El Malecón del río Guatapurí y la conexión de la avenida del Río son proyectos que Valledupar necesita. Recuperar el entorno del afluente, mejorar la movilidad y ofrecer nuevos espacios para el disfrute ciudadano son propósitos que merecen respaldo. Pero hay una pregunta que la Gobernación del Cesar no puede esquivar: ¿qué va a pasar con las miles de familias que hoy habitan la margen derecha del río?
Detrás de los planos, los diseños y los anuncios de una gran transformación urbanística hay una realidad social que no puede convertirse en un asunto secundario. En los 11 asentamientos identificados en esta zona viven alrededor de 6.900 familias, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad, cuyos habitantes llevan décadas construyendo allí sus hogares y sus proyectos de vida.
No se trata de desconocer las restricciones legales ni los riesgos que representa vivir cerca del río. Tampoco de oponerse al desarrollo de Valledupar. Se trata de entender que una obra pública no puede medirse únicamente por los metros de vía construidos, los recursos invertidos o la belleza del paisaje que se pretende recuperar. También debe medirse por su capacidad de transformar vidas sin condenar a otras familias a una situación peor de la que ya padecen.
La preocupación de los habitantes tiene fundamento. Según sus voceros, entre 600 y 700 familias serían las más directamente afectadas por encontrarse en áreas que necesitarían ser ocupadas completamente para ejecutar las obras. Para ellas, la incertidumbre no es un asunto de cifras ni de trámites administrativos: es no saber dónde vivirán mañana.
Y aquí aparece el principal problema. Las compensaciones que, según la comunidad, se han planteado podrían resultar insuficientes para garantizarles una vivienda digna. ¿De qué sirve recibir 30 o 35 millones de pesos si ese dinero apenas alcanza para comprar un lote y no para levantar una casa? ¿A dónde irán los adultos mayores, las familias con niños y quienes sobreviven del rebusque cuando deban abandonar el lugar donde han vivido durante 20, 40 o incluso más años?
La Gobernación no puede responder a estas inquietudes limitándose a invocar la ley o a presentar avalúos de las construcciones existentes. Una cosa es establecer el valor técnico de una mejora y otra muy distinta es resolver el problema habitacional de una familia que perderá su techo. La compensación económica, por sí sola, no necesariamente representa una solución social.
Por eso merece atención la propuesta que los líderes comunitarios entregaron a la Secretaría de Infraestructura. Su planteamiento contempla partir de avalúos individuales, gestionar ante el Ministerio de Vivienda el acceso a programas nacionales de mejoramiento o reposición habitacional y solicitar aportes complementarios de la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar.
No es una exigencia que deba despacharse con indiferencia. Es una propuesta que merece estudio jurídico, técnico y financiero. Si existen mecanismos para articular recursos nacionales, municipales y departamentales, hay que explorarlos. Y si las alternativas planteadas no son jurídicamente viables, corresponde a las autoridades explicar por qué y presentar otras que sí permitan resolver el problema.
También es necesario establecer con absoluta claridad cuántas familias deberán trasladarse, cuáles serán las áreas efectivamente intervenidas, cómo se determinarán las compensaciones y qué alternativas tendrán quienes no cuentan con recursos para comprar otra vivienda. Cada hogar tiene una realidad distinta y, por tanto, merece una valoración individual, transparente y verificable.
La Gobernación del Cesar tiene ante sí una responsabilidad que va más allá de ejecutar dos grandes proyectos de infraestructura. Tiene el deber de garantizar que la transformación de este sector no se convierta en una tragedia para quienes lo han habitado durante generaciones.
El gobernador y su equipo deben sentarse con las comunidades, escuchar a sus representantes y construir una ruta concertada antes de avanzar en decisiones que comprometan su permanencia en el territorio. No bastan las reuniones protocolarias ni las promesas de revisar las peticiones. Se necesitan compromisos concretos, cronogramas y respuestas que puedan ser verificadas por los ciudadanos.
Valledupar merece un Malecón, una mejor conexión vial y un río Guatapurí recuperado. Pero también merece ser una ciudad que no sacrifique a sus habitantes más vulnerables para mostrar una nueva cara ante propios y visitantes.
El progreso no puede tener como precio la incertidumbre de miles de familias. Una obra que embellezca la ciudad, pero deje a cientos de hogares sin una alternativa digna, será una transformación incompleta y socialmente injusta.
El Malecón debe ser una obra para todos, no una razón para que quienes menos tienen terminen pagando el costo más alto del desarrollo.