El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha concluido que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría violado los topes legales de gastos y financiación, excediendo el límite permitido por más de 5.300 millones de pesos. Esta conclusión surge tras una investigación dirigida por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático.
El informe señala que en la primera vuelta electoral, donde el tope de gastos era de $28.536.520.492, la campaña de Petro habría sobrepasado los límites en más de 3.700 millones de pesos. En la segunda vuelta, donde el límite era de $13.347.457.427, se habrían excedido los gastos en más de 1.600 millones de pesos.
Además de los gastos no reportados, la investigación identificó aportes de fuentes prohibidas en ambas vueltas. Entre estos se encuentran donaciones de personas jurídicas como Fecode, la Unión Sindical Obrera (USO) e Ingenial Media, violando las normas que prohíben este tipo de contribuciones. Fecode habría aportado 500 millones de pesos, mientras que la USO habría contribuido con 121 millones de pesos. Estos fondos no solo exceden los topes establecidos, sino que provienen de fuentes prohibidas.
En la primera vuelta, se identificaron ocho irregularidades, incluyendo aportes no reportados por donantes como el Polo Democrático, que realizó un préstamo de 500 millones de pesos que fue registrado pero no reportado adecuadamente en la contabilidad de la campaña.
La revelación de estos hallazgos se produce justo después de que el Consejo de Estado autorizara al CNE para investigar posibles violaciones a los topes de campaña de Gustavo Petro, aunque aclaró que no tiene la facultad para destituirlo del cargo, esta investigación podría tener implicaciones significativas.