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PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Por MANUEL GUILLERMO CUELLO BAUTE.

Con ocasión de mi columna pasada he venido recibiendo múltiples consultas e inquietudes de empresarios, comerciantes, agricultores, ganaderos, clientes y colegas  frente a aspectos novedosos del decreto ley 560 del 15 de abril de 2020, uno de los cuales precisaré ahora frente a EL PROCEDIMIENTO A ADELANTARSE EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO, tema de la mayor importancia en Valledupar y la cuenca del río Cesar dada la trascendencia que tiene aquí la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR, a través de su CENTRO DE CONCILIACIÓN E INSOLVENCIAS. Reiteramos que frente a la crisis económica que venían padeciendo las sociedades mercantiles, personas naturales de carácter mercantil y personas naturales no comerciantes, ya contaban con herramientas legales, como son la Ley 1116 de 2006 de REORGANIZACION EMPRESARIAL y la Ley 1564 de 2012, título 4 de INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE y ahora el precitado DECRETO LEY 560 DE 2020 con LA INSOLVENCIA DE EMERGENCIA ECONÓMICA. Debo resaltar todos vigentes.

Le recuerdo al lector que en la CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR desde el momento en que fue autorizada para tal fin, con corte al 31 de diciembre de 2019, habíamos logrado tramitar 68 procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, y hasta antes de la cuarentena en lo que iba corrido de este año 7 más.

Las Cámaras de Comercio con jurisdicción territorial en el domicilio del deudor a través de su Centro de Conciliación o directamente, a través de mediación y con la participación de un mediador de la lista que elabore para el efecto, podrá adelantar procedimientos de recuperación de emergencia para su posterior validación judicial, respecto de los deudores sujetos al régimen de insolvencia previsto en la ley 1116 de 2006 y las personas excluidas del régimen de insolvencia relacionadas en el artículo 3 del mismo régimen, siempre que no estén sujetas de manera obligatoria a un régimen especial de recuperación de negocios o no cuenten con especial régimen de recuperación. Siendo esto así, los deudores que adopten esta vía se adhieren al reglamento que para el efecto señale La Cámara de Comercio.

El OPERADOR DE LA INSOLVENCIA Y EL MEDIADOR quedan facultados según el caso, para examinar la información contable y financiera del deudor, verificar la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto y la propuesta de acuerdo de pago presentado por el deudor y queda legalmente investido de la función para dar fe pública acerca del acuerdo celebrado y de quienes lo suscribieron.

El procedimiento estará regulado por el reglamento expedido por la Cámara de Comercio, la cual deberá adoptar el reglamento único conforme lo establezca la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades.

El procedimiento tendrá una duración máxima de tres (3) meses, contados a partir de la comunicación de inicio y tendrá los efectos previstos en el artículo 17 de la ley 1116 de 2006. El inicio del procedimiento suspenderá los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías respecto de todos los acreedores.

Una vez culminada la mediación con la celebración del acuerdo, este podrá ser presentado a una validación ante el juez del concurso o ante los jueces civiles del circuito en el caso de los sujetos de que trata el artículo 3 de la ley 1116 de 2006.

Esta herramienta está disponible para todos los deudores no excluidos del régimen de insolvencia sean competencia de la Superintendencia de Sociedades o del Juez Civil del Circuito o que no estén sujetos a un régimen especial de reorganización o que no tengan un régimen de reorganización.

La validación judicial tendrá por objeto extender los efectos del acuerdo celebrado y decidir acerca de las objeciones y observaciones de los acreedores que votaron negativamente o se abstuvieron de participar en la mediación.

El gobierno nacional reglamentara la materia a efectos de establecer un trámite expedito de validación, según la competencia, con el propósito de verificar la legalidad del acuerdo y que sea de obligatorio cumplimiento para todos los acreedores incluyendo los ausentes y disidentes.

Las objeciones u observaciones que se presenten podrán ser sometidas a cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

En caso de acordarse un compromiso por todas las partes, las controversias u objeciones serán resueltas por un árbitro único siguiendo el procedimiento establecido para el juez del concurso. Para designar al árbitro y fijar su tarifa se aplicarán las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje que este pactado. Si no se logra celebrar un acuerdo o no se valida, el deudor podrá acudir al procedimiento de reorganización ordinario.

La Cámara de Comercio de Valledupar, que ha venido cumpliendo con creces el mandato de la Ley 1564 de 2012 (insolvencias), tiene en esta nueva norma, el reto de ofrecer en un entorno reglado la alternativa para que acreedores y deudor puedan resolver sus controversias y lograr una negociación de sus acreencias.

En próximo documento explicaré los mecanismos financieros, alivios tributarios y mecanismos de salvamento a los que puede acceder el deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización.

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