Alcalde de Maicao quiere entregar a terceros la sobretasa de gasolina
Luego de varias semanas de debate público, el Concejo Municipal de Maicao habría pasado en el primer debate el Proyecto de Acuerdo No. 024, mediante el cual se autoriza al alcalde Miguel Felipe Aragón para entregar a la Empresa de Economía Mixta EMDUMA S.A.S. la administración del 75% de los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina, por un período de veinte (20) años.
La sobretasa a la gasolina es uno de los principales ingresos propios de los municipios colombianos y tiene destinación específica: el mantenimiento y construcción de infraestructura vial. En Maicao, esta renta representa un recurso estratégico dada la precaria condición de sus vías. Al ceder el 75% de ese recaudo durante dos décadas, la decisión comprometería las finanzas del municipio hasta aproximadamente el año 2046, abarcando al menos cuatro periodos de gobierno subsiguientes.
El acuerdo se encuentra pendiente de la sanción del alcalde de Maicao para adquirir plena vigencia jurídica como acuerdo municipal.
El debate previo a la aprobación
Desde su radicación, el proyecto no pasó inadvertido. Durante su trámite en el Concejo se formularon observaciones de diversa índole. Ciudadanos, organizaciones cívicas y actores políticos presentaron análisis técnicos, derechos de petición y solicitudes de información relacionados con los siguientes aspectos; Como lo es la destinación legal de la sobretasa a la gasolina y su compatibilidad con el esquema de cesión contemplado en el acuerdo, el impacto fiscal que supondría comprometer el 75% de una renta pública durante veinte años consecutivos y la capacidad financiera de EMDUMA para asumir la administración de una renta pública de esta magnitud. Pese a las observaciones formuladas durante el trámite, la iniciativa habría pasado el primer debate por la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal.
La situación financiera de EMDUMA bajo la lupa
Uno de los elementos más debatidos fue el estado financiero de la propia empresa receptora de los recursos. En desarrollo del control ciudadano, se estudiaron los estados financieros de EMDUMA S.A.S., los cuales muestran, según lo reportado por quienes realizaron el seguimiento: Un patrimonio negativo superior a los 400 millones de pesos y pérdidas acumuladas cercanas a los 922 millones de pesos desde su constitución, en menos de dos años de operación.
Estos datos dieron lugar a cuestionamientos públicos sobre la conveniencia de confiar a esta empresa la administración de una de las principales rentas del municipio. Corresponderá a los organismos de control fiscal —en particular a la Contraloría Departamental de La Guajira— verificar y pronunciarse sobre la situación patrimonial de EMDUMA y los riesgos que ello implica para el erario municipal.
El Proyecto de Acuerdo No. 023 y las modificaciones tributarias
De manera paralela, también cursó en el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo No. 023, mediante el cual se buscaría modificar el Estatuto Tributario Municipal. Según lo que ha trascendido del debate público, sus disposiciones establecerían beneficios tributarios aplicables a empresas de economía mixta con características similares a las de EMDUMA —esto es, con participación pública mínima del 51%—.
De aprobarse esta reforma tributaria en los términos señalados, EMDUMA quedaría exonerada de los descuentos y retenciones que la ley ordinariamente establece para los contratistas del Estado. Esto significaría que el municipio no solo habría transferido el 75% de la sobretasa por 20 años, sino que también renunciaría a los recursos que normalmente ingresan al erario mediante las deducciones contractuales.
Este proyecto ha sido igualmente objeto de análisis por parte de distintos sectores ciudadanos, quienes han solicitado a los organismos de control que examinen su compatibilidad con el marco jurídico nacional.
Anuncio de demanda ante lo contencioso administrativo
La abogada maicaera Paola Johana Martínez Ortiz, quien realizó seguimiento jurídico al trámite del Acuerdo No. 024 desde su presentación, anunció que una vez el acuerdo sea sancionado por el alcalde, procederá a realizar un análisis integral del expediente administrativo con miras a evaluar la presentación de una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Seguido de Luis Manuel Mercado que es líder social y contador público quien le ha estado haciendo seguimiento a este estudio fiscal.
El objetivo de dicha acción jurídica sería solicitar el examen de la legalidad del acto administrativo y, de ser procedente, su suspensión provisional mientras se surte el proceso ante la jurisdicción correspondiente. La acción se fundamentaría, entre otros argumentos, en la presunta tensión del acuerdo con la Ley 1386 de 2010, norma que prohíbe a las entidades territoriales delegar la administración de sus tributos a terceros.
Adicionalmente, se informó que continuarán presentándose derechos de petición ante las autoridades municipales para obtener el expediente completo del Proyecto de Acuerdo No. 024, así como los documentos relacionados con el acuerdo mediante el cual fue creada EMDUMA S.A.S., con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
Control ciudadano y próximos pasos
Más allá de la discusión jurídica, el proceso vivido alrededor del Acuerdo No. 024 deja una reflexión sobre el papel del control ciudadano en las democracias locales. La presentación de derechos de petición, la participación en los debates del Concejo, el análisis de documentos públicos y el seguimiento jurídico independiente son mecanismos legítimos consagrados en la Constitución Política de Colombia para que la ciudadanía incida en las decisiones que afectan los recursos y el futuro de su territorio.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en la decisión que tome el alcalde frente a la sanción del acuerdo, en la respuesta de los organismos de control ante las solicitudes formuladas por la ciudadanía, y en el eventual ejercicio de acciones jurídicas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El municipio de Maicao, sus habitantes y sus instituciones estarán en el centro de una discusión que trasciende el debate político local: la de cómo se administran los recursos públicos, quién los controla y en qué condiciones puede un gobierno comprometer las rentas de las generaciones futuras.