En Emdupar el problema ya no es solamente el agua. Ahora también lo es el olor que empieza a dejar la contratación. Y en el centro de la nueva tormenta vuelve a aparecer el mismo tema que desde hace meses ronda los pasillos de la empresa y las conversaciones políticas de Valledupar: el multimillonario negocio del cloro y de los químicos para la potabilización del agua.

Lo que comenzó como rumores y cuestionamientos aislados terminó convirtiéndose en una cadena de advertencias oficiales, conceptos financieros negativos, alertas sindicales y hallazgos de control fiscal que hoy ponen bajo presión la gestión del agente especial interventor Eduardo Mesa Buitrago. Porque lo que está ocurriendo dentro de Emdupar ya dejó de parecer un simple proceso contractual. Empieza a parecer un choque frontal entre quienes quieren comprometer vigencias futuras multimillonarias… y quienes advierten que la empresa simplemente no tiene cómo resistirlo.
El detalle que explotó la polémica
El dato cayó como una bomba dentro de la discusión. Según reveló a La Calle el presidente del sindicato Sintraemsdes, de Emdupar, Fabián Arturo González Ochoa, en la historia de la empresa nunca se había entregado anticipo en el contrato del cloro. Hasta ahora. “Puedes incluir en la nota que en la historia de Emdupar el contrato del cloro nunca se había dado anticipo y en este contrato dieron un anticipo de mil trescientos millones, afectando la caja corriente de la empresa”, dijo el dirigente sindical a este medio.
La afirmación encendió todavía más las alarmas. Porque la discusión ya no es solamente el tamaño del contrato, ni el plazo de las vigencias futuras, ni los cuestionamientos sobre los proveedores. Ahora también aparece un elemento altamente sensible para cualquier entidad en crisis financiera: el manejo de la liquidez.
Y ahí es donde varios sectores empiezan a hacerse una pregunta incómoda: ¿cómo una empresa intervenida, precisamente, por problemas financieros termina entregando anticipos millonarios en contratos que históricamente no los requerían?
Los hallazgos que nadie pudo ocultar
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Los mismos del robo del Cloro, ¿contrataron con Emdupar?

El contratista vinculado fue Hlessing Industries S.A.S., representado legalmente por Juan Carlos Hernández Leasing. Según información conocida por La Calle, durante la ejecución contractual personal técnico de la planta habría advertido sobre insumos que no cumplían con los estándares y porcentajes establecidos, pero lo que más inquietud generó fue otra cosa: la reiterada aparición del mismo entorno contractual en distintos procesos dentro de la empresa.
También se señaló que el mismo contratista tendría participación en varios objetos contractuales dentro de la empresa, entre ellos suministro de cloro, ejecución del emisario final, suministro de equipos rotosonda y consultorías, lo que ha generado inquietud por la concentración contractual y el control en la supervisión. La proyección de esta nueva contratación a tres años, implicó el compromiso de vigencias futuras en una empresa intervenida, cuya situación financiera ha sido señalada como una de las causas estructurales de su crisis.
Sintraemsdes lanzó la advertencia
La situación escaló todavía más cuando Sintraemsdes envió un oficio al agente especial interventor Eduardo Andrés Mesa Buitrago, con copia a la Contraloría Municipal y a la Procuraduría Provincial de Valledupar. En el documento, los trabajadores dejaron una oposición formal a dos contratos incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II.
Uno corresponde al suministro de químicos para la potabilización del agua, por más de $12.252 millones. El otro, al mantenimiento y limpieza del alcantarillado mediante equipo hidrosuccionador, por más de $2.341 millones. En total: más de $14.593 millones comprometidos a 36 meses, Pero lo verdaderamente explosivo del documento no fue solamente la cifra. Fue el lenguaje.
“La presente comunicación constituye además advertencia formal previa al inicio de acciones ante los órganos de control, en razón a los riesgos jurídicos, fiscales y disciplinarios que se configuran”, señalaron los dirigentes sindicales. El sindicato recordó, además, que Emdupar fue intervenida desde marzo de 2023, precisamente, por suspensión de pagos y dificultades financieras. Por eso, consideran contradictorio que ahora se busque comprometer vigencias futuras multimillonarias.
El dato que disparó aún más la preocupación
Incluso, Sintraemsdes presentó cifras alarmantes: un margen operacional negativo de -2.4 %, una caída del EBITDA del 91.8 % y un múltiplo de deuda de 84.7. Pero hubo un dato que terminó de disparar la preocupación. Según el análisis sindical, la empresa tendría una caja operativa anual cercana a $610 millones, mientras los contratos proyectados representarían obligaciones anuales cercanas a $4.864 millones.
Es decir: casi ocho veces el flujo operativo anual de la empresa. “Se evidencia que la administración pretende comprometer el 796 % del flujo de caja operativo anual en un solo contrato”, advierte el oficio. Y, entonces, apareció otro documento todavía más delicado.
La bomba interna: Gestión Financiera recomienda no comprometer vigencias futuras
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La funcionaria advierte que sí existen alternativas menos riesgosas: contratos anuales, esquemas bianuales, compras escalonadas e inventarios de seguridad, pero el corazón del concepto está en el análisis financiero. Allí se concluye que durante las vigencias 2026, 2027 y 2028 el contrato absorbería entre el 65 % y el 75 % del presupuesto destinado a materiales y suministros del sistema de acueducto. Es decir: un solo contrato terminaría consumiendo prácticamente todo el margen operativo de ese rubro.
Yidris Fonseca advierte que esto podría generar “alta rigidez presupuestal”, limitar la capacidad de atender otras necesidades del sistema y comprometer la sostenibilidad operativa de la empresa. Además, el documento señala que el contrato supera el “límite prudencial del 50 %” de la capacidad financiera disponible derivada del flujo de caja institucional.
La conclusión de Financiera termina siendo demoledora
“Desde una perspectiva de prudencia financiera, planeación y sostenibilidad operativa del servicio, no resulta recomendable comprometer contractualmente a la entidad por un horizonte de cuatro años”, concluye el concepto. Traducido al lenguaje político y administrativo: la propia área financiera de Emdupar está recomendando no hacer el negocio en las condiciones planteadas. Y aun así, el proceso sigue caminando.
Los interventores cambian, pero la crisis sigue intacta
La intervención de Emdupar completa ya casi tres años. Primero estuvo Pablo Jaramillo; luego, llegó el coronel retirado José Luis Palomino López, cuya gestión terminó rodeada de denuncias internas, cuestionamientos y señalamientos de trabajadores que, incluso, hablaron ante La Calle de presunto acoso laboral.
Ahora la responsabilidad recae en Eduardo Mesa Buitrago, pero lejos de apagarse, la controversia parece profundizarse. Y eso ocurre mientras el presidente Gustavo Petro ya había pedido públicamente devolver el acueducto a Valledupar y cuestionó que la Superintendencia siguiera administrando empresas de servicios públicos en los territorios.
Sin embargo, la empresa continúa intervenida. Y ahora, además, rodeada de un debate que ya no es solamente técnico ni financiero. Es un problema de confianza pública porque cuando aparecen hallazgos de Contraloría, advertencias sindicales, conceptos financieros negativos, anticipos inéditos y contratos multimillonarios en una empresa quebrada, la sensación que queda en la ciudad es inevitable: que Emdupar sigue atrapada en el mismo círculo que supuestamente la intervención vino a corregir.
Y la pregunta que hoy empieza a recorrer Valledupar ya no es cuánto cuesta el cloro. La verdadera pregunta es otra: ¿quién responde si esta historia termina hundiendo todavía más a Emdupar?


