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Álvaro Uribe le pide Duque no negociar con los líderes del paro

Así lo ven los manifestantes luego del anuncio del presidente Iván Duque donde manifestó que le da cavidad a la asistencia militar en algunas partes del país.

Para la oposición y los expertos, la determinación del presidente Iván Duque envía un mensaje en contra de la negociación y resulta además problemática por su falta de control constitucional.

La jornada del 28 de mayo del paro nacional, donde se conmemoraba un mes desde su comienzo, fue una de las más violentas en Cali. En el marco de las movilizaciones y bloqueos se reportaron entre siete y trece muertes, entre ellas las de dos jóvenes que fueron abaleados por un agente del CTI, que estaba de descanso y luego fue linchado por otros manifestantes. La respuesta del presidente Iván Duque se dio en la noche. Desde la misma capital vallecaucana, el mandatario ordenó aumentar el pie de fuerza del Ejército y la Armada en la ciudad y el Valle del Cauca, bajo la figura de asistencia militar, que implica que militares presten apoyo en labores civiles de la Policía.

Como parte de ese “máximo despliegue militar”, Duque también anunció que se retomaría el control de las carreteras que han sido bloqueadas en la región y se presentaría una especial protección a “activos estratégicos”. Luego, antes de la medianoche de ese viernes, se publicó el decreto presidencial, que dio cuenta de que la asistencia militar y las órdenes dadas no solo iban destinadas al Valle del Cauca y su capital, sino que eran también para otros siete departamentos (Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda) y doce ciudades del país (Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva).

Para la oposición, la determinación presidencial tiene sus peros. Por ejemplo, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, calificó la medida como inconstitucional debido a que “viola la autonomía territorial, prioriza la acción militar sobre la policial en disturbios internos, el uso indiscriminado del toque de queda y de facto toma medidas de conmoción pero evita el control constitucional”. El senador Iván Cepeda fue mucho más severo al catalogar el decreto como “un verdadero golpe de Estado”, pues “crea regímenes militares en regiones del país, normaliza el terrorismo de Estado y da vía libre al paramilitarismo”.

Igualmente, estamentos internacionales expresaron sus reservas. Es el caso de José Miguel Vivanco, cabeza para las Américas de Human Right Watch, quien afirmó que el decreto tiene un “peligroso vacío”. A su consideración, la orden presidencial no incluye ningún apartado para priorizar el diálogo, respetar los derechos humanos y hacer un uso medido de la fuerza, por lo que “puede tener consecuencias irreparables”. Preocupaciones similares expresó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que pidió mantener el diálogo para “encontrar una solución negociada y pacífica al malestar social”.

Muy diferente fue la reacción del Centro Democrático, que horas antes del decreto había pedido un “despliegue total de la fuerza militar y de Policía en todo el territorio nacional” y no negociar con el Comité del Paro por los bloqueos. Al consultar al senador Gabriel Velasco, quien en un principio había criticado al presidente por su negativa a ir a Cali, este respondió: “La medida no solo es necesaria sino proporcional a la difícil situación que vivimos. Más de un mes de paro y bloqueos están atentando contra los derechos humanos”. Y frente a las implicaciones de cara a una negociación, agregó: “El diálogo debe ser una opción siempre, pero negociar con encapuchados o con bloqueos jamás dará como consecuencia algo positivo. La primera condición debe ser el cese de la violencia a la que nos someten”.

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La distancia es cada vez más abismal entre Gobierno y líderes del paro, quienes en el preacuerdo exigen que no haya presencia militar en medio de las movilizaciones. Sin embargo, la Casa de Nariño no cedió y, por el contrario, implementó la asistencia militar en varias ciudades el pasado viernes respaldado por el Centro Democrático y Álvaro Uribe Vélez.

“Creo que la presencia de la Policía, la presencia del Ejército, lo que haces exacerbar los ánimos, por eso es correcto lo que han hecho varios alcaldes y gobernadores, privilegiamos el diálogo”, indicó Francisco Maltés, presidente de la CUT.

El rechazo y el levantamiento de los bloqueos es un punto de honor para el Gobierno. El comité de paro hasta ahora no hace ninguna de las dos cosas.

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“Esos bloqueos están causando hambre, esos bloqueos están causando desabastecimiento, están causando que todo se vuelva increíblemente caro”, manifestó Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización.

“El Gobierno está pretendiendo que en Colombia se condenen y que no vuelvan a existir ningún tipo de bloqueos de cierre o intervención de vías, lo cual es imposible porque los bloqueos de las vías son inherentes a la movilización de la gente”, Diógenes Orjuela, presidente de la CGT.

 

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