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Arde el caso de Álvaro Uribe

El próximo 6 de abril la Fiscalía General solicitará que se precluya el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe por presunta manipulación y presión a testigos, este jueves la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió una decisión trascendental para una de las víctimas reconocidas en este proceso.

Tras resolver una acción de tutela, la Sala le ordenó a la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema que en un plazo de 48 horas le entregue todas las pruebas recolectadas al senador Iván Cepeda Castro y a sus apoderados.

En la decisión se ampararon en los derechos de Cepeda al debido proceso y al acceso a la información y administración de justicia «en su calidad de víctima». En este sentido, el ente investigador deberá resolver todas las peticiones formuladas por Cepeda los días 19 de noviembre y 9 de diciembre de 2020, así como las presentadas el 2, 16 y 18 de febrero y 3 de marzo de 2021.

Caso de Álvaro Uribe

En diferentes oportunidades Cepeda ha manifestado que la Fiscalía General no le ha entregado todo el material probatorio recolectado en este proceso judicial. Situación que ha negado el ente investigador mediante escritos enviados por el fiscal Gabriel Jaimes.

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En la acción de tutela presentada el pasado 11 de marzo, el senador del Polo Democrático señalando que las pruebas practicadas por la Fiscalía General tras recibir el expediente de la Corte Suprema de Justicia no le había sido entregado pese a que es una víctima reconocida en el proceso.

En el debate jurídico, la Sala Penal ordenó que se deba velar para que las víctimas reconocidas reciban la información que solicitan dentro del proceso para intervenir o preparar sus argumentos en el debate jurídico. Para esto se señaló que es clave que, “teniendo en cuenta la ley, pueda acceder al contenido de la actuación, con el único propósito de corroborar o precisar el contenido de la información que previamente poseía”.

Cabe resaltar que el senador Cepeda fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia como víctima debido a que presuntamente los abogados de Uribe habrían ejercido presiones a un grupo de testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, para que lo acusaran de estar detrás de un complot en contra del exmandatario y su hermano, Santiago Uribe.

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El fin era señalar a Cepeda como un hostigador que estaba ofreciendo dinero en efectivo y beneficios judiciales a varios exparamilitares para que señalaran a los hermanos Uribe Vélez de tener vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por eso, frente al derecho a la información, el Tribunal dijo que es una de esas capacidades que tienen las víctimas, porque es una garantía procesal que tiene un alcance autónomo, y que les permite a estas recibir información y acceder a ella, “lo que constituye una de las manifestaciones medulares de su posibilidad de intervención en la actuación penal”. Además, salvaguarda el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, debido a que les asegura el respeto de todos los derechos legales que poseen.

Añade que el acceso a la información es indispensable para asegurar el derecho a la verdad de las víctimas, y por eso estas tienen la facultad de acceder al expediente y solicitar copias del mismo desde la fase de indagación.

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