Una intervención de acueducto y alcantarillado por más de $4.765 millones, iniciada en abril de 2024, debía ejecutarse en once meses. La diputada Erenia Palmarroza denunció que la obra no ha sido entregada formalmente, mientras habitantes del sector reclaman soluciones ante las condiciones en las que permanece la intervención.
Una obra que debía mejorar las condiciones de acueducto y alcantarillado en Riohacha se encuentra en el centro de nuevos cuestionamientos por su presunta falta de terminación. Pese a que el plazo inicial contemplaba once meses de ejecución, han transcurrido más de dos años y medio desde su comienzo, sin que, según la denuncia de la diputada Erenia Palmarroza, se haya realizado la entrega definitiva a la comunidad.
La situación fue expuesta por la dirigente durante una visita a la calle 10, entre carreras 14 y 15, donde habitantes del sector manifestaron su inconformidad por las condiciones en las que permanece la intervención. Según lo denunciado, en el lugar todavía se observan escombros, señalización deficiente y acumulaciones de aguas lluvias que generan preocupación por posibles afectaciones sanitarias.
El caso plantea interrogantes sobre el cumplimiento de los compromisos contractuales y la efectividad del seguimiento a una obra destinada a resolver necesidades básicas de la población. Porque mientras los plazos avanzan y las inversiones se anuncian, la comunidad continúa preguntándose cuándo podrá contar con una infraestructura completamente terminada y en funcionamiento.
Una obra millonaria que debía terminar en 2025
De acuerdo con la información consignada en la valla del proyecto, la intervención corresponde al contrato A24A1DI035, celebrado entre Aqualia Riohacha S.A.S. E.S.P. e INGEA Construcciones S.A.S. ZESE, con un presupuesto anunciado de $4.765.209.985; Los trabajos comenzaron el primero de abril de 2024 y tenían un plazo de ejecución de once meses, por lo que su terminación inicial estaba prevista para marzo de 2025. Sin embargo, a octubre de 2026 han transcurrido más de treinta meses desde el inicio, una diferencia considerable frente al cronograma originalmente establecido.
Aunque todavía falta conocer si se aprobaron prórrogas, suspensiones o modificaciones contractuales, el tiempo transcurrido exige explicaciones sobre el estado real de la obra y las razones por las cuales continúa siendo objeto de reclamaciones ciudadanas.La diputada Palmarroza cuestionó que una intervención destinada a mejorar el saneamiento básico termine prolongándose mientras los habitantes siguen enfrentando dificultades en su entorno. Su denuncia también pone en discusión la responsabilidad de las empresas encargadas de ejecutar y supervisar los trabajos.
¿Quién responde por los retrasos?
Uno de los aspectos que llama la atención es que Aqualia figura en la valla informativa tanto como entidad contratante como responsable de la interventoría. Esta circunstancia hace necesario establecer cuáles fueron los mecanismos de vigilancia utilizados, qué informes se elaboraron y cómo se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista; También permanece sin esclarecer cuánto dinero se ha desembolsado efectivamente a INGEA Construcciones, si existieron adiciones presupuestales y qué porcentaje de ejecución física y financiera presenta actualmente el proyecto.
No basta con conocer el presupuesto anunciado. Una obra de esta magnitud requiere resultados comprobables, actas de seguimiento y explicaciones sobre cualquier modificación que haya alterado su cronograma inicial,si la intervención ya fue terminada, corresponde presentar los documentos que acrediten su recibo y puesta en funcionamiento. Si todavía existen trabajos pendientes, la empresa debe explicar cuáles son, qué ha impedido concluirlos y cuándo serán entregados.
La comunidad sigue esperando respuestas
Más allá de las cifras contractuales, la principal preocupación está en las condiciones que denuncian los habitantes del sector intervenido. La presencia de escombros, las dificultades de señalización y la acumulación de aguas lluvias representan situaciones que requieren atención, independientemente de las discusiones administrativas sobre el proyecto.La controversia también revive el debate sobre la administración de servicios esenciales por compañías extranjeras. Aqualia pertenece a un grupo empresarial español, mientras Colombia cuenta con experiencias nacionales como Empresas Públicas de Medellín. Sin embargo, el origen de la empresa no determina por sí mismo el cumplimiento de sus obligaciones: lo fundamental es que las inversiones se traduzcan en servicios eficientes y obras entregadas oportunamente.
En el caso de Riohacha, la discusión debe concentrarse en establecer qué ocurrió con el contrato, quién supervisó su ejecución y por qué una intervención anunciada para once meses sigue generando cuestionamientos más de dos años después de su inicio.
¿Hasta cuándo las obras seguirán siendo una promesa?
La denuncia de Erenia Palmarroza pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de exigir resultados verificables en las inversiones destinadas al saneamiento básico de Riohacha.
La ciudadanía necesita respuestas concretas: cuánto se ha ejecutado, qué trabajos permanecen pendientes, cuáles fueron las razones de las demoras denunciadas y cuándo podrá comprobarse que la infraestructura cumple el propósito para el cual fue contratada.
Porque el verdadero resultado de una inversión de más de $4.765 millones no está en instalar una valla con el presupuesto y el plazo de ejecución, sino en entregar una obra que funcione y responda a las necesidades de quienes llevan más de dos años esperando una solución.