El Consejo de Estado confirmó la sanción impuesta por el Tribunal Administrativo de La Guajira al alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, y a la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas, tras haber incurrido en desacato a la sentencia T-415 de 2018. Dicho fallo ordenaba la implementación de un plan de acción para enfrentar la grave crisis humanitaria que afecta a las comunidades Wayúu.
El Tribunal determinó que uno de los principales incumplimientos fue la ausencia de un plan de acción para gestionar los recursos destinados a garantizar el acceso a agua potable y mejorar la infraestructura sanitaria en las comunidades indígenas.
Como consecuencia, se impuso a cada uno de los sancionados una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, la sanción no los exime de cumplir con las órdenes judiciales de manera inmediata.
Además, las quejas correspondientes han sido presentadas ante la Fiscalía General de la Nación, lo que podría derivar en nuevas acciones legales contra los funcionarios.