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La pérdida del Cerro Hurtado es la crónica de una muerte anunciada

Mucha suspicacia hay alrededor de la intervención del Cerro Hurtado, más conocido como Cicolac; la polémica en la que hoy participan ambientalistas, periodistas, y comunidad en general con los dueños de los 33 lotes que integran este ‘pulmón vegetal´ de la ciudad tiene un trasfondo que muchos conocen, pero pocos se atreven a decir. Lo cierto es que esto, lo que habría sido un negocio redondo en el que participaron 13 concejales confabulados con el exalcalde Fredys Socarrás en el año 2015, pica y se extiende. Todos los sabían, pero se hicieron los de la oreja sorda y hoy se viven las consecuencias.

Así empieza la historia

En busca de los antecedentes y el por qué hoy este cerro ya está siendo intervenido sin problema alguno, La Calle conoció que lo que hace más de 13 años fue la crónica de una muerte anunciada hoy es una realidad de la que solo gozarán 33 familias que integrarán lo que será un nuevo sector residencial de la ciudad. Todo empieza en el año 2007, cuando el señor José Guillermo ‘Pepe’ Castro, dueño de estas tierras, solicitó un proyecto de urbanización y lotificación de ese sector que se llama Santa Rosalía, ubicado detrás del colegio La Sagrada Familia, logrando que dicho proyecto fuera aprobado.

Con 13 votos positivos y con un evidente arreglo entre los concejales y el alcalde de la época, Fredys Socarrás,
se aprobó la modificación del POT que hoy da vía libre a la intervención del cerro Hurtado.

Los nietos de ´Don Pepe´ que se dieron la pela

En medio de secretos y, lo que parece ser un arreglo por debajo de la mesa, se dio la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial – POT, con el que para esa época se denunció se habría buscado beneficiar al exalcalde, familiares y amigos de los ex corporados de la ciudad. Dentro de las fotos que reposan en el archivo de este medio de comunicación se evidencia como el ex concejal de la ciudad y nieto de Pepe Castro, José Guillermo Yamín Castro, lideró la bancada de la coalición a favor de las modificaciones del POT. Grupo en el que también hacía parte el hoy alcalde Mello Castro González.

Según se conoció, ‘la pela’ que se dieron en el 2015 con el Plan de Ordenamiento Territorial los 13 concejales que respaldaban la administración del exalcalde Fredys Socarrás, entre esos los herederos de ‘Pepe’ Castro surgió a raíz del acuerdo de 1996 por el Concejo de Valledupar que declara el cerro como reserva ambiental, lo que ha generado enfrentamiento en cuanto a la legalidad de la construcción de viviendas en este sector de la ciudad.

Lo cierto es que el negocio que tenía la familia Castro con la venta de estos lotes para viviendas se veía truncado por ser un área protegida, por lo que los herederos tuvieron que pelear con uñas y dientes para que a través de la modificación del POT se lograra la intervención de este. En el artículo 11 del POT se señala las áreas de especial importancia ecosistémica, en el parágrafo 4 aparecen el cerro Hurtado y el cerro La Popa, sin embargo, líneas más abajo el documento señala que en este ecosistema se pueden realizar construcciones en el piedemonte hasta alcanzar 30 metros de profundidad.

La solución la tiene el alcalde

La solución a esta situación que se vislumbraba desde el 2015 la dejó pasar el exmandatario Fredys Socarrás, quien según explican conocedores del tema, pudo anticiparse a lo que hoy enfrenta el municipio siete años después. Lo paradójico del caso es que la bolita la terminó teniendo el exconcejal y hoy primera autoridad de Valledupar, Mello Castro González, quien como alcalde actual deberá dar una solución, que no es diferente a la que tuvo el exmandatario Socarrás Reales.

Rubén Darío Carrillo

“Cuando un municipio declara utilidad pública algo, por el bien general que prima sobre el particular, se debe entrar a evaluar el bien inmueble y comprarlo, en este caso debieron haberlo hecho. Fallaron en la formulación del POT, porque los dueños de los lotes tienen su propiedad de manera legal”, dijo el arquitecto y ambientalista, Rubén Darío Carrillo.

Quien además manifestó que con la formulación del POT aparece un Fondo de Espacio Público, a través del cual el hoy mandatario Mello Castro podría terminar con la inconformidad del pueblo vallenato por lo que sería el final de este pulmón vegetal. “Este fondo se capitaliza con los impuestos de carga urbanística por parte de los constructores, entonces siendo el cerro un área protegida y de espacio público, es posible entrar a comprar esos lotes mediando con el proceso de avalúo. No hay otra solución”, aseveró Rubén Darío Carrillo.

Por otro lado, el papel que jugó la Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar, en el 2015 también fue nula, la cual pretende resarcir con visitas después que se alborotó el avispero. “Corpocesar pudo tener su falla, porque el consultor tan pronto termina el POT, lo llevan a la corporación para que le dé la revisión desde la óptica ambiental y era evidente que parte de esos lotes estaban en la parte de atrás del cerro así que para una persona con un conocimiento mínimo de la parte ambiental y territorial debió haber visto lo que hoy se avecina y buscar un mecanismo para que se compraran estos lotes para que el cerro no fuera impactado negativamente”, acotó Carrillo.

¿Qué dice Corpocesar?

Liliana Cadena

Tras la polémica que se desató por la intervención de uno de los dueños de lotes ubicados en el cerro, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, realizó proceso inspección en la que se encontró que se estaba realizando una adecuación del terreno y que cuentan con un trámite de licencia de construcción; sin embargo, dieron paso a una indagación preliminar para verificar si existe o no violación a la normativa ambiental. “Lo que hizo el ingeniero fue tomar la georreferenciación e implantarlas en el POT del municipio para verificar si estaba dentro de la ampliación del 2015 o no, efectivamente esa área está dentro de este y el suelo es área de uso residencial, por lo que la corporación no tiene competencia para accionar sobre esas personas”, dijo Liliana Cadena, jefe de la oficina jurídica de Corpocesar.

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