La Contraloría Municipal de Valledupar encendió las alarmas tras revelar una serie de hallazgos con presuntas incidencias fiscales, disciplinarias, administrativas y penales en la gestión contractual de Emdupar S.A. E.S.P., que podrían representar un posible detrimento patrimonial superior a los $6.000 millones, según un informe oficial entregado por el ente de control.
Carta de Observaciones AFGR_EMDUPAR SA_2025
Entre las observaciones más relevantes aparecen presuntos fraccionamientos contractuales y posibles vulneraciones a los principios de transparencia y selección objetiva en procesos relacionados con la adquisición de químicos para la potabilización del agua y servicios de transporte y logística. La Contraloría advierte que varias necesidades permanentes habrían sido divididas en diferentes contratos, lo que habría permitido evitar modalidades de contratación pública más amplias y competitivas.
Uno de los casos señalados corresponde a los contratos 001 y 012 de 2025 suscritos con HLESSING INDUSTRIES S.A.S., relacionados con el suministro de insumos para el tratamiento de agua potable. Según el informe, la suma de ambos contratos superaría los límites establecidos para procesos simplificados, por lo que debió adelantarse una invitación pública. El ente de control sostiene que la división contractual podría haber restringido la participación de otros oferentes y generar riesgos de sobrecostos.
Otro hallazgo corresponde a los contratos 010 y 037 de 2025 relacionados con servicios de transporte, donde la Contraloría señala una presunta “división artificial” de la contratación. Además, el documento sostiene que existirían inconsistencias entre los vehículos ofrecidos por el contratista y los utilizados realmente durante la ejecución contractual. El ente de control considera que estos hechos podrían derivar en investigaciones por presuntas faltas disciplinarias y posibles incumplimientos de requisitos legales.
La Contraloría indicó que estas observaciones deberán ser remitidas a los organismos competentes para establecer si existen responsabilidades individuales y determinar el alcance de las presuntas afectaciones a las finanzas de la empresa de servicios públicos.