Cajacopi, una de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con mayor presencia en la Costa Caribe, está en el ojo del huracán. Diversos testimonios de pacientes, documentos internos y denuncias ciudadanas apuntan a una práctica sistemática: la sobrefacturación de procedimientos médicos, desorden administrativo y el traslado indiscriminado de pacientes a otras ciudades, lo que ha convertido la atención en salud en un auténtico martirio.
Lo que debería ser un servicio digno y oportuno se ha transformado en un negocio que exprime a los usuarios y agota a las familias, obligadas a recorrer cientos de kilómetros en busca de un derecho fundamental.
La “viajadera” de los pacientes: un castigo disfrazado de atención médica
En lugar de brindar atención en la ciudad o municipio donde los usuarios residen, Cajacopi se ha caracterizado por remitir pacientes a Barranquilla, Medellín o incluso Bogotá, aun cuando los procedimientos podrían realizarse localmente.
Una madre de Valledupar relata:
“Mi hijo necesita terapias continuas, pero cada semana me mandan a Barranquilla. Son más de 5 horas de viaje, gastos de transporte, comida y alojamiento. Al final, el niño llega agotado y la terapia no sirve de nada. Esto no es salud, es tortura, dicen que le van a dar a unos los pasajes y tiene que ir con 8 dias de anticipación a la cita, y cuando uno llega por los pasajes nunca están autorizados muchas veces he tenido que re agendar la cita, porque el desorden administrativo habla por sí solo.”.
Historias como esta se repiten en Sincelejo, Santa Marta, Riohacha y Montería, donde los usuarios aseguran que Cajacopi se niega a contratar servicios locales y prefiere enviar a los pacientes a clínicas lejanas, con convenios exclusivos.
Sobrefacturación: cuando la enfermedad se convierte en negocio
Fuentes médicas que solicitaron reserva de identidad aseguran que la EPS maneja un sistema paralelo de facturación inflada, donde los costos reportados a la Nación por procedimientos, exámenes y hospitalizaciones duplican o triplican los valores reales.
Un especialista en auditoría hospitalaria señaló:
“Lo que Cajacopi hace es crear una maraña de traslados y atenciones fuera de la región. Eso incrementa los costos que le reporta al sistema. Mientras un procedimiento cuesta un millón de pesos en una clínica local, ellos lo facturan en tres o cuatro millones a través de un hospital en Barranquilla o Riohacha incluso hasta Aguachica. El paciente sufre y ellos hacen caja”.
El Ministerio en silencio, la gente en abandono
La indignación ciudadana crece, pero las autoridades parecen mirar hacia otro lado. El Ministerio de Salud ha recibido múltiples quejas, pero hasta ahora no ha emprendido sanciones contundentes contra la EPS. En paralelo, la Superintendencia Nacional de Salud acumula expedientes, sin que se traduzcan en soluciones concretas para los usuarios.
El impacto en las familias
– Adultos mayores obligados a viajar con enfermedades crónicas.
-Niños que pierden semanas escolares por traslados interminables.
-Madres que deben elegir entre trabajar o acompañar a sus hijos en viajes desgastantes.
-Pacientes con cáncer que, en lugar de recibir tratamientos cercanos y oportunos, pasan más tiempo en buses que en quimioterapia.
Cifras que indignan
Según cifras de veedurías ciudadanas, más del 40% de las remisiones de Cajacopi en el Caribe corresponden a traslados innecesarios, pues en las ciudades de origen sí existe la infraestructura hospitalaria adecuada.
Además, los informes de la Contraloría han detectado irregularidades en los contratos millonarios que la EPS mantiene con clínicas privadas de la región Atlántica.
Testimonios de pacientes
“Me mandaron para Aguachica y Barranquilla tres veces, después de seis meses de espera para que me viera un médico oculoplástico teniendo ese servicio en Foca pero me dicen que no tienen convenio con ellos.”
Un negocio con rostro de tragedia
Detrás de la fachada institucional, Cajacopi ha convertido la salud en un modelo perverso de negocio, donde el dolor se traduce en facturas y la necesidad en contratos.
Cada traslado innecesario es una oportunidad de sobrecosto. Cada viaje impuesto, una forma de justificar gastos que inflan sus balances mientras los pacientes se hunden en el abandono.
Voces de los usuarios
En Valledupar la sensación es de desprotección total. Los usuarios aseguran que ni los entes nacionales, ni los departamentales, ni los municipales han dado respuestas claras frente a las denuncias sobre el viacrucis que enfrentan.
“Nos sentimos desprotegidos en Valledupar. la superintendencia de salud, la Gobernación y la Alcaldía brillan por su silencio. Nadie nos escucha y mientras tanto seguimos siendo víctimas de un turismo forzado de la salud, obligados a viajar cientos de kilómetros para recibir lo que aquí mismo deberían garantizarnos”, señaló un líder comunitario.
¿Quién responde?
El país necesita respuestas. La ciudadanía exige que la Superintendencia de Salud y la Contraloría investiguen con rigor:
-¿Por qué se favorece a clínicas en ciertas ciudades, mientras se ignoran los hospitales locales?
-¿Cuánto dinero se ha facturado de manera irregular por estos traslados, porque tienen contratación de fundaciones para el hospedaje, la alimentación, el costo de los pasajes no es gratis?
-¿Quién se beneficia realmente del dolor de los pacientes?
Mientras Cajacopi se defiende con discursos sobre “protocolos de referencia y contrarreferencia”, miles de usuarios padecen la humillación de una atención lejana, tardía y sobrevalorada.
Lo que se vive hoy en la Costa Caribe es un escándalo de salud pública, un modelo que prioriza el negocio sobre la vida.
El caso Cajacopi no es un error administrativo: es un sistema de explotación del derecho a la salud. Y la pregunta que queda en el aire es contundente: ¿hasta cuándo el Estado seguirá permitiendo que se negocie con la enfermedad de los colombianos?