El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se encuentra en el ojo del huracán disciplinario. Sus recientes declaraciones a medios, en las que no solo expresó simpatía por ciertas causas políticas sino que también opinó sobre precandidatos presidenciales, han motivado una solicitud de investigación ante la Procuraduría.
La denuncia fue interpuesta por el equipo legal del precandidato Abelardo de la Espriella, quien argumenta que el ministro ha incurrido en una participación política incompatible con la alta investidura que ostenta.
El meollo del debate radica en el deber de neutralidad inherente a la función pública, especialmente en un cargo tan sensible como el de Ministro de Justicia. La solicitud de investigación enfatiza que:
«Colombia necesita ministros que garanticen la imparcialidad del Estado, no voceros de campaña. El principio de neutralidad no es un adorno de la ley; es una garantía para todos los ciudadanos de que la justicia no será usada con fines políticos.»
En otras palabras, se acusa a Montealegre de usar su posición para incidir en el debate electoral y favorecer agendas ideológicas, desdibujando la necesaria división entre el aparato estatal y la contienda política.
La situación se tornó más personal y explosiva debido a las descalificaciones que Montealegre dirigió al denunciante. En sus declaraciones, el ministro se refirió al precandidato De la Espriella como un «abogado de la mafia» y lo tachó de «caricaturesco».