La letra de la canción de Julio Oñate Martínez (ingeniero agrónomo, compositor y acordeonero) no es, de ninguna manera, sólo una sátira bien lograda a una problemática generalizada en el Caribe colombiano. La composición ‘Afinia me tiene loco’, en la magistral interpretación de Iván Villazón, se ha convertido en una especie de himno regional para los costeños, desesperados cada mes que van a pagar el servicio de energía eléctrica, pues Afinia y Air-e, las dos empresas que tienen el monopolio del servicio en esta sección del país, los tiene asfixiados por las altísimas tarifas.
En realidad, como bien dice el tema musical, “Si todo lo que me gano es para pagar la luz. Son cosas que no me explico, se las vengo a referir, prendí dos abaniquitos y llegó en $400.000”, es una preocupación constante en toda la región Caribe de Colombia. Al Semanario La Calle llegan constantemente denuncias de comerciantes y padres de familia desesperados, que (aún apagando focos, como dice la afamada canción, y desconectando enfriadores y aires acondicionados) el valor mensual del recibo, a cambio de bajar, sube; por eso, el periódico dialogó con líderes políticos y veedores de servicios públicos domiciliarios, que conocen a profundidad esta terrible situación.
Las cataratas de acciones para las altas tarifas
Aníbal Barros Villazón, veedor de servicios públicos de Valledupar, en conversación con La Calle, dice que la demora del Estado en ponerle fin a la problemática de las altas tarifas y del mal servicio de la energía eléctrica, “además de sus abusos recurrentes por parte de las empresas Afinia, Air-e y las demás empresas en el resto del país, es que el gobierno está casado con las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, del banco Mundial y de la Ocde en mantener la privatización de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Y en favorecer las altas rentabilidades que debemos pagar todos los usuarios a la mayoría de empresarios, pero, en especial, más del 12% en garantías a la rentabilidad del servicio de energía eléctrica: hoy está en el 12.09%”.
Barros Villazón destacó que, además, en la costa Caribe (donde están Air-e y Afinia) hay un régimen especial tarifario “que el gobierno nacional, en su Plan Nacional de Desarrollo reeditó, copió al pie de la letra, tal cual como lo dejó Duque en su Plan Nacional de Desarrollo, y lo agravó haciendo uso de una política de disminución y eliminación de los subsidios para los estratos bajos (en el estrato tres van a desaparecer los subsidios)”.
Como si las dos razones anteriores fueran pocas, están, también, las contribuciones. “Pese a la crisis económica, se tratan de seguir manteniendo, inclusive, elevando; es decir, es un despropósito antidemocrático del Estado sostener, dentro de la fórmula, con el gobierno actual del doctor Gustavo Petro, mantener la fórmula impuesta por el régimen especial tarifario, donde se nos condena a pagar, inclusive, además de las altas rentabilidades (exageradas, por cierto), pagar las pérdidas técnicas y no técnicas, cuando, por la obsolescencia de la infraestructura eléctrica, las pérdidas técnicas se elevan continuamente y las no técnicas (que son los fraudes) también nos las cobran a nosotros. Estamos castigados por doble vía”, le dijo Barros a La Calle.
Aníbal Barros dice que hay otro ‘repeso’: “nos están incrementando el costo unitario por kilovatio hora; entonces, esta es una catarata de acciones contra los usuarios”.
‘maman gallo y no hacen ná’
El Semanario La Calle contactó, además, al senador guajiro Alfredo Rafael Deluque Zuleta, quien dijo que la demora del gobierno nacional para ponerle coto a esta situación “es injustificable. El problema está sobre diagnosticado, el gobierno ha hecho foros en todos los departamentos, se ha reunido con los congresistas, se sabe cuáles son las rutas, han hecho anuncios, como el de asumir vía presupuesto ciertos ítems de la factura, y nada pasa. El gobierno no ha podido ni integrar el organismo técnico encargado del tema, que es la Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg)…no hay justificación”.
En ese mismo sentido, se refirió el veedor vallenato Aníbal Barros en su diálogo con este periódico. “Si el gobierno, realmente, estuviera interesado en resolver lo hubiese hecho nombrando en propiedad, desde que entró el gobierno, a todos los expertos de la Creg y hubiera mandado al ministro de Minas, al jefe de Planeación y al ministro de Hacienda, que son los que, precisamente, tienen voz y voto (y, además, poder de veto) para que digan ‘hombe, cámbiame estas cosas para bajar la tarifa’, pero no lo ha hecho: está mamando gallo con la elección y el nombramiento de los expertos de la creg; entonces, se los tumban porque no está cumpliendo con los prerrequisitos para nombrarlos y se torna, después, como víctima frente al pueblo que lo eligió y sale con el cuento de que las comunidades energéticas son las que van a resolver el problema: pueda que sea así, pero a largo plazo. A corto plazo, lo que necesitamos es el cambio de tarifas ya”.
¿Qué papel jugarían alcaldes y gobernadores?
Deluque Zabaleta le dijo a La Calle que los mandatarios locales y regionales “están levantando la voz, pero la solución no está en sus manos, necesitan que el gobierno nacional tome las decisiones rápido, ya el Caribe no aguanta más”
Lo mismo le dijo a este semanario Barros Villazón. “Eso no lo puede resolver ni el alcalde ni el gobernador porque ellos no tienen cabida en la Creg, por Dios. Lo único que le podemos pedir al alcalde y al gobernador es que, ante todo el maltrato que estamos sufriendo, cuando haya intervención de Afinia o de Air-e en nuestros departamentos, los gobernadores y los alcaldes apoyen a los líderes de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, a los vocales de control social de esos servicios, con la logística para que acompañen las cuadrillas en las intervenciones que hacen estas empresas, cuando quitan la luz para verificar si es verdad que están haciendo las inversiones que prometieron hacer (¡Un billón anual!) en la modernización de la infraestructura eléctrica porque es que ni siquiera eso”.
Insistió Barros Villazón en que “ese sí puede ser un pedido que le podemos hacer a los mandatarios locales y departamentales: que nos apoyen a los líderes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios para movernos como los veedores que somos de la utilización de los recursos para el mejoramiento de la infraestructura, para verificar si es cierto que están colocando los contadores, las redes eléctricas pertinentes y para que no cometan el abuso de poner los medidores inteligentes sin la autorización del usuario”.
¡A movernos!
Finalmente, el veedor Aníbal Barros dice que una manera eficaz en que pueden contribuir los mandatarios locales y regionales “es ponerse al frente de las comunidades de los usuarios y movilizarse para garantizar el derecho a tener un servicio de energía eléctrica con tarifas pagables, como está sucediendo en otros departamentos, donde los alcaldes y gobernadores se están poniendo al frente y están haciendo movilizaciones pacíficas y masivas para garantizarnos estos derechos”.
Se preguntó, además, cómo es posible que en varios municipios del departamento de Córdoba “haya decretado Afinia el corte de la luz para las alcaldías porque no hay cómo pagar esos robos que nos metieron en la fórmula tarifaria”; por lo tanto, insistió en que “debemos unirnos todos (concejales y alcaldes de todos los municipios, diputados y gobernadores de todos los departamentos) y hacer una gran movilización en defensa de los intereses de los usuarios del servicio de energía eléctrica para poder, realmente, hacer esa defensa y exigencia ante el gobierno nacional del cambio de la fórmula tarifaria: en ese sentido, estamos invitándoles a que sigamos el ejemplo de otras regiones”.