El Consejo de Estado tomó una decisión inédita al suspender de manera provisional el decreto con el que el Gobierno había fijado el salario mínimo para 2026, con un incremento del 23,7 %, el más alto en la historia reciente.
La medida se adoptó tras estudiar cerca de 30 demandas que cuestionaban la legalidad del decreto, argumentando que el aumento no se sustentaba en los parámetros técnicos exigidos por la Ley 278 de 1996, como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la meta de inflación.
El alto tribunal ordenó al Gobierno expedir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto transitorio que se ajuste a los criterios macroeconómicos y constitucionales, mientras se dicta sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Aunque la decisión no implica un prejuzgamiento, sí marca un precedente importante: solo en 2017 el Consejo de Estado había tumbado un decreto de salario mínimo, pero en aquella ocasión por considerar que el aumento era demasiado bajo.
La suspensión genera incertidumbre en el panorama laboral y económico del país, pues obliga al Ejecutivo a replantear la cifra en medio de un debate sobre la sostenibilidad de los incrementos y la necesidad de garantizar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica.