Trabajadores y madres de familia de los CDI Semillas del Saber y Aprendiendo con Amor protestaron en Riohacha y reclamaron el restablecimiento de los servicios. La entidad defiende los cambios de operadores, mientras persisten preguntas sobre la continuidad de la atención y la alimentación de los menores.
La renovación de operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) volvió a generar tensión en La Guajira. Trabajadores y representantes de las familias de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Semillas del Saber y Aprendiendo con Amor, en Maicao, denunciaron que cerca de 600 niños habrían dejado de recibir atención integral y alimentación, situación que motivó una protesta en las instalaciones del Instituto en Riohacha. Durante la manifestación, los participantes reclamaron la intervención de las autoridades nacionales y departamentales para encontrar una solución. Según los trabajadores, la interrupción de los servicios se prolonga desde hace varias semanas y afecta principalmente a menores de sectores vulnerables, entre ellos La Pista y otros barrios de Maicao.
Los manifestantes sostienen que las familias dependían de estos centros para el cuidado y la alimentación de sus hijos. También expresaron preocupación por la situación laboral del personal vinculado a los programas, que estaría enfrentando incertidumbre por los cambios en la prestación del servicio. En un video registrado el 5 de noviembre de 2026, uno de los participantes pidió una reunión directa con el Gobierno nacional y reclamó que se escuche a las madres cabeza de familia y a los líderes que conocen de primera mano las dificultades de los programas. “Ya estamos cansados de que todos los años es la misma con esta situación”, manifestó, al denunciar lo que calificó como vulneraciones a los derechos de los niños.
La Procuraduría ya había advertido sobre los retrasos
La situación denunciada en Maicao se produce en un departamento donde los problemas de contratación y continuidad de los programas de primera infancia ya habían llamado la atención de los organismos de control. El 16 de junio de 2024, la Procuraduría General de la Nación advirtió que el cambio de modelo de atención a las comunidades Wayuu había ralentizado la contratación del ICBF en Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure. El organismo señaló demoras en la firma de contratos, dificultades para iniciar su ejecución y zonas declaradas desiertas en los procesos de selección de operadores. La alerta involucraba la atención de al menos 80.000 familias.
En febrero de 2025, la Procuraduría volvió a pedir celeridad en los contratos de primera infancia para los cuatro municipios priorizados por la Sentencia T-302 de 2017. En esa oportunidad, manifestó su preocupación por el ritmo de contratación y la necesidad de garantizar la atención de al menos 102.000 niños indígenas, según la información presentada por el organismo de control. Estos antecedentes no demuestran que las dificultades actuales de los dos CDI sean consecuencia de las mismas fallas, pero sí muestran que la continuidad contractual de los programas de primera infancia en La Guajira ha sido objeto de advertencias reiteradas.
La Corte Constitucional también puso la lupa sobre la alimentación Wayuu
El debate adquiere mayor relevancia por las obligaciones que el Estado tiene frente a los niños y niñas Wayuu. En el Auto 1179 de 2025, la Corte Constitucional calificó como bajo el nivel de cumplimiento del objetivo de mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de seguridad alimentaria, dentro del seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017; La Corte encontró deficiencias en la planeación, inconsistencias en la información presupuestal y dificultades para demostrar que los programas estaban garantizando de manera efectiva el derecho a la alimentación. También advirtió que las fallas administrativas en la implementación de un modelo del ICBF habían afectado la disponibilidad y accesibilidad de alimentos para familias Wayuu y generado incertidumbre sobre la continuidad de la atención.
El tribunal recordó, además, que las medidas dirigidas a proteger la alimentación de la niñez deben mantener criterios de cobertura y no regresividad. La decisión constituye un antecedente judicial importante para examinar cualquier interrupción de servicios alimentarios dirigidos a esta población, aunque no se refiere específicamente a los CDI Semillas del Saber y Aprendiendo con Amor.
El ICBF defiende la renovación de operadores
Frente a los cuestionamientos sobre los cambios en la contratación, la dirección nacional del ICBF expuso una posición institucional en la que sostiene que la renovación busca fortalecer la calidad de los servicios, exigir resultados, prevenir la corrupción y garantizar que los recursos públicos se destinen al bienestar de la niñez. La entidad reconoció el aporte de las madres comunitarias y el derecho de los sindicatos a ejercer su representación, pero aclaró que estos sectores no tienen facultades para escoger operadores, exigir su permanencia o vetar decisiones contractuales. Según el Instituto, la selección corresponde a las instancias competentes y debe ajustarse al manual de contratación y a las normas aplicables.
El ICBF también defendió la posibilidad de contratar operadores provenientes de otros departamentos. Señaló que su procedencia geográfica no constituye, por sí misma, una irregularidad y que la evaluación debe concentrarse en la idoneidad, capacidad y cumplimiento de los requisitos. La entidad aseguró que escuchará los reclamos y que corregirá los errores o irregularidades que lleguen a identificarse. Sin embargo, esa explicación general sobre la renovación de operadores no permite establecer qué ocurrió concretamente con los dos centros de Maicao.
El ICBF puede defender sus decisiones administrativas y justificar la renovación de operadores, pero no puede perder de vista que detrás de cada contrato hay niños que necesitan comer, recibir cuidado y tener garantizados sus derechos. Si cerca de 600 menores quedaron sin atención, como denuncian los trabajadores, no basta con hablar de calidad, idoneidad o prevención de la corrupción: hay que explicar quién permitió que el servicio se interrumpiera, qué se hizo para proteger a los niños y cuándo se restablecerá. La niñez de Maicao no puede seguir pagando las consecuencias de las decisiones administrativas del Estado. Los contratos pueden cambiar; el derecho de los niños a ser atendidos no puede quedar suspendido.
La responsabilidad institucional también pasa por la Dirección Regional del ICBF en La Guajira, actualmente encabezada por Emilis Marina Liñán Murgas, en calidad de directora encargada. Sobre su gestión quedan preguntas concretas: ¿qué seguimiento se hizo a los CDI Semillas del Saber y Aprendiendo con Amor?, ¿qué medidas se adoptaron para evitar la interrupción de la atención? y ¿qué respuesta se les dará a las familias que denuncian que sus hijos dejaron de recibir alimentación y atención integral?
La renovación de operadores no puede convertirse en una explicación para dejar sin respuestas a las comunidades. Si el ICBF sostiene que sus decisiones buscan proteger los derechos de la niñez, debe demostrarlo con hechos, documentos y una solución concreta para Maicao. Porque mientras los funcionarios defienden decisiones administrativas, son los niños y sus familias quienes esperan que el Estado cumpla con su obligación de protegerlos.