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El lío del alcalde de Manaure pica y se extiende

Después de la publicación que hizo Semanario La Calle frente a la demanda que cursa en la Contraloría y Procuraduría en contra del alcalde de Manaure, Ever Santana Torres, por violar la Ley 1229 de 2009, se conocieron nuevos detalles que dejan mal parado al mandatario.

 

Mientras el alcalde del municipio de Manaure, Ever Santana Torres, seha  desentendido con el lío que lo tiene metido en camisa de ‘once varas’, por al parecer haber violado la Ley 1296 de 2009, la publicación que hizo este medio de comunicación al respecto, dio pie para que saliera a la luz pública más detalles que sin duda dejan entre ver que el mandatario se hizo el de la ‘vista gorda’ con la mencionada Ley para cumplir, un favorcito político.

Pero antes de entregar los nuevos detalles de este proceso, se hace pertinente recapitular rápidamente por qué el alcalde Santana fue denunciado ante la Procuraduría y Contraloría por José Joaquín Osorio Cervantes, habitante del municipio, quien con pruebas en mano demostró que el mandatario había contratado a Eudis Virgilio Ardila Felizzola, por un valor de tres millones ciento cincuenta mil pesos, por una duración de tres meses, a sabiendas que la mujer es familiar en segundo grado de consanguineidad del concejal Pedro Luis Felizzola Hernández.

Pero hay uno más, se trata de la contratación de Diana Lisethe Echavez Ballesteros, por cuatro millones ochocientos mil pesos por una duración de tres meses. Según el denunciante, dicho contrato fue dado a la prima hermana del concejal Anderson Miguel Ballesteros Muegues.

Y recordemos que la norma es clara cuando dice textualmente: “que prohíbe que los conyugues o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes y concejales municipales distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo municipio o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente”.

 

Felizzola advirtió al alcalde

Cuando este medio comunicación contactó al alcalde Santana para saber el por qué se ‘había pasado por la faja’ la Ley 1296 del 2009, uno de los concejales implicados en este escándalo no aguantó la presión y a través de una carta sostuvo que él le había pedido al mandatario que suspendiera el contrato para que se evitaran problemas con las autoridades, sin embargo, ya es demasiado tarde porque el problema  lo tienen encima.

«Durante el presente me permito manifestarle muy respetuosamente como concejal de este Municipio, mi inconformidad, por no estar de acuerdo con la contratación que usted como representante legal del mismo, ha venido realizando con mis parientes, ya que de esta manera se estaría violando presuntamente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido por la Ley», así le escribió el concejal Felizzola al mandatario Santana, el pasado 9 de junio en una carta en donde buscaba salvar la responsabilidad sobre las acciones legales que le pueden acarrea estar inmerso en esta situación.

El concejal se refiere al contrato que el alcalde Santana le entregó a su familiar Eudis Virgilio Ardila Felizzola, y pese a que este asegura no estar alineado políticamente con el mandatario, su nombre hoy por hoy en el municipio se encuentra en entre dicho por esta situación.

«Como usted bien lo sabe y es de público conocimiento, me encuentro en oposición a su gobierno, y en días pasados hice la recusación ante la Corporación del Concejo, al cual pertenezco, donde expresé a viva voz lo manifestado anteriormente», concluyó el concejal en la misiva que le mandó a Santana.

 

El Concejo también lo advirtió

Pero no solo el concejal Felizzola le advirtió al burgomaestre Santana que lo que estaba haciendo no iba a acorde con la Ley, puesto que este medio de comunicación conoció que, en el marco de las segundas sesiones del Concejo del Municipio, se le dijo al alcalde que no siguiera haciendo este tipo de contrataciones con los familiares de los Corporados.

El llamado del Concejo se hizo a través de una moción de observación, el cual consiste en una de las funciones claras de los Corporados dentro del control político que deben hacer, pero pese a todas las luces que se le hicieron al mandatario este ha siguió adelante pasándose por la faja, no solo los llamados de los concejales, sino la ley que prohíbe las contrataciones que ha venido haciendo.

Pese a ello, la respuesta del alcalde fue más desafiante, puesto que el 7 de julio, día en que culminaba el contrato de Ardila Felizzola, la administración le dio una prórroga de un mes más es decir hasta el 6 de agosto, lo que indica que este contrato venció hace apenas un par de horas.

Por ahora, queda esperar que las investigaciones que hacen curso en la Contraloría y Procuraduría contra el mandatario comiencen a dar frutos en el sentido de que emitan sentencia, ya sea absolviendo o sancionandolo.

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