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La olla podrida de Fundinaj estalló y salpicó al ICBF 

Una olla podrida al interior de la Fundación para El Desarrollo de La Infancia y La Adolescencia ‘Fundinaj’, encendió las alarmas sobre cuál es el proceso de cuidado y atención que se le brinda a los niños que quedan a cargo del Bienestar Familiar, en este caso regional Cesar, toda vez que, por esto, el Estado paga millonarios recursos, los cuales se habrían ido a saco roto, toda vez que los menores siguieron vulnerados.

Un presunto caso de violación y vulneración de los derechos de una menor de edad, tiene en el ‘ojo del huracán’ a Fundinaj, la cual desde el año 2016 operaba como hogar de protección, donde se atendían cerca de 70 menores entre niños y niñas, asignados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El destape de esta olla dejó como resultado el cierre de la fundación y la judicialización de Rosa Virginia Laguna Lamilla, Representante Legal de la entidad; Rober Emilio Fernández Tovar, funcionario y esposo de la representante legal; y Lenin José Fernández Tovar, hermano del otro capturado y cuñado de la representante legal.

La situación se convirtió en el talón de Aquiles del instituto, toda vez que se conoció que en la región son pocos los oferentes para atención en temas de protección, al punto que ha sido difícil incluso para la alcaldía, poner en funcionamiento un hogar de paso.  Aunque en las declaraciones dadas por la menor aparentemente abusada, esta afirma que los abusos iniciaron en noviembre de 2020, cuando Laguna Lamilla y Fernández Tovar la obligaban a presenciar el momento en que ellos sostenían relaciones sexuales, y a que mirara vídeos pornográficos en las oficinas de la fundación; se conoció que esta no sería la única falencia en la atención de los menores, puesto que las condiciones del lugar, eran deplorables.

Ante esto, los 70 niños fueron reubicados en otras instituciones, para que puedan continuar con los procesos para el restablecimiento de derechos.

¿Dónde empezó todo?

En audiencias de medidas de aseguramiento, los tres implicados fueron enviados a la cárcel.

En medio de tanto caos, hay muchas preguntas en el aire y diversas hipótesis de lo que realmente ocurría con esta fundación, la cual, según el ICBF, prestaba servicio de atención en la modalidad Internado, brindando permanente a los niñas, niños y adolescentes que han tenido que ser temporalmente separados de sus familias por decisión de una autoridad administrativa, entiéndase Defensoría de Familia o Comisaría, mientras se desarrolla el proceso para el restablecimiento de sus derechos. Fin, que quedó por el piso tras el reciente escándalo en el que Fundinaj es protagonista.

Una de las grandes preguntas en este caso, es ¿qué papel juega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar’, teniendo en cuenta que, si bien la fundación era el operador de dicho objeto, el ICBF debe velar porque se cumplan con los estándares y condiciones de cuidado y restablecimiento de los derechos de los menores. Frente a esta incógnita, la directora Lina Arbeláez manifestó que, “la investigación se inició después de que una alerta emitida por la Dirección Regional del ICBF en Cesar motivara la visita del Grupo Élite Guardianes de la Niñez, equipo creado por el propio Instituto con la misión de detectar e investigar irregularidades en el servicio y riesgos de violencia contra los beneficiarios atendidos en todas las unidades de servicio”, dijo.

Quien además explicó que estas visitas, que funcionan como un ejercicio de supervisión se hacen con un periodo de regularidad a todas las unidades de servicio, no solo de protección, sino a todos los servicios que presta el ICBF, a través de las cuales se aborda a los niños, niñas y adolescentes bajo protección, inspeccionan funciones y cumplimiento administrativo, intervenciones con psicología dependiendo del proceso del menor de edad.

No sería el único escándalo

Tras la llegada de la directora del ICBF, Lina Arbeláez, a Valledupar, los 70 niños que se encontraban bajo custodia de esta fundación fueron reubicados.

Al parecer las cosas en Fundinaj olían mal desde hace rato, pero quienes supervisan estos operadores no habían logrado percibirlo. Se conoció que el proceso de contratación para los profesionales que prestaban sus servicios, estaba desorganizado, al punto que hoy muchos que tuvieron que ver cómo las puertas de la fundación fueron cerradas, quedaron viendo lejos, toda vez que venían ejerciendo sus funciones, pero a la fecha no habían logrado firmar su proceso contractual, a lo que se le suma la supuesta pérdida de los que sí estaban ya firmados.

Pese a todo esto, parece ser que la Fundación, manejaba una fachada de idónea, así lo deja entrever los antecedentes contractuales en los que se evidencia relación con los gobiernos del exgobernador Franco Ovalle y ex alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.

¿En qué va el proceso?

El ICBF y la Fiscalía General de la Nación intervinieron a Fundinaj, tras la denuncia de una menor de edad por presunto abuso sexual.

Las ordenes de capturas se hicieron efectivas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) contra estas tres personas, las cuales fueron presentadas ante un juez con funciones de control de garantías.  En medio de las investigaciones se ha encontrado que existen más víctimas de los vejámenes, pues el material probatorio y los testimonios recopilados indicarían que los procesados al parecer sacaban a algunas niñas del hogar de paso para inducirlas, mediante videos pornográficos, a prácticas sexuales y a sostener encuentros íntimos con ellos.

“Ahí estaba el señor Lenín, ese señor me decía que tuviera confianza en él. Intenté comunicarme con mi defensora y nunca me dejaron llamarla, en esa Fundación todos los trabajadores saben lo que está sucediendo”, es otro testimonio que se suma al de la primera menor.

Cabe resaltar que, ante toda esta situación, La Calle no pudo entablar comunicación con el director regional del ICBF, Gabriel Castillo, toda vez que dicho caso está siendo manejado desde la sede nacional en cabeza de la directora Lina Arbeláez.

 

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