El anuncio de Afinia de separar la operación del Cesar mediante el proyecto Atenea parece responder más a una estrategia de supervivencia empresarial que a una solución de fondo para la crisis energética que enfrenta la región.
La escisión del mercado se justifica en que, mientras el promedio de pérdidas no técnicas de la compañía ronda el 28%, en el Cesar supera el 40%, con un recaudo que apenas alcanza el 60%. En otras palabras, la empresa admite que no tiene capacidad de gestionar con las mismas herramientas un territorio que, desde hace años, arrastra deficiencias estructurales en materia de pobreza, informalidad y ausencia de autoridad en el control del robo de energía.
El plan busca focalizar esfuerzos y aplicar “modelos operativos diferenciales”, pero detrás de ese lenguaje técnico se esconde la realidad: Atenea será una especie de “operación aparte” para un mercado que Afinia considera inviable bajo sus esquemas actuales. Si bien se habla de mesas técnicas con el Ministerio de Minas y la Gobernación del Cesar, la pregunta es si el resultado no será trasladar más cargas al usuario formal que ya paga, mientras el problema de fondo —la falta de cultura de pago y el déficit de control estatal— continúa intacto.
En esencia, Atenea evidencia que el Cesar se ha convertido en el “punto negro” del mapa energético del Caribe. Más allá de la fragmentación operativa, el verdadero reto será que los compromisos del Gobierno y la empresa se traduzcan en inversiones, pedagogía comunitaria y control efectivo. De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de ser un nuevo capítulo en la larga lista de promesas incumplidas en materia eléctrica para la región.