Este es un tema al que Semanario La Calle ha venido haciendo seguimiento de cerca: el destino de los cientos de miles de millones de pesos en regalías que se movieron en La Guajira durante la gobernación de Nemesio Roys Garzón. Hoy seguimos en la investigación en detalle para saber en qué va todo en materia judicial, porque la respuesta corta es: casi en el mismo punto en que empezó. Hay dos investigaciones penales abiertas en su contra por el presunto delito de intereses indebidos en la celebración de contratos —básicamente, la sospecha de que como funcionario público habría favorecido intereses particulares al aprobar o dirigir ciertos contratos— y ambas, pese a que los hechos ocurrieron hace ya varios años, siguen engavetadas en la fase más inicial de la investigación.
El patinódromo de Albania
El primer expediente tiene el radicado 110016000102202100336 y está activo. Lo que la Fiscalía intenta establecer ahí es si hubo una apropiación indebida de recursos de las regalías que llegaron al departamento durante la vigencia 2020-2021, plata que en teoría estaba destinada a construir escenarios deportivos en los municipios de Albania y Hatonuevo.
Dentro de ese paquete de obras deportivas está, justamente, el patinódromo que se construyó en Albania, una obra que terminó costando más de 13.000 millones de pesos e inaugurado en el 2023. Como ya lo contamos en una edición anterior de este medio, ese patinódromo no fue un proyecto aislado: hizo parte de un conjunto de obras financiadas con cerca de 300.000 millones de pesos en regalías que Roys repartió entre distintos municipios guajiros en un tiempo relativamente corto, y que en su momento generó cuestionamientos por tratarse, en algunos casos, de proyectos costosos y de dudosa prioridad frente a las necesidades más urgentes de esas comunidades.
Ahora bien, lo que llama la atención de este proceso es su ritmo. Los hechos que se investigan son de 2021, pero el caso solo le fue asignado a un fiscal el 4 de junio de 2022, casi un año después. Y desde entonces, poco ha cambiado: a la fecha de la realización de esta nota, el proceso sigue en etapa de indagación —es decir, en la fase en la que la Fiscalía todavía está reuniendo pruebas— y el último movimiento que registra el expediente es del 22 de junio del año vigente.
Una resolución firmada en 2021 que hoy sigue dando de qué hablar
El otro proceso activo tiene el radicado 110016000102202400146 y también investiga un presunto delito de intereses indebidos en la celebración de contratos. Este nació de una denuncia distinta, centrada en cómo se expidió la Resolución 520 de 2021, un documento con el que, en teoría, se aprobaban de manera directa varios proyectos de inversión financiados con plata del Sistema General de Regalías, el SGR, que es el mecanismo mediante el cual los departamentos y municipios reciben y ejecutan los recursos que genera la explotación de recursos naturales en el país.
Según explica la denuncia, fue justamente a través de esa resolución que el entonces gobernador priorizó y aprobó uno de los proyectos más grandes de su administración en el sur del departamento: la construcción del alcantarillado sanitario y las obras complementarias para los corregimientos de Guayacanal, Corral de Piedra y Zambrano, en el municipio de San Juan del Cesar. Hablamos de un contrato por 20.591.655.796 de pesos, es decir, más de 20.500 millones. Y ahí está el punto que investiga la Fiscalía: la denuncia sostiene que ese contrato tuvo sobrecostos por 3.367.275.250 de pesos, más de 3.300 millones adicionales frente a lo que debería haber costado la obra.
Al igual que en el caso del patinódromo, aquí también hay una demora que salta a la vista. Los hechos también son de 2021, pero el proceso solo se le asignó a un fiscal el 6 de agosto de 2024, casi tres años después de ocurridos. Y al día de hoy, sigue igual que el anterior: en etapa de indagación, sin que se haya llamado a nadie a imputación, con el último reporte de la Fiscalía fechado el 26 de febrero de este año.
¿Y esa obra del alcantarillado cómo va?
Vale la pena detenernos un momento en esto, porque mientras el proceso penal avanza a cuentagotas, la obra que lo originó ya se construyó, y no precisamente sin contratiempos. El contrato del alcantarillado de Guayacanal, Corral de Piedra y Zambrano quedó en manos del Consorcio Guayacanal 2022, y desde que arrancaron los trabajos empezaron también las quejas de la gente que vive ahí. Reportes del medio Consonante, que ha hecho seguimiento juicioso a esta obra, cuentan que en Guayacanal aparecieron alcantarillas mal instaladas, calles sin nivelar y hasta viviendas con daños estructurales; en Zambrano, por su parte, los propios trabajadores llegaron a parar la obra por atrasos en sus pagos, y varios habitantes se quejaron de que nunca les explicaron bien en qué consistía el proyecto.
No es un dato menor: se trata exactamente del mismo contrato que hoy investiga la Fiscalía bajo el radicado 110016000102202400146 por presuntos sobrecostos. Es decir, no es solo que en el papel haya sospechas sobre cómo se aprobó y cuánto costó la obra, sino que en el terreno la comunidad ya venía denunciando que las cosas no se estaban haciendo bien, incluso antes de que existiera un proceso penal formal al respecto.
Lo que ya habíamos contado: los ‘elefantes blancos’ de La Guajira
Como les mencionábamos al principio, este no es un tema nuevo para la Guajira. En una edición anterior conversamos con la periodista Salud Hernández-Mora, quien junto al columnista guajiro Luis Colmenares documentó a dónde fueron a parar cerca de 300.000 millones de pesos en regalías que Roys distribuyó entre varios municipios en un periodo corto de tiempo, entre ellos el ya mencionado patinódromo de Albania, además de otros proyectos similares en Dibulla, Urumita, Barrancas y el propio San Juan del Cesar. Hernández-Mora fue enfática en que varias de esas obras terminaron convertidas en lo que suele llamarse ‘elefantes blancos’: proyectos costosos, vistosos, pero de poca utilidad real frente a lo que la gente necesitaba de verdad, en un departamento donde todavía hay comunidades sin acueducto ni buenos servicios de salud o educación.
Nos contó también algo que resulta clave para entender este seguimiento judicial que les estamos haciendo hoy: pese a que el caso llegó hasta la Procuraduría General, e incluso se designó un procurador especial para revisar el destino de esos recursos, esa gestión no se tradujo en resultados concretos ni en sanciones. Según su relato, este escándalo —que en plata es hasta cuatro veces más grande que el de la Unión Temporal Centros Poblados en el Ministerio TIC, uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos años— nunca tuvo la misma resonancia nacional ni generó las mismas consecuencias políticas o judiciales visibles.
La pregunta que queda abierta: ¿por qué todo avanza tan despacio?
Si uno pone en fila los dos procesos que hoy siguen activos, aparece un patrón que se repite: hechos que ocurrieron en 2021, casos que tardaron entre uno y casi tres años en asignársele siquiera a un fiscal, y expedientes que, ya asignados, llevan meses o años sin salir de la etapa de indagación, que es apenas el primer escalón de un proceso penal. Todavía no hay ni una imputación de cargos en ninguno de los dos casos.
Esto coincide con algo que organizaciones sociales y veedurías ciudadanas de La Guajira vienen denunciando desde hace tiempo: que este tipo de procesos sobre el manejo de las regalías en el departamento suele quedarse engavetado en las entidades encargadas de investigarlos, mientras las obras cuestionadas —terminadas o no, funcionando bien o mal— quedan ahí, como recordatorio físico de la distancia entre lo que se decidió construir y lo que la gente realmente necesitaba. Hasta el momento, ni la Fiscalía ha definido la situación jurídica del exgobernador en ninguno de los dos expedientes, ni las entidades de control han entregado información adicional sobre el destino final de los más de 300.000 millones de pesos en regalías que, según las denuncias que hemos venido conociendo, se movieron bajo su administración.
