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PANDEMIA POLÍTICA

Por: Francisco Cuello Duarte

Los tres entes de control del Estado, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, son tres entidades de carácter político, por la forma y los medios cómo llegan esos funcionarios a esas entidades.

El Contralor lo elige el Congreso de la República en pleno, el Fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República y el Procurador lo elige el Senado de la República de una terna que presenta el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

A su vez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado son elegidos por estas mismas corporaciones de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura tiene dos Salas: una administrativa, integrada por 6 magistrados, elegidos, dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado; y la sala jurisdiccional disciplinaria, integrada por siete magistrados que son elegidos por el Congreso de la República de unas ternas enviadas por el Presidente de la República. Es decir, se trata de una misma familia política que se casan entre ellos, y que se cuidan, como los bomberos, de no pisarse la manguera.

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La Contraloría tiene en la mira al Ministerio de Defensa y a la Armada Nacional por sobrecostos en la compra de elementos de protección de bioseguridad y por tapabocas. La Fiscalía investiga al Ministerio de Agricultura y a Finagro por la asignación de recursos millonarios para el campo colombiano que fueron a parar en manos de grandes empresarios rurales, y la Procuraduría tiene abiertas más de 1000 investigaciones contra gobernadores y alcaldes, por sobrecostos en la adquisición de kits alimentarios con destino a familias vulnerables.

Hasta ahora el único funcionario sancionado es el gobernador de Chocó suspendido por el Procurador General de la Nación, región que tiene poco peso político en este panorama nacional, y la investigación a la alcaldesa de Bogotá, por parte de la Fiscalía por un delito que no existe en nuestro Código Penal.

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Vale aclarar que estos tres altos funcionarios del Estado en materia de control y vigilancia contra la corrupción, son presidenciables, que desde ahora están tejiendo su telaraña cuyos hilos les permita coronar su aspiración.

 

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