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LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, LA LEGISLACIÓN Y LA REALIDAD

La ciudadanía y algunos ilustres juristas con frecuencia cuestionan la inoperancia de nuestra bien ponderada legislación. El comparativo entre nuestra extensa Constitución con la simplificada de los norteamericanos, nos permite afirmar que el problema no es la ley si no nuestra gran capacidad para hacerle el saque e incumplirla, o peor aún, la incapacidad de nuestras instituciones para obligar su cumplimiento.

Según Medicina Legal, a principios de junio, 315 mujeres habían sido asesinadas, 16.473 fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 6.400 denunciaron delitos sexuales. De estos, hasta abril 171/80 sucedieron en Valledupar. El editorial de El Tiempo del 18 de junio concluye: “las mujeres colombianas siguen siendo asesinadas, acosadas, violentadas y aterrorizadas.” Como muchos conocemos mujeres que en algún momento podrían terminar alimentando estas cifras, una senadora radicó un decreto de cadena perpetua. Recuerdo un vecino agresor que le daba unas tundas tan feas a su niña que nos hacía llorar, por llamar a las autoridades los únicos afectados fuimos los “sapos” que nos metimos en lo que NO nos incumbía.

Insisto, ¿De qué sirve aumentar las penas si la impunidad sigue siendo la norma?, ¿ayudó la Ley Rosa Elvira a disminuir las violaciones?

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En Colombia, la cifra de niñas violados durante la pandemia casi alcanza los dos mil (1922 reportados ¿cuántos desconocidos?). Como si eso no fuera suficiente, otro reporte, 6 de junio, dice que en promedio cada dos días muere un niño menor de 5 años por desnutrición, otra forma de violencia, estatal en gran medida.

Múltiples historias de amigos, de otros, pueden seguir engrosando este artículo y con toda seguridad hay un compendio de muy bien redactadas leyes, decretos o estatutos que buscan prevenir o muy especialmente castigarlas severamente. ¿De qué nos sirven?, ¿cómo les quitan el dolor a las familias que a tiempo han buscado apoyo en el sistema, en las instituciones para evitar que se dieran? La terquedad de muchos insiste en que se requiere una cultura preventiva, una mejor educación y ante todo una sociedad fortalecida que rodee a la víctima e imponga por lo menos una sanción social al victimario, pero la terca realidad es otra. Mientras sacamos el tuit sancionatorio, o posteamos en redes nuestra indignación, en muchos casos esa sanción social al perpetrador amigo no existe. Empezamos por celebrar al niño que usa un lenguaje poco respetuoso, lo viralizamos, lo volvemos chiste familiar, le aceptamos al vecino abusador el trago que precede a su intoxicación, que luego se transforma en golpes a la mujer o hijos, y al amigo que se roba los recursos que debían llegar a programas preventivos o al sistema judicial, le agradecemos, casi que rogamos, la invitación a la superparranda y a los espacios lujosos pagados con esos dineros.

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A TODOS nos corresponde presionar socialmente para que los encargados eviten que la ley sea letra muerta. Cerramos la semana local con un #Pueblobellaco que se creía intocable, preso por violencia intrafamiliar y siete violadores enfrentando a la justicia, aunque deba mejorarse la imputación, ambos casos prueban que como colectivo social tenemos el poder para presionar y ayudar a que las leyes sean cumplidas por aquellos que se sienten superiores o intocables por la justicia.

Por: Cenaida R. Alvis Barranco

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