Una familia sin ley se enfrenta a los campesinos en El Paso

Por años, los campesinos y pescadores de la cabecera municipal de El Paso han tenido que sufrir por las acciones que han tomado los propietarios de una finca arrocera de la zona, quienes parecen no tener Dios ni ley, pues hacen lo que quieran sin que las autoridades tomen las medidas para parar lo que se ha convertido en un atropello para la comunidad.

Los afectados llevan ocho años denunciando distintos actos que atentan contra sus derechos, sin que haya una solución. Por el contrario, la situación parece empeorar pues ya no tienen como pasar hasta los playones.

Samuel Soto Mendoza

El concejal Samuel Soto Mendoza, en nombre de los afectados, denunció que en la cabecera municipal de El Paso, en la vía que conducen a los playones de Media Luna, existe un punto que se llama El Playoncito, que era la vía que utilizaron todas las personas que tienen sus tierras en la zona para pasar en época de verano transportando sus animales de manera tranquila hacia los playones; pero que posteriormente con la venta de la Finca La Hamaca, que hoy se llama Villa Olga, propiedad de Albeiro Blanco Angulo quien a través de un negocio con los hermanos Ochoa Daza, para permitirles echar el agua de las arroceras a ese punto, ocasionando ahora que el lugar permanezca con agua tanto en invierno como en verano, y por allí no puede pasar ninguna clase de animales.

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“Con esto se elimina totalmente el paso de pescadores, cazadores y campesinos que ahora se ven obligados a pasar por unos predios privados de propiedad de William Mendoza Mieles, lo que está ocasionando problemas, porque obviamente por ser propiedad privada él manifiesta su inconformidad por el tránsito permanente de personas por su finca”, expresó.

Los afectados han manifestado que toda persona que se dedique a la siembra de arroz debe buscar la salida sana de las aguas, que no perjudiquen a la comunidad. “Ellos tenían que buscarla porque tienen un banco de maquinaria con lo que lo pueden hacer sin perjudicar a la comunidad”, dice uno de los afectado, quien prefirió ocultar su identidad.

Esta zona es considerada la despensa agrícola de la cabecera municipal y si los dejan sin paso se verían gravemente perjudicados.

Por tal motivo, el concejal Soto ha pedido que sea la administración municipal, en conjunto con la Inspección Central de Policía, el Ministerio Público en este caso la Personería Municipal los que deben entrar a solucionar este problema.

“Este es un camino real que viene prestando un servicio por más de 100 años, ¿por qué permitir que estos señores que no son de El Paso, dañen el paso de la comunidad?”, acotó el corporado.

Pero esta no es la única queja, ya que los hermanos Ochoa Daza también construyeron unas compuertas en la parte baja del río Ariguaní, que tiene enfrentados a campesinos y pescadores con los propietarios de la finca donde están ubicadas dichas estructuras.

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Al parecer, cuando cierran las compuertas estas impiden el flujo normal del agua que desciende dl afluente, el cual inunda los cultivos de patilla y afecta la pesca en la zona.

Según los denunciantes, esta situación se viene presentando desde hace ocho años y no ha habido apoyo por parte de las autoridades.

¿Qué se ha hecho?

Martín Campo

Marín Campo, secretario de Gobierno de El Paso dijo al Semanario La Calle que como administración han estado muy atentos a la situación que se viene presentando en contra de los campesinos del municipio en este sector.

“Tuve la oportunidad de ir al lugar donde el señor Víctor Eliécer Ochoa instaló un portón en un camino real, prohibiéndole el paso libre a los campesinos que toda la vida han transitado por ahí. Pero también con los cultivos de arroz hacen que todo el tiempo el paso permanezca con agua y los campesinos no pueden pasar. Otro tema es el de las compuertas que tiene la finca de los hermanos Ochoa Daza y lo que hemos hecho nosotros es llegar al lugar para tratar de persuadir a los propietarios de los terrenos a que habiliten el paso, pero no ha sido posible”, dijo el funcionario.

Queda claro que la administración de Hidalfo De la Cruz no ha hecho mayor cosa para solucionar el problema que hoy tienen los campesinos y por el contrario dicen que las medidas tienen que ser iniciativa de los mismos afectados.

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Por su parte el personero municipal, José Carlos Villegas, dijo que basado en las denuncias que han interpuesto los campesinos, ofició al Ministerio de Medio Ambiente para que manifestaran si estos señores tenían algún permiso, pero le respondieron que ellos no son los competentes para expedir dichos permisos, sino por el contrario le correspondería a Corpocesar.

“La solitud fue para saber si habían expedido permisos para la instalación de compuertas que interrumpieran la normal circulación de las aguas del río Ariguaní”, expresó el funcionario del Ministerio Público.

En la parte baja del río Ariguaní se construyeron las compuertas, con las que se interrumpe el flujo normal del afluente.

Sin embargo, Corpocesar manifiesta que ellos tienen conocimiento de la compuerta situada en el lugar, y que impide la libre circulación de las aguas, y dieron traslado a la solicitud, pero todo ha quedado ahí.

Semanario La Calle conoció que este proceso se inició desde que estaba Kaleb Villalobos al frente de la corporación, quien estuvo en el lugar, se tomó fotos y se comprometió con una solución, pero no pasó nada.

El Personero dio a conocer que la queja más frecuente es la de los pecadores, ya que las compuertas impiden la normal circulación de ellos por el río.

“Hace unas semanas vino una comisión de Corpocesar para atender otro tema y aproveche para hacer la queja nuevamente y dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, haciendo una inspección en cualquier momento”, acotó Villegas.