Lo que ocurre en Maicao con la administración del alcalde Miguel Felipe Aragón González no puede pasar inadvertido. La asignación de recursos desproporcionados a eventos culturales y deportivos, junto con la sombra de posibles conflictos de intereses, despierta legítimas inquietudes sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo del erario.
Los datos hablan por sí solos: de 120 millones de pesos en 2024 a 503 millones en 2025 para los Juegos Wayúu; y de 200 millones a 820 millones para el Festival Intercultural Vallenato de la Frontera. Aumentos de tal magnitud no encuentran justificación razonable, sobre todo en un municipio donde las necesidades básicas —agua, energía, educación— siguen sin resolverse para miles de familias.
Pero el problema no es solo la desproporción de los contratos. Lo más grave es que uno de ellos quedó en manos de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayúu Sumuywajat, una fundación con vínculos familiares directos con el propio alcalde. La madre del mandatario fue cofundadora de esa organización y el actual representante legal pertenece a su mismo clan matrilineal. Esa coincidencia no es un detalle menor: es un claro indicio de conflicto de intereses que exige la intervención inmediata de los entes de control.
No basta con que el alcalde guarde silencio o intente dilatar las respuestas. La sociedad maicaera tiene derecho a saber cómo y por qué se quintuplican los presupuestos de un año a otro. Gobernar no es un ejercicio privado; es un mandato público que obliga a actuar con prudencia, proporcionalidad y, sobre todo, con transparencia.
Hoy más que nunca, corresponde a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía abrir los ojos frente a esta situación. No se trata de negar la importancia cultural de los Juegos Wayúu o del Festival Vallenato; se trata de recordar que, en un municipio golpeado por la escasez de agua y las carencias estructurales, cada peso mal invertido es una afrenta a la dignidad de su gente.
Maicao necesita un alcalde que gobierne para todos, no un administrador que favorezca a su círculo familiar. Los recursos públicos son sagrados, y destinarlos a contratos inflados o con posibles conflictos de intereses es un irrespeto a la ciudadanía. La transparencia no es opcional: es la base misma de la democracia.