Editorial
En el Cesar, la situación política se ha vuelto alarmante. Alcaldes que asumen actitudes autoritarias parecen creer que están por encima de la ley, utilizando su poder para dar órdenes que socavan el orden democrático y atentan contra la oposición. Esta falta de respeto hacia los principios de la legalidad y la convivencia pacífica pone en riesgo no solo la estabilidad política, sino también el bienestar de la ciudadanía.
El uso de prácticas persecutorias contra quienes piensan diferente es una señal preocupante de cómo se desdibuja la democracia en nuestra región. Los funcionarios electos deben recordar que su rol es servir a la comunidad y no perseguirla. La diversidad de opiniones es esencial para el fortalecimiento de nuestra sociedad; sin embargo, en lugar de fomentar el diálogo, se opta por la represión.
Es fundamental que los ciudadanos, junto a las instituciones, exijan un ejercicio responsable y transparente del poder. La legitimidad de un alcalde no radica únicamente en su elección, sino en su compromiso con el estado de derecho y la protección de los derechos de todos. Es hora de que El Cesar recupere el camino hacia una gobernanza inclusiva y respetuosa, donde la voz de la oposición no sea silenciada, sino valorada. La democracia es un bien preciado que debemos defender con firmeza.