El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en La Guajira vuelve a estar en el ojo del huracán. Aunque la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en el año 2024 contra los exgobernadores encargados José Jaime Vega Vence y Diala Patricia Wilches Cortina, los hechos siguen sin resolverse. El proceso, que busca establecer responsabilidades por los retrasos y presuntas omisiones en la ejecución del PAE durante la vigencia 2023, permanece estancado.
Un programa con hambre de control
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) nació con el propósito de garantizar que los niños y niñas más vulnerables del país tuvieran acceso a una alimentación adecuada durante su jornada académica. Pero en La Guajira, uno de los departamentos más golpeados por la pobreza y la desnutrición infantil, el PAE se ha convertido en sinónimo de retrasos, irregularidades y promesas incumplidas.
En febrero de 2023, cuando los colegios públicos del departamento iniciaron clases, miles de estudiantes en los 12 municipios no certificados se encontraron con los comedores vacíos. No había alimentos, ni contratos firmados, ni claridad sobre quién debía responder. A pesar de que los recursos estaban previstos, la Gobernación no logró culminar a tiempo el trámite contractual.
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra José Jaime Vega Vence (gobernador encargado entre 2022 y 2023) y Diala Patricia Wilches Cortina (gobernadora encargada en 2023), por presuntamente omitir las gestiones necesarias para garantizar la planeación y ejecución oportuna del PAE. El proceso también involucra al exsecretario de Educación Departamental, Adaulfo Adolfo Manjarrez Mejía.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos, el expediente permanece en etapa de apertura. No hay formulación de cargos ni avances sustanciales. Fuentes cercanas al caso indican que la investigación está en manos de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal, pero no avanza por que han tenido movimientos internos.
“Parece que el expediente duerme en un cajón. Los niños pasaron hambre, pero los responsables siguen tranquilos”, asegura un abogado de Riohacha que pidió reserva de su nombre.
El caso del PAE en La Guajira no puede entenderse sin mirar los convenios firmados entre la Gobernación y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. En 2022, bajo el mandato de Nemesio Roys Garzón, se firmaron acuerdos por más de 42 mil millones de pesos con el PMA. Posteriormente, durante las administraciones de Vega Vence y Jairo Aguilar Deluque, se suscribieron nuevos convenios que suman más de $148 mil millones de pesos.
El problema, según expertos en contratación pública, es que estos convenios internacionales limitan el control fiscal. “Cuando se firman bajo el paraguas de la ONU, se escudan en los privilegios e inmunidades del organismo internacional. Eso significa que los contratos derivados no se publican en Secop II, y por tanto, no hay veeduría ciudadana efectiva”, explica el analista contractual Samuel Cuadrado.
“La gobernación encontró en el PMA una forma elegante de evitar la licitación. Todo queda entre los mismos operadores recomendados”, denunció una fuente cercana al proceso de contratación del PAE.
El limbo procesal: una investigación que no camina
Los documentos de la Procuraduría muestran que el caso está en fase de ‘apertura de investigación’, sin que se hayan formulado cargos. Un funcionario del Ministerio Público, que habló bajo condición de anonimato, reconoció que existen demoras en la recolección de pruebas y solicitudes de expedientes a otras entidades. “Cada vez que cambia el delegado, el expediente se revisa de nuevo y todo vuelve a empezar”, afirmó.
Esta parálisis no sólo impide sancionar a los responsables, sino que perpetúa un círculo vicioso de impunidad. Los mismos errores se repiten año tras año: falta de planeación, demoras en los contratos y niños que asisten a clases sin recibir alimento.
“Mi hijo estudia en Manaure y muchas veces solo lleva agua. Nos dijeron que el PAE llegaría en marzo, luego en abril, y nada. Aquí los niños están flacos, pero el gobierno dice que todo está bien”, lamenta una madre de la etnia Wayúu.
En las zonas rurales de Maicao, Uribia y Manaure, los docentes se han convertido en testigos directos del impacto del PAE inconcluso. “Algunos niños dejan de venir cuando no hay comida. El desayuno escolar es lo único que los motiva muchas veces a asistir”, cuenta un etnoeducador de la Alta Guajira.
A pesar de las denuncias, la Gobernación, secretaría de educación departamental ha guardado silencio. Ni Vega Vence, ni Wilches, ni el actual gobernador Jairo Aguilar han respondido a los requerimientos del medio.
Según el Instituto Nacional de Salud, al menos 35 niños fallecieron en La Guajira durante 2024 por causas relacionadas con la desnutrición. El municipio de Uribia concentra el 40% de los casos de desnutrición aguda infantil, seguido por Riohacha y Maicao. Los informes de la Procuraduría confirman que, pese a los recursos multimillonarios, la crisis alimentaria persiste.
La omisión también es corrupción
La omisión de funciones, cuando se trata de la vida de los niños, es una forma de corrupción silenciosa. No hacer lo necesario, sabiendo lo que está en juego, también es un delito moral. Cada día que pasa sin una sanción ejemplar, se refuerza la idea de que en La Guajira la impunidad tiene más peso que la justicia.
El PAE no puede seguir siendo el botín de la ineficiencia. La Guajira necesita respuestas, control real y voluntad política para garantizar que la comida de los niños no se negocie ni se improvise. Cada día sin PAE es un día más de desigualdad, un día más de hambre.