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El alcalde de El Copey está con el ‘agua al cuello’

Nuevos detalles se conocieron alrededor de la compra del predio donde se ubica el barrio Camilo Torres en El Copey por parte de la administración municipal; puesto que, al parecer, el negocio fue redondo. Detalles que fueron presentados por el excandidato a la alcaldía, Andrés Núñez, en la audiencia de revocatoria que se desarrolló semanas atrás del cual el alcalde Francisco Meza Altamar no salió bien parado por su mal comportamiento.

Según denunció Núñez, la perla que demuestra que Meza Altamar es el propietario de Sicarcol S.A.S, firma a través de la cual compró dicho lote y más de 1500 mercados al inicio de la pandemia, es que la vivienda en la que habitan los padres del mandatario aparece a nombre de esta empresa. Por supuesto ante la situación, el alcalde de los copeyanos no tuvo otra opción que salir a su defensa y manifestar que dicha residencia la tienen en calidad de arriendo.

Esta fue una de las pruebas presentadas por el líder de la revocatoria con el que denuncia al alcalde de El Copey, como dueño de la empresa Sicarcol.

“Tenemos las pruebas de lo que argumenté en la audiencia. Por un lado, el certificado de libertad y tradición donde se evidencia que la casa del alcalde y sus padres es propiedad de Sicarcol, la misma a través de la cual compró el lote y más de 1500 mercados a los que le incrementó su valor en un 150%, y por otro lado la firma del alcalde donde además con su puño y letra indica su domicilio, el cual corresponde a la casa anteriormente mencionada. Espero que ahora no le mienta a nuestro pueblo inventándose un contrato de arrendamiento ficticio”, dijo Andrés Núñez, líder de la revocatoria.

¿Hay delito?

‘La cereza del pastel’ se conoció hace unos días con la difusión de un vídeo en el que el alcalde en su campaña política habría cometido el delito de corrupción al sufragante, toda vez que en la evidencia audiovisual se logra comprender claramente cómo Francisco Meza Altamar estaría incitando a la comunidad para lograr su votación. “Los instó para que vayan a la oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar y pidan copia de la escritura 081 de 12 de marzo de 2018 de la Notaría Única de El Copey Cesar y el folio de matrícula al cual pertenece el predio Camilo Torres; digo esto porque hoy comenzamos gracias a la voluntad de la Fundación Fundicop, que a pesar de ser una entidad privada tiene un compromiso social con un barrio y ha tomado la decisión de comprar los derechos gerenciales a la familia Rodríguez del predio en el que hoy habitan más de 1.200 familias”, dice en el vídeo el alcalde Meza Altamar.

Por supuesto ante esta situación se hace necesario citar a la Corte Constitucional en el que explica cómo se incurre en este delito: “en el delito de corrupción al sufragante se pretende establecer una comparación entre, por una parte, la conducta de quien celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero, a una persona habilitada para votar, con el propósito que lo haga en determinado sentido, y, por otra, la conducta de quien acepte dicha promesa, dinero, dádiva, contrato o beneficio particular, con tal propósito. En este caso, también, las dos conductas son realizadas por personas naturales y, en la segunda, se requiere, además, que la persona tenga la condición de ciudadano o extranjero habilitado para votar”.

Ante esta situación que hoy pone sobre las cuerdas al alcalde de El Copey, quien al parecer ahora solamente no tendrá que enfrentarse a un proceso de revocatoria sino también ante un posible proceso judicial, se debe mencionar el caso del gobernador Luis Alberto Monsalvo y el exalcalde de Valledupar Augusto Ramírez Uhía, quienes para el año 2011 prometieron a líderes y habitantes de varias invasiones de la capital del Cesar mantenerse en el predio a cambio de votos. Por esto, el mandatario departamental ya fue absuelto, mientras que Ramírez Uhía fue condenado en primera instancia.

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