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EL ACTIVISMO POLÍTICO JUDICIAL, UN ENEMIGO SILENCIOSO

Por: Pablo Castillo Cuello

El activismo político judicial no tiene definición consensuada, ni rostros que lo defiendan abiertamente. Tampoco cuenta con cifras o estudios que permitan determinar su impacto.

Esta figura no nació en Colombia. Es tan universal como Don Quijote o La Metamorfosis. Sin embargo, su nivel de engranaje en el sistema jurídico colombiano lo convierte en uno de nuestros más grandes males.

La desconfianza del ciudadano en la institucionalidad, puntualmente en la rama judicial, es entre otras, el resultado de una serie de decisiones fundamentadas en lo político y no en lo jurídico, que debilitan al Estado de Derecho y ponen en entredicho la legalidad de las decisiones gubernamentales, así como también la estabilidad del país. En ese orden de ideas, es posible entender al activismo político judicial como un mal de grandes magnitudes que, por su capacidad de influenciar la vida política y social, es incluso equiparable con problemas tan trascendentales como el narcotráfico.

Los límites jurídicos han sido transgredidos una y otra vez por algunos jueces quienes imponen sus propias opiniones sobre cuestiones jurídicas que deberían ser tratadas de acuerdo a disposiciones legales. Es de anotar, que muchos jueces mantienen su independencia y rectitud. A pesar de este reconocimiento, la institucionalidad del país ha perdido respeto y credibilidad, agudizando la polarización política y mermando la capacidad de acción del Estado.

Somos testigos de la degradación de algunos jueces y en medio de nuestra benevolencia, hemos sido incapaces de revertir la tendencia degenerativa de la rama judicial. En contraste, desde orillas políticas han avanzado en su toma del poder y con ello, en su agenda radical, pues se nutren de decisiones judiciales artificiosas que, bloquean las aspiraciones de sus adversarios mientras que fortalecen sus propios intereses.

El problema es tan grave, que una sentencia equivocada podría generar un mayor impacto en el acontecer nacional que años de trabajo gubernamental en programas sociales. En el imaginario común, la justicia colombiana es más garantista con el victimario que con la víctima, como consecuencia, son frecuentes las situaciones donde los ciudadanos optan por tomar justicia con mano propia.

A modo de ejemplo, días atrás, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Magistrado Luis Antonio Hernández, mostró con gran desparpajo su descontento frente a la decisión de la Fiscalía General de la Nación de solicitar el archivo del caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sorprende que el Magistrado Hernández pretendiese opinar como un ciudadano del común y no como el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sorprende también el poco impacto de la noticia. Si hubiese sido en otro país, esa opinión sesgada le habría costado la apertura de un proceso disciplinario. Pero esa es nuestra realidad, algunos jueces parecen más políticos que jueces, y algunos tribunales más legisladores que tribunales.

La balanza entre los jueces respetuosos de la Ley y aquellos que fungen como activistas políticos, se inclina hacia estos últimos. Nos enfrentamos a un enemigo silencioso, pero fuerte y peligroso. Es hora de ponerle la lupa al activismo político judicial y enfrentarlo sin tregua. Si propendemos por la construcción de un país donde los ciudadanos confíen en las instituciones, una reforma integral a la justicia, que se encargue de acercarla al ciudadano, de castigar efectivamente a los delincuentes sin dejarlos libres al poco tiempo y de cerrarle el camino al activismo judicial, se presenta como indispensable y debe ser parte central de la elección presidencial que se avecina.

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