la que atraviesan y la falta de agua la empeora, los cultivos se han secado y muchos animales para la producción ganadera han muerto.
“Todo esto es reciente, los cultivos de patilla se secaron y no se pudo celebrar el Festival de la Patilla como de costumbre se hacía, es una situación bastante lamentable y que puede empeorar con el fenómeno del Niño que se avecina, que según expertos será muy fuerte”, puntualizó de Oñate.
La esperanza que no sea un ‘caballito’ de campaña política
El proyecto de acueducto regional para los corregimientos de La Junta, La Peña y Curazao, en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), cuenta con una inversión cercana a los 24.000 millones de pesos. Ejecutado a través de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira (ESEPGUA). Los habitantes de La Peña guardan la esperanza que este proyecto no se convierta en un ‘caballito’ o bandera de la venidera campaña política de elecciones regionales. Debido a que los habitantes del corregimiento de La Peña, son conocedores de cómo conseguir agua y qué han hecho desde ESEPGUA, aseguran que en todo el tiempo trabajado por esta empresa solo han avanzado en un aproximado de 400 metros en instalación de tuberías y la utilización de una maquinaria amarilla conocida como ‘pajarita’.
De acuerdo con información obtenida en el Secop 1, este proyecto tiene un plazo de 12 meses, iniciados el 7 de noviembre de 2025 para culminar el 7 de noviembre de 2026. Sin embargo, tuvo una suspensión de un mes desde el 20 de mayo al 20 de abril, por situación de orden público.
“Como es de conocimiento de la Entidad Contratante, la Supervisión y la Interventoría, mediante comunicación previa se solicitó la suspensión temporal del contrato, la cual fue debidamente aprobada, en razón a la imposibilidad de ejecución derivada de condiciones técnicas y de orden público en el área de influencia del proyecto. A la fecha, no solo persisten, sino que se han agravado dichas condiciones de orden público, (…) Estos hechos configuran un escenario real de: Restricción de acceso a frentes de obra, imposibilidad de movilización del personal y equipos”, se lee en el documento.
Ese mes de suspensión le costó tanto al contrato, pero más aún a las comunidades un plazo superior para la terminación de los trabajos ya no será en diciembre de este año en curso, ni un mes después, el tiempo fue extendido hasta el 7 de marzo de 2027.
El contratista de este proyecto es el Consorcio AGEO219, con una interventoría técnica, administrativa y financiera, por $700.000.000.
