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Carlos Morón, un enemigo de la UPC con asiento en el Consejo Superior Universitario

Crónica de una muerte anunciada terminó siendo la salida de José Rafael Sierra como rector de la Universidad Popular del Cesar, el hecho que se dio semanas atrás levanta mucha suspicacia por cómo se dio dicha elección, toda vez que esta se dio en medio de varias trifulcas. Este bololó fue anunciado por este medio de comunicación en varias oportunidades, en las que se advertía de las irregularidades que rodeaban este proceso; sin embargo, se hizo caso omiso y hoy tres meses después se da la razón.

Los autores del hecho

Como bien se pudo conocer, la llegada de Sierra como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar tuvo un aparente plan para favorecer a la casa Gnecco y así dejar viendo un chispero al partido Centro Democrático, maniobra para la que se prestó el rector de la Universidad de Santander – UDES, sede Valledupar, Carlos Morón Cuello, por una diferencia que tuvo con Sergio Araújo Castro.

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El meollo del asunto y lo sustancioso de esto está en que Morón Cuello, quien fue el alfil de la casa Gnecco para recuperar el poder de la UPC, el cual ya se vino abajo, presenta un caso de conflicto de intereses desde su designación como representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario – CSU, toda vez que actualmente dirige las riendas de un claustro educativo privado en la misma ciudad, que claramente compite con la UPC.

No obstante, siendo conocedor de esto integró el CSU y hoy, la jugada maestra que le hizo al Centro Democrático, aliándose con la casa Gnecco, le pasó cuenta de cobro.

Fue así como semanas atrás, un fallo del Consejo de Estado y la sanción monetaria que impuso el ministerio de Educación, contra los integrantes de Consejo Superior Universitario de la UPC por la elección de José Rafael Sierra como rector encargado deja claro que no se procedió de la mejor manera en esta elección, y pone contra las cuerdas a Carlos Morón Cuello, quien terminaría siendo el más afectado.

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Junto a Morón también fueron sancionados: Joaquín Manjarrez, Pamela García, Jesualdo Hernández, Arnulfo Cotes, Sergio José Barranco, quienes hacen parte del Consejo Superior Universitario de la UPC y deberán cancelar lo correspondiente a  ocho salarios mínimos legales vigentes.

¿Qué apetecen de la UPC?

El botín burocrático y económico que representa la UPC se refleja en un total de $76.646 millones para el funcionamiento, y $4.113 millones para inversión, a lo que se le suma la planta laboral integrada por más de 200 profesionales y la planta docente de más de mil profesores, lo que termina siendo un fortín político apetecido para cualquier grupo político del departamento.

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