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FINANCIACIÓN ESTATAL DE LAS CAMPAÑAS

Por:Orlando Caballero Diaz

El legislador a través de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 controla la financiación lícita de las campañas electorales, norma que debe ser observada por los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica, como los grupos significativos de ciudadanos y los candidatos en particular.

Al respecto, la Corte Constitucional había señalado los siguientes preceptos: la importancia de que el legislador determinara de manera clara las fuentes de financiación lícita de las campañas electorales, con el fin de garantizar la transparencia, igualdad, pluralismo político y moralidad pública en las contiendas electorales; la transcendencia que tenía la financiación estatal para las campañas electorales; la amplia libertad de configuración legislativa con que contaba el Congreso para regular la materia, respetando la necesaria regulación mediante ley estatutaria, la determinación de fuentes lícitas y limitación de la financiación privada y la consagración y regulación de la financiación estatal parcial a las campañas electorales, en el marco de un sistema mixto de financiación a través de reposición de votos y anticipos .

Como consecuencia de la anterior posición de la Corte Constitucional, el Congreso de la República reglamenta la financiación electoral a través de la Ley Estatutaria 1475 del 14 de julio de 2011, señalando taxativamente en su artículo 20, las fuentes lícitas de financiación, indicando que: los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a las siguientes fuentes para la financiación de sus campañas electorales:

1.- Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen. 2.-Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. 3.- Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares. 4:- Las créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. 5:- Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. Y, 6.- La financiación estatal conforme a las reglas que establece la ley.

De esta manera se ha reglamentado el artículo 109 superior, con el objeto de hacer efectivos los principios que informan la democracia, en el contexto de un Estado constitucional, así como el funcionamiento político y electoral de las organizaciones políticas, ofreciendo unas garantías mínimas para la concreción de la igualdad, transparencia y pluralismo político.

Como quiera han transcurrido 12 años de la expedición de la Ley 1475 de 2011, sin que se haya logrado controlar la financiación ilícita y materializar el derecho a la igualdad frente a los topes de campaña, se plantea una reforma política tendiente a que el Estado financie el 100% de las campañas electorales en Colombia.

 

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