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EN MEDIO DE LA CRISIS, EL DECRETO 560 DE 2020 OFRECE POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL

Frente a la crisis económica que venían padeciendo las sociedades mercantiles, personas naturales de carácter mercantil y personas naturales no comerciantes, ya contaban con herramientas legales, como son la Ley 1116 de 2006 de REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL y la Ley 1564 de 2012, título 4, de INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE.

A través de estos instrumentos jurídicos, LOS DEUDORES, personas naturales o jurídicas en dificultades, estaban facultados para renegociar las obligaciones con sus acreedores con el propósito de llegar a acuerdos de pago, permitiéndoles continuar con su actividad económica, conservando los empleos y honrando sus créditos.

Para ilustrar al lector, con corte al 31 de diciembre de 2019 LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES tramitaba 2.700 procesos de este tipo en todo el país, que representaban 49 billones de pesos en activos y 121.000 empleos; entre tanto que, en la CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR desde el momento en que fue autorizada para tal fin, con corte al 31 de diciembre de 2019, habíamos logrado tramitar 68 procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, y hasta antes de la cuarentena en lo que iba corrido de este año 7 más.

Pero la realidad económica mundial cambió con la declaratoria que hiciera el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud –OMS, de la pandemia por el COVID-19, esencialmente por la velocidad de propagación.

El 27 de marzo de 2020 el Fondo Monetario Internacional – FMI y el Comité Monetario Financiero Internacional – CMFI de manera conjunta señalaron que se estaba frente a una situación sin precedentes en donde una pandemia se había convertido en una crisis económica y financiera dada la interrupción repentina de la actividad económica, razón por la cual el producto mundial se contraerá en 2020. Lo anterior, en plena coincidencia con lo señalado en un informe del BANCO MUNDIAL titulado “The economy in the time of COVID-19.”

Con este escenario, el Gobierno Nacional debió reconocer que el aislamiento preventivo se traducía en paralización económica, combinado a su vez con el aplazamiento de decisiones de consumo en los hogares, y, por ende, las empresas aplazaron la producción de bienes y servicios a falta de fuerza laboral, pues no podemos negar que los colombianos no están comprando limitándose exclusivamente a suplir sus necesidades básicas. Es decir, anticipa una recesión en la economía global, cesaciones de pagos y aumento desbordante del desempleo.

El Gobierno Nacional vio la necesidad de expedir el Decreto 560 del 15 de abril de 2020, el cual parte de reconocer primero que el régimen actual carece de incentivos suficientes para promover el alivio financiero del deudor que atraviesa por una crisis económica, se limita la capacidad del deudor para realizar el pago de acreencias y la disposición de activos durante el periodo de negociación, y finalmente reconoce como conveniente reducir la intervención judicial.

Importante también que admite que una simple crisis de liquidez deriva en la liquidación del deudor de una empresa viable, y como elemento novedoso, reconoce como necesario establecer condiciones para promover la financiación del deudor en procesos de reorganización e insolvencia.

ES ESTA ENTONCES SEÑORES EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y CIUDADANOS EN GENERAL, LA VÍA LEGAL PARA RECUPERAR SUS EMPRESAS, Y CONSERVARLAS COMO UNIDAD DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y FUENTE GENERADORA DE EMPLEOS A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE SALVAMENTO Y RECUPERACIÓN PREVISTOS EN LA NUEVA NORMA.

Esta herramienta les garantiza el acceso expedito a los mecanismos de reorganización, flexibilidad en el pago, capitalización de pasivos, enajenación de participaciones sociales, descarga de pasivos, pactos de deudas sostenible, estímulos a la financiación del deudor en proceso de reorganización, la posibilidad de obtener rebajas de acreencias en favor de la DIAN y las entidades del Estado, salvamento de empresas en estado de liquidación inminentes, la negociación de emergencia y los procedimientos de recuperación empresarial en LAS CAMARAS DE COMERCIO, son entre otros puntos beneficios, alternativas y posibilidades para la estructura productiva de la economía del Cesar.

La Cámara de Comercio de Valledupar que ha venido cumpliendo con creces el mandato de la Ley 1564 de 2012 (insolvencias), tiene en esta nueva norma, en virtud del artículo 9, la facultad para promover las correspondientes mediaciones, no solamente frente a las competencias que ya tenía sino frente a los deudores sujetos al régimen de la ley 1116 de 2006 y a las personas excluidas del régimen de insolvencia relacionadas en el artículo 3 del mismo régimen.

Nuestra CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR cuenta con la capacidad profesional, técnica, administrativa y financiera para ello, y será pilar fundamental en la recuperación de nuestra economía.

Por MANUEL GUILLERMO CUELLO BAUTE.

 

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