Los concejales Eduar Mendoza Felizzola del partido Cambio Radical, Yair Antonio Cadena Estrada del partido Unión por la Gente, y su presidente Grineldo Quintero Quiñones del partido Gente en Movimiento, estarían cobrando subsidios de transporte rural pese a tener su residencia en el casco urbano en el municipio de Gamarra, Cesar. De acuerdo con la fuente, esta práctica no es nueva y ha sido permitida por el alcalde del municipio Cristian Márquez: “desde hace al menos dos años, y nadie dice nada, Muchos vecinos aseguran ver a los concejales “todos los días en el pueblo” y se preguntan por qué nadie los controla. Todos saben que viven aquí mismo en el pueblo, pero cobran como si fueran de las veredas. Y lo peor: nadie denuncia, porque aquí la Contraloría y la Procuraduría vienen, les pagan algo y no pasa nada”, aseguró la fuente.
La fuente informativa que prefirió mantener su nombre en reserva agregó que incluso exconcejales han denunciado la situación en privado, pero sin recibir respuesta institucional.
Mientras los gamarrenses esperan soluciones a los problemas del agua, la basura y la inseguridad, en el Concejo Municipal parece que algunos de sus integrantes encontraron una forma fácil de “complementar” sus ingresos: cobrar subsidios de transporte destinados a concejales rurales, pese a vivir cómodamente en el casco urbano.
La información entregada a este medio de comunicación, hace parte de una grabación en la que revela cómo varios concejales habrían solicitado cartas de residencia falsas para justificar el cobro de ese auxilio. «El subsidio de transporte es un apoyo económico que el municipio otorga a los concejales que viven en zonas rurales o corregimientos, para compensar los costos de desplazarse hasta el casco urbano donde sesiona el Concejo», recalcó.
Posibles delitos: falsedad en documento y peculado por apropiación
Sin embargo, según versiones y documentos que este medio busca confirmar, varios concejales estarían cobrando ese dinero sin cumplir el requisito principal: residir fuera del casco urbano. De ser cierto, se trataría de una falsedad en documento y cobro indebido de recursos públicos, delitos sancionados por la ley. Expertos en derecho administrativo consultados señalaron que, si se confirma que los concejales presentaron certificados de residencia falsos para obtener un subsidio, podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales, e incluso investigaciones penales por falsedad en documento y peculado por apropiación.
“Se hacen pasar por ser de corregimientos para cobrar el subsidio. El mismo presidente del Concejo, Girineldo Quintero, vive en el barrio El Prado y pidió carta del corregimiento La Estación para que le pagaran el subsidio. Eso es robarle al Estado”, afirmó la fuente.
Intentamos contactar al presidente del Concejo, Girineldo Quintero, para conocer su versión sobre las denuncias y su residencia actual, pero no respondió los mensajes ni las llamadas al cierre de esta publicación. Tampoco fue posible obtener una declaración formal del Secretario general y de Gobierno Municipal, encargado de expedir las cartas de residencia y de avalar los subsidios.