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‘Las perlas’ que adornan la relación de Radiam con Emdupar

Desde diciembre de 2017 la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar), contrató por seis años a la firma Radian Colombia S.A.S con el fin de recuperarse económicamente a raíz de la crisis que, supuestamente, venía presentando la empresa. Esta relación comercial levantó ampolla dentro de la opinión pública por las aparentes irregularidades que se han dado en el proceso, y hoy, cuando han pasado más de dos años, hay una larga historia que contar.

Con el fin de implementar políticas comerciales orientadas a mejorar su estado económico y prestar un mejor servicio a los usuarios, Emdupar contrató por seis años la firma Radiam Colombia S.A.S; sin embargo, esto ya se venía cocinando desde tiempo atrás y ‘corría por el correo de las brujas’, lo que desde el inicio alertaba a la comunidad de una posible maniobra que en vez de fortalecer a la empresa económicamente, terminaría de desangrarla.

Un contrato con aparentes irregularidades, un jurídico que se ‘comió varios sapos’ y una denuncia instaurada en la Fiscalía 12 de Valledupar, son algunas de las perlas que conoció este medio de comunicación alrededor de esta relación de la que van cuatro años y ya ha dejado estragos en la comunidad vallenata.

¿Un contrato ilegal?

Con diversas irregularidades, Emdupar firmó un contrato por seis años con Radiam, lo que ha terminado afectando el bolsillo de los valduparenses.

La historia inicia en mayo de 2017, cuando se le solicita al gerente de le época, José María Gutiérrez Baute, que busque un colaborador empresarial porque la empresa presentaba deficiencia en el área comercial, acatando dicha recomendación, este solicita la disponibilidad presupuestal por más de 289 millones de pesos. Posterior a esto, en el mes de julio se realizó una junta directiva extraordinaria para debatir dicha contratación, en la que el asesor jurídico, Nicomedes Vásquez, llevaba conceptos claros para cada punto del orden del día. Cabe anotar que antes de cocinarse este negocio, la empresa en el mes de junio modificó los precios de los servicios que presta en el municipio, aumentándolos significativamente, lo que deja entrever las intenciones que traían los dueños del asunto.

Lo curioso de esto es que la Junta Directiva dio vía libre a esta contratación sin que se hubieran hecho los estudios previos de la misma, pero tres días después aparecieron como por arte de magia, pero eso no habría sido todo, según conoció este medio de comunicación a través de una denuncia pública que realizó Gabriel Campillo, en esta contratación que se dio por un término de seis años, se violaron varios principios.

En los documentos se evidencia claramente que la disponibilidad presupuestal tenía fecha de vencimiento el 23 de agosto de 2017, pero el contrato fue suscrito el mes siguiente, es decir cuando se firmó no tenía soporte presupuestal.

Otra de las perlas que están en evidencia en el contrato es que inició sin ningún tipo de garantías, toda vez que la responsabilidad civil extracontractual que representa la calidad de los servicios y los bienes fue hasta septiembre de año 2019. Es decir, si hoy ocurre algo con dicha empresa, no habría a quién hacerle reclamo alguno.

Y, por último, y más preocupante de todos, es la violación a la Ley 819 de 2003 en el artículo 12 de vigencias futuras ordinarias, toda vez que pasó de una administración a otra.

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