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Quien dice lo que no debe…

En la rueda de prensa ofrecida por el gobernador Luis Monsalvo para aclarar sus actuaciones contractuales en el marco de la emergencia sanitaria, el gobernador hizo su mayor esfuerzo por tratar de darle tranquilidad a los cesarenses reiterando en varias formas que tiene certeza de haber actuado con transparencia. Pero contrario a dar las razones que fundamenten tal afirmación, como por ejemplo:  indicar los criterios de selección de los contratistas o defender la idoneidad de los mismos, aclarar la estructura de costos de los contratos, hablar de los mecanismos de supervisión que garantizan que los más de 139mil mercados efectivamente llegaron en condiciones de calidad y cantidad a las familias más vulnerables, el gobernador optó por atacar a quien  él considera lo ataca, fundamentado en que “quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere”

Que desafortunada expresión de retaliación de un gobernante que pareciera no comprender que ejerce sus funciones dentro de un Estado constitucional  que descansa sobre la idea del control y la limitación del poder en todos sus niveles.

Cuando el gobernador, confunde con actos de corrupción el ejercicio constitucional de control político, de manera directa ataca uno de los fundamentos más importantes del sistema de pesos y contrapesos. Las corporaciones públicas, el congreso, y las asambleas, son el contrapeso legítimo del ejecutivo, están allí para garantizar que el ejercicio del poder y la administración pública se ejerzan de manera transparente, ajustada a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

Pero además, cuando el gobernador confunde con ataque personal, el ejercio de control social ejercido por la prensa independiente y arremete contra un periodista, en este caso al periodista Andrés Molina, de Radio Guatapurí, el gobernador desconoce otro de los sistemas de control constitucional: el control social, el cual es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El ejercicio de los medios de comunicación, permite que exista permanente interacción entre la ciudadanía y las instituciones y se convierte en un proceso fundamental en la lucha contra la corrupción

Y por último, desestima el valor de control jurisdiccional, ejercido por los órganos de control procuraduría general, contraloría general y fiscalía general. Los desestima al desconocer que más allá de simplemente anunciar investigaciones, las primeras pesquisas de los órganos de control llevaron al Procurador general de la Nación a calificar de “caso bastante complejo” al caso del Cesar  y de la contraloría de asumir control preferente, así como intervenir 3 de los 41 contratos suscritos en el marco de la emergencia, lo que da cuenta de que han encontrado méritos en las denuncias que usted califica como actos de politiquería y corrupción. Desconcerlo sería tácitamente insinuar que son corruptos los órganos de control, o por actuar sin suficiente fundamento o por ser partícipes de un juego politiquero. Nada más grave que eso.

Entonces la invitación es a no confundir los sistemas de control democrático y constitucional, con ataques personales. La invitación es a recibir la crítica con beneficio de inventario, y a verdaderamente rendirle cuentas al Cesar.

Por: Claudia Margarita Zuleta, diputada del departamento del Cesar.

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