En la margen derecha del río Guatapurí, de Valledupar, donde la Gobernación del Cesar, tiene planeado la construcción de una mega obra que consta de dos proyectos; la conexión de la avenida del Río con un Malecón tiene otra cara. Y lo es los 11 barrios que ahí convergen, donde sus habitantes están preocupados por no saber qué pasará con ellos.
Este sector de la ciudad es de personas vulnerables, muchos de ellos no cuentan con un empleo fijo y viven del llamado ‘rebusque’. Como hay viviendas construidas en ladrillo y cemento, hay muchas otras que son improvisadas, es decir, de manera, zinc, cartón y hasta material de saco. Las personas que ahí conviven son tanto colombianos, como venezolanos y otros más retornados del vecino país.
En versiones de los voceros de las 6.900 familias de estos 11 barrios, se conoció que no se oponen a las obras, están de acuerdo que esto traerá desarrollo para la ciudad e incluso para el departamento, sin embargo, piden tener un trato digno, no ser sacados a la ‘calle’, ya que las indemnizaciones que promete la administración departamental, aseguran no les alcanzaría ni siquiera para comprar un predio en otra invasión de la ciudad, ya que aseguran que un lote mínimo supera los $20 millones. De estas 6.900 familias un promedio de entre 600 a 700 son las que mayor preocupación tienen ya que el lugar donde está la vivienda sería utilizado por completo para la obra.
Jorge Díaz, líder comunal de la margen derecha del río Guatapurí y expresidente durante 20 años de la Junta de Acción Comunal del barrio Esperanza Oriente, explicó que en esta zona de Valledupar se encuentran las invasiones o asentamientos informales Brisas del Guatapurí, conocido anteriormente como Zapato en Mano; El Edén, Paraíso 1, Paraíso 2, Once de Noviembre, Pescadito, Nueva Colombia, Esperanza Oriente, Nueve de Marzo, Vivero Municipal y San Juan.
Según Díaz, la comunidad lleva entre 70 y 80 años asentada en este sector. Sin embargo, recordó que, después de una creciente del río registrada en 1957, se establecieron restricciones por el riesgo que representaba la zona, situación que limitó durante décadas las inversiones y las posibilidades de mejoramiento de las viviendas.
“Desde entonces la comunidad ha estado luchando sola. Nosotros tenemos luz porque compramos los transformadores, tenemos redes eléctricas por nosotros mismos y contamos con operadores de telecomunicaciones porque varios líderes nos reunimos y montamos las empresas. Pero, como tal, alguna ayuda o algún apoyo de la administración nunca ha estado”, manifestó.
Ahora, con los proyectos de conexión de la avenida del Río y construcción del Malecón, el líder considera que las necesidades de las familias deben ser tenidas en cuenta antes de avanzar en las intervenciones que impliquen su salida del territorio.
“Hay una problemática social, hay una problemática de unos hogares, entonces hay que mirar el área social, no solamente el área de la ley, como se ha parado la gobernadora y el secretario. Eso es lo que la comunidad les ha dicho”, expresó.
“Si yo me gasté personalmente para armar mi casa 100 millones y la ley dice que tienen que darme 30 millones de pesos, cualquier ser humano pensante y razonante va a decir que no. ¿Por qué? Porque no hubo una compensación equivalente”, señaló.
El dirigente explicó que, según los valores que manejan los habitantes, una vivienda en barrios normalizados puede costar entre 150 y 200 millones de pesos, mientras que una mejora en un asentamiento informal puede alcanzar los 40 millones. Por su parte, un lote tendría un precio aproximado de entre 25 y 30 millones de pesos.
Por eso, advirtió que una compensación de 30 millones de pesos podría alcanzar apenas para adquirir un terreno, sin resolver la necesidad de contar con una vivienda adecuada para las familias, especialmente para aquellas que tienen niños.
Por toda esta situación han realizado protestas en busca de un llamado de atención de la Gobernación del Cesar, para que se pueda dar una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo que no afecte a la comunidad.
En el más reciente encuentro entregaron a la Secretaría de Infraestructura un pliego de peticiones y propuestas de solución habitacional que esperan sean tomadas a consideración.
En este sentido, como primer componente, la propuesta mantiene la base del avalúo predial individual, tomando como ejercicio financiero de referencia los treinta y cinco millones de pesos ($35.000.000) calculados por los peritos, aclarando que este monto no pretende sustituir los derechos de los propietarios, sino servir de base para gestionar recursos adicionales.
A este valor inicial, los líderes solicitan que la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar gestionen ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la vinculación de los hogares elegibles al Programa Nacional de Mejoramiento de Vivienda.
Este beneficio, que puede alcanzar hasta 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes, permitiría robustecer la capacidad económica de las familias, solicitando expresamente que el Ministerio determine una modalidad viable para aplicarlo a inmuebles que deban ser demolidos o, en su defecto, impulse un mecanismo alternativo de adquisición o reposición con una finalidad social equivalente.
Finalmente, la comunidad plantea la creación de un aporte complementario por parte del municipio y el departamento de hasta $25.000.000 por hogar, sujeto a disponibilidad presupuestal y viabilidad jurídica mediante convenios o habilitación de suelo. De esta forma, combinando los recursos de compensación, los subsidios nacionales y el esfuerzo territorial, se buscaría cerrar la brecha financiera frente al mercado inmobiliario local, garantizando que ninguna familia sea trasladada sin una alternativa digna.
Otros de los líderes que ha tomado voz en este proceso es Óscar Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del asentamiento Pescaito, indicó que hay familias que llevan hasta 40 años habitando en este lugar y en la actualidad no tienen un recurso financiero suficiente para trasladarse a otro barrio de la ciudad.
