Con un comunicado mal redactado en Twitter, el corporado Jorge Luis Arzuaga tomó la vocería de los doce concejales que hoy están en coalición, maltrecha por ciento, para salir a defender lo indefendible, según él, este medio de comunicación faltaba a la verdad cuando manifestó que a los concejales de Valledupar les habrían dado 100 millones de pesos para pasar por alto el debate sobre trasporte escolar y que poníamos en peligro su integridad cuando hacíamos ese tipo de publicaciones. Pues bien concejal, no hay nada oculto entre cielo y tierra y lo que comenzó como un rumor de pasillo se convirtió en una verdad esbozada por este medio a través de una fuente de entero crédito que desenmarañó el entramado que usted y tres concejales más, incluyendo el presidente de esa corporación Luis Fernando Quintero, armaron no solo hacer el negocio de los 100 millones sino que además le dieron en la cabeza a 8 de los 12 concejales de su coalición, lo que habría generado una confrontación entre el presidente del Concejo con el exconcejal Carlos Daza por defender los intereses de su hermano Jorge Daza a quien ustedes (JORGE LUIS, LUIFER Y SU COMBO) lo habrían dejado por fuera de la torta.
Del negocio de los 100 millones se han desprendido muchas cosas que el Concejo de Valledupar quiere ocultar, por ejemplo, que el contratista al que le otorgarían el transporte escolar este año sería de Cartagena, esto por orden del dueño de la jáquima de los concejales Jorge Luis Arzuaga, Luifer Quintero y su combo; sin embargo, algo salió mal. Después de dicho impasse, y cuando ya estaba lista la licitación del trasporte escolar para que se quedara en manos de un familiar de la secretaria General de la alcaldía apellido Arzuaga con un 50% y que relacionan también con el concejal Jorge Luis, y el otro 50% para un personaje de apellido Zequeda, quien sería familiar de un exempleado de Emdupar y hoy asesor del actual alcalde, pero un error en el proceso de licitación dejó al descubierto unas irregularidades que fueron aprovechadas por Rey Carvajal, a quien iban a dejar por fuera del pastel pero en últimas les tocó meterlo para no tener que echar para atrás la licitación, es decir que el parentesco familiar de dos de los consorciados podría evidenciar un evidente ‘yo con yo’ en el contrato de trasporte escolar con el beneplácito de la mesa directiva del concejo, ¡CREO QUE ESO JORGE LUIS ARZUAGA Y LUIFER QUIENTERO NO LO VIERON!
Los ojos de estos dos concejales, o de la mesa directiva de la corporación, no estaban puestos en realizar el debate para analizar por qué la demora en la contratación del trasporte escolar que beneficia a miles de niños, sobre todo en los corregimientos, sino en la plata que había detrás del contrato. Una fuente de entero crédito le dijo a este medio de comunicación que sí fueron 100 millones de pesos los que les dieron a los concejales y que habría sido uno de los tres consorciados el que se los habría mandado, y que primero fueron cincuenta millones pero los concejales voceros del negocio se mostraron rebeldes y les tocó hacer el segundo desembolso de 50 millones de pesos más, y fue así como se destrabó el negocio, afirmó la fuente que fue uno de la mesa el encargado de recepcionar el dinero y hacer la respetiva distribución, que al parecer, no llegó a manos de los 12 de la coalición sino solamente a cuatro de ellos.
Después de este episodio que deja ver el precio de la mesa directiva del Concejo de Valledupar, han salido a hablar de rupturas internas de la coalición debido a que el burgomaestre de la ciudad no les habría cumplido ni con los recursos prometidos ni mucho menos con las cuotas burocráticas de rigor, al parecer, los únicos concejales felices son Luifer Quintero y Jorge Luis Arzuaga, el primero por ser hijo del representante ‘Chichí’ Quintero y eso ha hecho que el alcalde le esté cumpliendo, y el segundo porque vuela con las turbinas apagadas, al punto que se rumora en los pasillos de la Corporación que se cree el presidente por haber influenciado en la escogencia de la actual contralora municipal. No obstante, la mesa directiva estaría repitiendo historia, pues mantener en el cargo a la secretaria general después de haber cumplido su periodo constitucional sin haber abierto un concurso para realizar la nueva elección los tendría en el ojo del huracán, pues de comprobarse dicha irregularidad habría vicios en la elección de la contralora, el personero y todos los actos en los que ella ha participado.