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Fiscalía condena a cinco personas por proyecto de vivienda en Becerril

Lo que sería un proyecto de vivienda para 180 familias, prometido en 2010, terminó con dos exalcaldes de Becerril condenados, Soraya Pinto Borrego y Gregorio Ignacio García Cárcamo, quienes según el ente acusador en sus periodos compraron varias veces el mismo terreno y entregaron 100 viviendas de mala calidad a la comunidad. 

A 79.56 meses de prisión y pago de una multa de 1.908’384.000 millones de pesos fueron condenados Soraya Pinto Borrego, quien en diciembre de 2010, siendo alcaldesa (e) de la localidad, firmó un acuerdo con el objeto de construir 180 viviendas de interés social tipo 1, que con 3 mil millones de pesos de la cartera municipal y un subsidio por 25’353.728 millones de pesos para el bien inmueble.

En 2011 llega Gregorio García Cárcamo, como alcalde (e) de Becerril y modificó parcialmente el acuerdo suscrito por Pinto Borrego y dispuso que el terreno ofrecido en donación fuera cambiado por uno de menor extensión, aduciendo que el primer lote no era apto para la construcción; además adicionó al proyecto 180’460.000 millones de pesos para iniciar obras urbanísticas llegando así a una cuantía de 3.180’460.000 millones de pesos sin haber puesto la primera hilada de ladrillos.

Según el ente acusador se dio un cambio de terreno y ya no era en “Tierra Santa” que iban a construir, y anuncian la compra de un segundo lote “La Esperanza” en complicidad con una unión temporal ‘Inversumnistros Samil’ por 210’000.000 millones de pesos. El dinero de la compra salió municipio, lo que muestra que el compromiso de la unión temporal no fue satisfecho.

La Fiscalía analizando el material probatorio evidenció que solo se construyeron 100 viviendas que no cumplen con las normas urbanísticas, y la fiesta de los millones rodea ese proyecto que ilusiones a familias codacenses.

Delitos de peculado por apropiación, agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales les fueron imputados a los dos exalcaldes mencionados y otras dos personas cayeron deben pagar 60.84 meses de prisión y una multa de 1.431’288.000 millones de pesos, la representante legal del consorcio María Henríquez Arellanos, Sergio Rafael Acosta Díaz y Darlyn Bueno Contreras, intervinientes en contrataciones.

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