Se ha solicitado a Cambio Radical la expulsión de dos de sus senadores por presunta desobediencia frente a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que reemplazará a José Fernando Reyes. La tensión al interior del partido ha aumentado conforme se acerca la votación.
Los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, sancionados previamente por el partido sin derecho a voz ni voto tras desobedecer la línea oficial en la consulta popular de Gustavo Petro, parecen dispuestos a repetir su postura independiente. Se espera que este miércoles 3 de septiembre apoyen a Patricia Balanta, candidata respaldada por la Casa de Nariño, mientras que Cambio Radical decidió unánimemente respaldar a Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo.
Aunque estaban inicialmente impedidos de participar, Ortega y Castañeda recibieron luz verde del Consejo Nacional Electoral para votar, gracias a la decisión de las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez, vinculadas al petrismo. Esto les permite ejercer su derecho al voto, lo que podría inclinar la balanza a favor de Balanta.
Frente a esta situación, el abogado penalista Germán Calderón España envió una carta al Comité de Ética del partido solicitando la ampliación de las sanciones, incluyendo la expulsión de ambos senadores. Respecto a Ortega, Calderón recordó que ya había sido sancionado por desobedecer al partido, pero continuó participando activamente en votaciones, como en proyectos sobre el fondo de estabilización del sector arrocero y la amnistía para deudores del Icetex el 26 de agosto de 2025. Sobre Castañeda, el abogado mencionó que también habría incumplido la disciplina de bancada, citando su voto el 19 de agosto de 2025 en proyectos sobre homenajes y fomento de la industria electrónica.
Algunos analistas consideran que expulsar a los senadores podría resultar contraproducente, ya que les daría mayor libertad para apoyar de manera independiente a Patricia Balanta.
El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa también se pronunció sobre la situación. Señaló que en la Comisión Primera del Senado solicitó aclaraciones sobre por qué Ortega, sancionado previamente por el partido, continúa teniendo voz y voto. Motoa cuestionó la coherencia del Legislativo, preguntando: “¿Cuál es el punto de aprobar normas si el mismo Congreso no pretende dar ejemplo ni cumplirlas?”