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La familia humilde de El Copey que el alcalde busca dejar sin techo

José de Jesús Martínez Manga interpuso una acción de tutela en contra de la administración municipal de El Copey, en cabeza de Francisco Meza. Según el ciudadano, la alcaldía del municipio realizó una visita psicosocial en la vivienda para la caracterización de su núcleo familiar donde dos de sus miembros, hijos del denunciante, tienen enfermedades con limitación mental. En dicha visita asistieron una trabajadora social, una psicóloga, el comisario de familia y el inspector de la Policía. El lugar en el que permanece Martínez Manga con su familia es un predio que pertenece al municipio, el cual en el año 2014 fue puesto a su cargo por el alcalde de ese momento Hernando Saith Sierra.

Semanario La Calle habló con José Martínez Manga, quien en medio de su desesperación dijo que era un campesino que no tenía donde ir con su esposa e hijos y que su labor de los últimos años se había centrado en el cuidado y protección del predio. Además, habló de la actitud con la que llegó el mandatario en enero de 2020 al predio del cual hoy los quiere sacar.

“De tantos predios que tiene el municipio iniciaron con el número uno que soy yo. El vino aquí e insultó a mi esposa y a mi familia, yo no me encontraba en la casa. Él caminó esto de punta a punta, a mí me metió aquí Wilfrido Ruiz Rada con la condición de hacerle trabajos a la tierra, poner riego y cuidarlo. Yo soy campesino, soy pobre en realidad. Como yo les he colaborado durante ocho años que me colaboren a mí también, así como yo lo he hecho cuidándoles esta finca. No hemos estado gratis y tampoco tenemos a donde ir”, dijo el ciudadano.

Después de todo el ‘bololó’, el accionante consideró que, con los hechos manifestados con anterioridad, se están violando o vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso; además de la protección especial a personas de la tercera edad, protección especial a personas discapacitadas y el derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Política de Colombia.

El denunciante, en compañía de un abogado de una ONG que conoció la situación, interpusieron una acción de tutela, hicieron una petición al alcalde en la que le pidieron que no sacara a la familia de Martínez Manga de Villa Elvira, como se le llama al lugar: “solicita al despacho respetuosamente se sirva ordenar al Municipio de El Copey – Cesar, representada legalmente por Francisco Manuel Meza Altamar, Inspección Central de Policía Central de dicho municipio, representada por la doctora Carol Blanco Gamarra, abstenerse de practicar desalojo al señor José de Jesús Martínez Manga y a su núcleo familiar, integrado por su señora, dos hijos discapacitados y dos nietos menores de edad, de la vivienda que ocupan, situada en el inmueble rural denominado Villa Elvira donde funcionaba las Oficinas de la Umata del Municipio del Copey, hasta tanto no sean incluidos en un programa de vivienda y reubicados en una vivienda digna en propiedad para él y su familia, así mismo ordenar que la acción policiva se tramite dándole cumplimiento a la norma vigente para la época es decir, el Decreto 747 de 1992 y no la Ley 1801 del 29 de julio de 2016, que es el actual Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana”.

Según manifiesta otro ciudadano que quiso permanecer en el anonimato, el alcalde viene ejerciendo atropellos en contra de esta familia, a quienes le suspendieron el servicio de energía y lo más indignante les bordearon la casa con hilos de alambre de púa.

¿Qué dice la administración?

Ante la acción de tutela y los acontecimientos expuestos por la familia, la alcaldía de El Copey respondió argumentando que dicho predio sería usado en beneficio del municipio y su desarrollo agropecuario: “En el año 2014 un funcionario encargado de las funciones de alcalde autorizó mediante un acto administrativo al accionante para que se instalaran en las instalaciones de la Umata, con su compañera permanente y su dos hijos porque no tenía en donde vivir y que debido a su condición de pobreza tampoco tenía como pagar un arriendo, a la luz del derecho hay motivos suficientes para considerar que su condición de adulto mayor y demás situaciones personales, si bien las hemos tenido en cuenta, no lo legitima para seguir ocupando el citado bien público de manera indefinida, dada la importancia estratégica que este representa para el desarrollo del Municipio y en el cual se van a desarrollar varios proyectos agropecuarios”.

Además, según la administración, quien dio permiso a Martínez Manga para estar en el predio no tenía las facultades legales para dar dicha autorización. “Existió una autorización por parte del Secretario de gobierno en aquel momento, la misma era irregular desde todo punto de vista porque el citado funcionario no estaba facultado para designar un bien fiscal para el aprovechamiento de un particular afectando el interés público, motivo por el cual dicha autorización fue revocada por la administración anterior mediante la resolución No. 373 del 21 de julio de 2016… a pesar de lo irregular que este era, en el mismo se indicó claramente que dicha autorización era válida hasta el 31 de diciembre de 2016, plazo que el ocupante solicitó que se respetara cuando se le requirió para entregar el inmueble en virtud de la revocatoria”.

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