La contratación pública durante la administración del alcalde Edgar Ricardo Díaz refleja las prioridades del gobierno municipal, pero también exige planeación, transparencia y seguimiento. En San Alberto, la revisión de varios convenios celebrados entre 2024 y 2026 evidencia una importante inversión en programas sociales, procesos de resocialización y eventos deportivos. Sin embargo, el análisis documental también deja interrogantes sobre el incremento de recursos durante la ejecución de algunos contratos y la falta de soportes que permitan verificar plenamente otros procesos.
Un contrato que terminó costando mucho más
El convenio RECO-002-2025, destinado al programa de atención integral del adulto mayor, concentra una de las mayores inversiones realizadas por el municipio.
Inicialmente fue celebrado bajo la modalidad de régimen especial con una entidad sin ánimo de lucro para ejecutar un programa social dirigido a la población adulta mayor. No obstante, durante su desarrollo el convenio requirió una importante modificación presupuestal y una ampliación considerable del tiempo de ejecución.
Los documentos muestran que el contrato recibió una adición superior a 219 millones de pesos, elevando su valor hasta superar los 853 millones de pesos. Paralelamente, el plazo pasó de apenas ocho días a 287 días, además de extenderse el periodo de liquidación.
Aunque estas modificaciones fueron formalizadas y el proceso continuó su ejecución, las cifras plantean una pregunta de fondo: ¿la planeación inicial fue suficiente para responder a las necesidades reales del programa o fue necesario corregir el rumbo durante la ejecución?
El mismo análisis evidencia que los recursos destinados al programa del adulto mayor han venido aumentando entre las vigencias 2024, 2025 y 2026. Mientras en 2024 la inversión rondó los 600 millones de pesos, para 2025 el convenio inició con un valor superior y posteriormente fue objeto de una adición presupuestal, mientras que en 2026 volvió a contratarse por más de 800 millones de pesos.
Este comportamiento puede interpretarse como un fortalecimiento de la política pública dirigida a esta población, pero también evidencia la necesidad de realizar ajustes financieros durante la ejecución del convenio de 2025 para garantizar la continuidad del programa.
Resocialización: un convenio con mayor soporte documental
Otro de los contratos revisados corresponde al convenio RECO-003-2024, orientado al apoyo y formación para la resocialización de personas privadas de la libertad en San Alberto.
El convenio fue celebrado con FUNCEAMOR por un valor inicial superior a los 112 millones de pesos y posteriormente recibió una adición de 31 millones, alcanzando un valor cercano a los 143 millones de pesos.
A diferencia de otros procesos, este expediente contiene acta de inicio, anticipo, cuentas parciales de cobro, modificación presupuestal y acta de liquidación, elementos que permiten establecer que el convenio avanzó administrativamente y culminó su ciclo contractual.
En conversación con el Semanario La Calle, el presidente del Concejo Municipal de San Alberto, Andrés Mauricio Vega Pinilla, aseguró que realizó visitas de verificación a la estación de Policía durante las vigencias 2024 y 2025 para conocer de primera mano las condiciones en las que se prestaba el servicio de alimentación a las personas privadas de la libertad.
“Durante los años 2024 y 2025 visité la estación de Policía y verifiqué aspectos como el gramaje, el tamaño de las porciones y los menús suministrados a las personas detenidas. En esas inspecciones pude constatar que la alimentación se encontraba en buenas condiciones y que las porciones cumplían con lo establecido en el contrato”, manifestó Vega Pinilla.
El presidente del Concejo señaló que estas visitas hicieron parte del ejercicio de seguimiento y control político adelantado frente a la ejecución del convenio relacionado con la alimentación de las personas privadas de la libertad en el municipio.
El convenio que deja más preguntas que respuestas
Uno de los procesos que más interrogantes genera es el Convenio de Asociación RESO-002-2024 para la realización de la Válida Departamental de Motovelocidad.
El convenio fue celebrado por cerca de 71 millones de pesos con la Liga de Motociclismo del Cesar para organizar un evento que buscaba promover el deporte, fortalecer el turismo y dinamizar la economía local.
La revisión de SECOP II evidencia que el convenio fue adjudicado y celebrado sin modificaciones presupuestales ni ampliaciones del plazo inicialmente pactado.
Sin embargo, dentro de la documentación analizada no aparecen actas de inicio, informes de supervisión, informes de ejecución, acta de terminación ni acta de liquidación, documentos que permitirían verificar documentalmente cómo se desarrolló el convenio y cuál fue el nivel de cumplimiento del objeto contratado.
La ausencia de estos soportes no constituye por sí sola una irregularidad, pero sí limita la posibilidad de ejercer control ciudadano sobre la ejecución de los recursos públicos y de establecer con certeza el avance físico y financiero del proceso.
Lo que sí avanza y lo que sigue pendiente
La comparación entre los contratos revisados y el Plan de Desarrollo Municipal permite identificar avances importantes en algunos frentes.
Entre ellos aparecen inversiones en infraestructura educativa, la construcción de nuevas aulas para la Institución Educativa San Alberto Magno, proyectos de pavimentación urbana y un fortalecimiento patrimonial del municipio reflejado en sus estados financieros.
No obstante, el mismo análisis identifica compromisos que aún no presentan resultados concluyentes.
La modernización integral del sistema de acueducto y alcantarillado continúa siendo uno de los principales retos del municipio. Hasta la fecha no existe evidencia suficiente que permita concluir que se haya ejecutado una solución estructural para atender las necesidades del sistema.
También persisten desafíos relacionados con el desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento del sector productivo, ya que la documentación revisada no permite identificar indicadores consolidados que demuestren un impacto amplio en estas áreas.
En materia rural, las vías terciarias siguen representando un desafío para los productores agropecuarios, especialmente durante las temporadas de lluvia, una situación que el mismo análisis identifica como uno de los compromisos pendientes del actual Plan de Desarrollo.
La importancia del seguimiento a la contratación
La revisión de estos procesos no permite afirmar la existencia de irregularidades administrativas o fiscales. Sin embargo, sí evidencia aspectos que merecen seguimiento permanente por parte de los organismos de control y de la ciudadanía.
Las adiciones presupuestales, las ampliaciones significativas de plazo y la ausencia de algunos soportes documentales demuestran que la transparencia no termina con la adjudicación de un contrato. También depende de que cada etapa de la ejecución quede debidamente documentada y disponible para el control público.
En un escenario donde la inversión pública supera los cientos de millones de pesos en programas sociales y actividades institucionales, el acceso a la información y la trazabilidad documental continúan siendo herramientas fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos cumplan el propósito para el cual fueron destinados.