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CANDIDATO ELEGIDO PERO SANCIONADO

Por: FRANCISCO CUELLO DUARTE

Dentro del panorama general de los aspirantes a ser elegidos alcalde o gobernador el próximo 27 de octubre, hay unos candidatos investigados y hasta sancionados con sentencia de primera instancia, pero con recurso de apelación por resolver. Así las cosas, se pueden dar dos situaciones bien complejas, dado que está de por medio el interés público de una comunidad.

1.Este candidato, con sentencia condenatoria de primera instancia, le confirman dicha condena en la segunda instancia, antes de las elecciones, pero por logística interna la Registraduría Nacional del Estado Civil no cambia el tarjetón. El pueblo lo elige, pues dicho acto se convierte en una estrategia política apareciendo como víctima de una persecución. El organismo electoral declara su elección, bajo el principio de confianza legítima y la eficacia del voto.

En este evento procede una demanda de nulidad electoral en los términos señalados en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2.011. Y, una vez declarada nula dicha elección, se convoca a una nueva elección, siempre que se cumplan los términos señalados en el artículo 314 de la Constitución Política modificado el artículo 3º, del Acto Legislativo de 2002, que señala: “siempre que se presente falta absoluta de más de 18 meses para la terminación del período, se debe elegir   alcalde por el tiempo que reste”.

2.El candidato en mención, inscrito con sentencia condenatoria de primera instancia, con recursos sin resolver, llega el 27 de octubre y el pueblo lo elige, pero más tarde la segunda instancia de dicha investigación le confirma su destitución (Procuraduría).

En este evento, no hay necesidad de iniciar proceso de demanda electoral, pues procede declarar la vacancia absoluta en los términos indicados en el artículo 98 de la Ley 136 de 1994 por destitución, con encargo provisional según lo estable el parágrafo 3º, del artículo 29 de la Ley 1475 de 2.011, y citar a una nueva elección. En este caso se da una inhabilidad sobreviniente en los términos del artículo 37 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 41 de la Ley 1952 de 2.019.

Esta situación electoral la vamos a ver pasadas estas elecciones con las consecuencias políticas y económicas que significa otras elecciones municipales, producto de un desorden político y de corrupción de unos Partidos que negociaron los avales descaradamente, se lo quitaban al honesto y se lo vendían al mejor postor.


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