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El contrato que están dejando mal parado al alcalde Mello Castro

A medida que crece la emergencia generada por el Covid-19 también aumentan las voces que denuncian posibles actos de corrupción alrededor de las ayudas humanitarias que las administraciones están entregando a las comunidades más vulnerables.  Así las cosas, en Valledupar el concejal Jorge Luis Pérez denunció un contrato de suministro de productos alimenticios celebrado por la administración del alcalde Mello Castro, a través de Mercaupar por más de 416 millones de pesos; Dicho contrato presentaría serias irregularidades puesto que no cumpliría con los requisitos fundamentales de una contratación estatal.

Tal parece que la llegada del Covid-19 al Cesar ha propiciado una oportunidad para que más de uno quiera pasarse por la faja los lineamientos de la contratación estatal a través de los contratos alimenticios. Según el concejal Jorge Luis Pérez, el Mercado Popular de Valledupar (Mercaupar), firmó un contrato por más de 500 millones de pesos para suministro de productos alimenticios, cuando los estatutos de contratación permiten ejercer proyectos sólo hasta por 20 salarios mínimos. La entidad, encabezada de su representante legal, Yobani Santana Manosalva, aceptó un acuerdo para alimentos cuando su objetivo único es administrar las actividades inmobiliarias o arrendatarias de los locales del Mercado Público. El contrato fue efectuado entre el municipio de Valledupar y Mercaupar.

Las tres irregularidades del contrato

Concejal Jorge Pérez

Semanario La Calle dialogó con el concejal Jorge Pérez, quien aseguró que se encontró frente a una celebración contractual indebida que no reúne los requisitos legales suficientes, y manifestó que Mercaupar estaría inhabilitado para efectuar este tipo de contrato debido a que es una entidad que se encarga de administrar locales comerciales del Mercado Público y no un ente que distribuya productos alimenticios de primera necesidad.

“Hemos realizado un control político al contrato número 0324 de 27 de marzo del 2020 cuyo objeto es el suministro de productos alimenticios en asistencia humanitaria Covid-19. Creemos que presuntamente estamos frente a una celebración indebida de contrato que no reúne los requisitos legales, teniendo en cuenta que en contratación estatal hay tres requisitos fundamentales que debe reunir el contratista como es la experiencia, idoneidad y la capacidad financiera. Creemos que Mercaupar hoy estaría inhabilitada para haber realizado esa contratación de suministro por casi 500 millones ya que el objeto comercial de esta empresa es administrar locales comerciales del Mercado Público y no distribuir productos de la primera necesidad”, explicó el corporado.

Según el concejal, la Junta Directiva debe expedir una autorización para que se puedan efectuar este tipo de contrataciones. El funcionario de la corporación dejó claro que Mercaupar está buscando autorización de la Junta de Socios y aún si consiguen dicho documento este estaría por fuera de fecha a razón de que el contrato que ejecutó el Mercado Público de Valledupar fue el 27 de marzo del presente año.

“Por otra parte, los estatutos establecen que la Junta Directiva debe expedir una autorización para celebrar contratos, esa autorización hasta la fecha no se ha dado. Estuve hablando con una de las personas que integra la Junta Directiva y me manifestaba que no se va a realizar autorización de dicha junta, que lo que están buscando es una autorización por parte de la Junta de Socios que no tiene la competencia porque si revisamos los estatutos claramente se refleja que esa función es competencia de Junta Directiva, y si se consiguen una autorización a esta fecha seria extemporánea teniendo en cuenta que el contrato se celebró el 27 de marzo. Pero esto no culmina aquí, esos estatutos establecen claramente que la capacidad para contratar de Mercaupar es hasta 20 salarios mínimos legales vigentes. Si estamos hablando de un contrato de casi 500 millones de pesos, se excedieron de la capacidad para contratar”, resaltó.

Pérez agregó que el contrato del Mercado Público está violando los principios que debe tener un contrato. “En nuestro criterio jurídico creemos que hoy este contrato está violando el principio de selección objetiva, el principio de planeación, el principio de eficacia administrativa, que son principios fundamentales de toda contratación estatal”.

Millonarios recursos invierten la administración del Mello Castro en ayudas alimentarias.

Finalmente, el concejal aseguró que pese a las calumnias que le han querido indilgar por hacer este tipo de denuncias no parará. “Ahora estoy recibiendo injurias y calumnias, pero no me van a callar. No estamos dispuesto a que los recursos del público, que son los recursos del pueblo se destinen para pagar favores políticos”, concluyó.

Hicieron una adición en el contrato

No contentos con un contrato inicial de 416 millones de pesos, al contrato que tiene como objeto “Suministro de Kit de productos alimenticios canasta básica para familias vulnerables del municipio de Valledupar bajo declaratoria de urgencia manifiesta”, le añadieron un total de 83.983.000 millones de pesos para un total de $499.980.000 millones.

Mercaupar estableció un contrato con el municipio de Valledupar ajeno a sus funciones reales que no corresponden al suministro de productos de la canasta básica sino a la administración de los locales comerciales de la plaza de mercado. Sin embargo, en el documento quedaron plasmados que el objetivo del mismo era el “suministro de un Kit de productos alimenticios de canasta básica para familias vulnerables”.

La Calle conoció los documentos correspondientes a la contratación, la adición en la misma y el certificado de disponibilidad presupuestal por 500 millones de pesos para la ejecución de este proyecto que hasta el momento sigue en marcha a pesar de las irregularidades que ha sacado a la luz el concejal Jorge Luis Pérez, quien asegura que las cosas no se vienen haciendo bien razón por la cual pondrán los hechos en conocimiento de los organismos de control como la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

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