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Otros apuntes electorales

Por: Francisco Cuello Duarte

Precisando un poco más sobre algunas inhabilidades que puedan darse en los candidatos al Congreso de la República, referente al personal diplomático como embajadores y cónsules, hay que anotar si bien son funcionarios con autoridad administrativa, la totalidad del personal que está a su cargo en las embajadas son de carrera diplomática y designados por concurso desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. En consecuencia, no es aplicable el artículo 179 numeral primero de la Constitución Política, cuyo texto señala: “No podrán ser congresistas: Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección”.

Esta posición la refuerza el Consejo de Estado, en pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en sentencia de octubre 1 de 1992, consejero ponente, Dr. Jaime Betancur Cuartas, que dijo que la autoridad que ejercen los embajadores sobre los subordinados no es suficiente para calificarlo como autoridad administrativa o civil, pues esta se ejerce solamente sobre sus empleados directos en dicha embajada, no sobre el elector de un territorio en particular y mucho menos de un Departamento cuando se trate de un candidato a la Cámara de Representantes.

Otro tema que se debe tener en cuenta es la cuota de género a que hace referencia el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, cuyo texto dice: “Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”.

Ahora bien, existe un proyecto de reforma política que cursa actualmente en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes para aumentar esa cuota femenina al 50%, cuyo incumplimiento daría pie a una causal de revocatoria de la inscripción de la lista o su posterior demanda de nulidad electoral indicadas en el artículo 275.5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

 

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