El Tribunal Administrativo del Cesar le dio un duro revés a la Universidad Popular del Cesar (UPC), al declarar “no ajustada a derecho” la negativa de información que el claustro alegaba bajo presunta reserva frente a la administración del Hotel Mayales Plaza, bien entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La magistrada Doris Pinzón, en una sentencia categórica, precisó que la universidad no puede ampararse en la reserva total para ocultar decisiones propias de gestión ni el manejo de recursos públicos invertidos en ese inmueble. “La UPC debe rendir cuentas de su gestión, del manejo de los recursos públicos, no puede sin justificación alguna relevarse de los deberes que le asisten”, advirtió.
La togada fue enfática en que información como planta de personal, salarios, modalidades de ingreso, relación de ingresos y gastos, fuentes de financiación e incluso pagos de servicios públicos debe ser entregada al solicitante, el ciudadano Eduardo García, porque no compromete la confidencialidad de la SAE.
“Lo manejan como si fuera su propia finca”
Fuentes internas de la universidad, consultadas por La Calle, revelaron que las “inversiones significativas” realizadas en 2024 y 2025 en infraestructura, dotaciones y servicios del hotel no aparecen registradas ni en la página oficial ni en el SECOP. “Lo que sucede es que las personas a cargo están manejando este hotel como si fuera su propia finca”, denunció una fuente que pidió reserva de identidad.
El reclamo de Eduardo García
García, quien interpuso el recurso de insistencia, explicó que su interés es verificar si el hotel está cumpliendo funciones académicas reales en apoyo a la comunidad universitaria. “Elevé la petición a rectoría y me negaron la información con el argumento de una cláusula de reserva. El Tribunal ya me dio la razón, pero a la fecha la universidad sigue sin entregarme la documentación”, dijo.
¿Qué esconde la UPC?
El fallo deja claro que la UPC está obligada a rendir cuentas sobre el uso de recursos provenientes de Estampillas Nación, Plan de Fomento, PIC y Estampilla UPC, que habrían sido utilizados en el Hotel Mayales Plaza. Sin embargo, hasta ahora reina el silencio institucional.
La pregunta que queda en el aire es evidente: ¿por qué la UPC insiste en ‘bailar el indio’ con la información del hotel y actuar como si un bien público bajo su administración fuese una finca privada?