Cumpliendo con el deber investigativo como medio de comunicación y consultando las fuentes oficiales, el Semanario La Calle ingresó al SECOP I para evidenciar los recientes procesos publicados por la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar, entidad encargada de liderar gestiones ambientales y de desarrollo sostenible dentro del departamento del Cesar.
La búsqueda en la plataforma del Estado arrojó un resultado de al parecer, el último proceso publicado por la entidad, el cual fue el 21 de diciembre de 2023, por un valor de $285.659.500 millones, destinados a una “interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para el contrato cuyo objeto es: implementación de estrategias para la conservación, uso sostenible de la biodiversidad y restauración de los servicios ecosistémicos del complejo cenagoso de Zapatosa, en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar”.
Lo que evidencia que durante los dos últimos años la entidad departamental del medio ambiente no habría realizado o publicado nuevos procesos que permitan desarrollar estrategias donde se logren realizar acciones que contrarreste y puedan llegar a terminar con actos que se consideran ilegales e incluso son señalados como delito; como lo es la caza de diferentes especies, siendo el caso del reptil la iguana, uno de los más comunes animal que son sometidos de manera cruel a la extracción de sus huevos, lo que representaría durante un tiempo determinado, nuevas especies, los cuales son consumidos.
Este acto penalizado, con cada caza, pone en riesgo la supervivencia y extinción definitiva de la especie en el Cesar, además de generar daños en los ecosistemas del territorio.
El Código Penal que se pasan por la faja
De acuerdo con el Código Penal, Artículo 328 de Colombia: Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, señala que quien “se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se beneficie de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento treinta y cinco (135) meses y multa de ciento treinta y cuatro (134) a cuarenta y tres mil setecientos cincuenta $43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
El video que recordó a Corpocesar que es autoridad ambiental
Un video publicado en las redes sociales de una influencer italiana que visitó el Balneario Hurtado y consumió carne de iguana, generó diferentes tipos de críticas por parte de los internautas. Grabación que habría “lanzado un llamo a la acción” a Corpocesar, la cual salió a pronunciarse mediante una de sus redes sociales, oficiales, donde afirmaba que: “Rechazamos categóricamente la publicación en redes sociales de un video, donde una creadora de contenidos consume carne de iguana, el tráfico, la caza y consumo de fauna silvestre están prohibidos en la legislación colombiana; además de constituir en una infracción en materia ambiental, constituye también en un delito penal”, afirman en el contenido.
Pero… si los puntos de consumo siguen a sus sanchas panchas
En el clic también agregó la entidad que estos actos también afectan los trabajos que han venido desarrollando con diferentes actores, con los cuales se busca proteger la biodiversidad del Cesar. Sin embargo, varios serían los puntos de venta y consumo de esta especie en Valledupar, donde libremente el que quiera, puede ir y consumir uno de estos platos sin impedimento. Entonces, ¿dónde está el resultado del trabajo desarrollado?
Faltan mayores acciones por parte de Corpocesar
Según lo manifestado por el diputado del Cesar, Jesús Suárez, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, debe aumentar aún más sus gestiones, intervenciones, así como también la participación de entidades competentes que también actúan como protectores de flora y fauna silvestre, como el grupo de Protección Ambiental y Ecología de la Policía, logrando acciones que garanticen la permanencia de la fauna silvestre en su hábitat.
«Debido a un video que circuló en redes se removió la controversia de lo que ya se sabe, lo mismo que salió a expresa Corpocesar, y es que la captura, tenencia, comercialización y consumo de la iguana y de los huevos representan un delito e incluso una infracción ambiental con implicaciones penales. Acciones que recuerdan que es un animal que está en peligro de extinción y su principal depredador es el ser humano», sostuvo.
Según lo afirmado al Semanario, por el diputado, aunque se han emitido Leyes como la 611 del 2000, la Ley 2111 del 2021, en donde se hablan de sanciones más severas para evitar este tipo de infracciones, aún no se conocen hasta el momento, una sanción ejemplar que impida que los cazadores continúen con esta actividad ilegal de caza de iguanas en el departamento del Cesar. «Cabe mencionar además que esta especie que debe protegerse tiene otros enemigos que hacen que ella emigre y sea más accesible a ser raptadas, como lo es: la deforestación, la urbanización, el cambio climático, la contaminación y la destrucción de su hábitat. Es aquí donde debe entrar a intervenir Corpocesar y la Policía Ambiental”.
Entonces… ¿Corpocesar está por estar?
«Es un tema bastante controversial, dado que la percepción que se tiene es que, aunque existen Leyes y una corporación en el departamento, grande, poderosa, con un presupuesto amplio, al parecer no está ejerciendo ningún tipo de acciones y controles que permitan prevenir el consumo y la comercialización de este animal, entre otros. Se sabe que existen otros factores ya mencionados, pero no se evidencian acciones contundentes», indicó el diputado del Cesar.
El dato preocupante: ¿y cuándo actuará Corpocesar?
De acuerdo con lo explicado por Suárez, en el Cesar han identificado varios puntos ubicados en corregimientos del departamento, donde mayormente es comercializada y consumida la carne de iguana. Pero lo más impactante y preocupante es que, en estas zonas se pueden evidenciar de 100 a 200 huevos a la venta, lo que equivale a que tuvieron que ser sacrificadas entre 30 a 50 iguanas para obtener ese número de huevos de iguana, que, inevitablemente, dejarán de existir.
«Se hace un llamado a la acción a Corpocesar, Policía Ambiental y demás entidades del Estado, para que hagan el trabajo de manera conjunta. Veo que existen unas cartillas que buscan concientizar a la no caza de animales silvestres por parte de Corpocesar y algunas resoluciones sancionatorias, pero la pregunta es ¿qué acciones sancionatorias se han dado en los expendios públicos? que están conformados por restaurantes y hoteles reconocidos de manera abierta en el departamento; ahí es donde hay que buscar el muerto, muchas veces lo estamos buscando río arriba, aunque no hay concientización de muchas personas, todavía hay tiempo para comenzar a actuar», aseveró el diputado.
Corpocesar necesita nuevos avances
Jesús Suarez, concluyó describiendo algunas series de acciones que no han sido desarrolladas por la entidad medioambiental, hasta el momento, como lo es: la reproducción en cautiverio para repoblamiento, estrategia que tiene como objetivo preservar la especie en peligro de extinción mediante su cría en entornos controlados, así como además, mantenimiento y equilibrio de los ecosistemas, la protección en áreas deforestadas, entre otras intervenciones e implementación de estrategias que puedan conservar, mantener equilibradas y proteger las zonas verdes, fauna, flora y ecosistema natural del Cesar.
Por su parte Luis Mestre, vigía ambientalista de Valledupar, sostuvo que: “La caza y consumo de iguana es negligencia institucional, de Corpocesar, como de la Policía Ambiental, esta última que sería una institución decorativa, para decir que existe esta entidad, pero realmente las acciones de educación ambiental y de prevenir este delito de fauna silvestre son nulos por parte de estos, para evitar estas infracciones. Entonces aquí los culpables de que estas acciones se sigan presentando son estas entidades”.
El ambientalista afirmó además que, se deben retomar con urgencia los controles a sitios donde se consumen estas especies, mayor educación a las comunidades, seguir con las campañas de prohibición de la caza de animales silvestre en el departamento. “Es un delito expuesto constantemente, se sabe que los que cazan lo hacen por supervivencia, culturalmente, pero que su consumo excesivo está llevando al peligro de extinción a la especie, pero todavía hay tiempo de actuar por parte de las entidades competentes”.
¿Qué dice la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente?
Ante esta situación el Semanario estableció un diálogo con Neftaly Méndez Cantillo, coordinador de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Valledupar, quien enfatizó sobre el arbolado del municipio aduciendo que es competencia de Corpocesar, dado que es la entidad que regula estas acciones o intervenciones que se realizan en estos espacios. “El conducto regular es el siguiente: a la Secretaría llegan toda la solicitudes para erradicación, poda de árboles que están en espacio público, algunos en riesgo, cuando son de riesgo, miramos hacemos la inspección y se la transmitimos a la Secretaría de Gobierno, luego con un instrumento que viene del Sistema Nacional Ambiental (SINA), se llena este formato se firma por la Secretaría y es enviado a Corpocesar, el cual se encarga de hacer el segundo proceso, también van a campo y verifican para erradicar el Auto y tala”.
El proyecto ‘Valledupar Infraestructura Verde y Sostenible’: ¿si mejorará algo?
“La iniciativa ‘Valledupar Infraestructura Verde y Sostenible’ es del municipio que pronto estará siendo presentada al Concejo municipal, para que le puedan dar el aval, pero ya se está estructurando la parte financiera con la Secretaría de Hacienda. De igual modo ya fue socializado con los gremios de constructores de Valledupar y con el grupo de ambientalistas locales; lo cual ha sido aceptado satisfactoriamente”, sostuvo el coordinador.
¡Al ruedo los ‘carromuleros’!
En cuanto a la aparición simultánea de los comúnmente llamados ‘carromuleros’ en la ciudad, Cantillo Méndez, expresó que la norma de sustitución de vehículos de tracción animal se encuentra en transición, la cual tiene hasta el año 2027 para ajustar lo que sería una reconversión sociolaboral definitiva a los aproximadamente 170 conductores de estos vehículos en Valledupar; que atentan contra la vida de estos caballos que realizan estas cargas pesadas en extremo y que además, son sometidos a maltrato animal.
“El año 2022 específicamente el 3 de diciembre, se realizó el censo de cuántos vehículos de tracción animal había, se hizo un registro y se determinó que habían 170 en la ciudad, entonces a estos hay que hacer la reconversión sociolaboral. Dentro de ese censo se evidenció que la mayoría de estos eran mayores de 50 años, es decir, que será un poco difícil iniciar un proceso con ellos, además de que este tema no solo es de voluntad política hay una política clara integral y participativa, entonces lo que pasa con esta Ley de transición, es que se cree que este proyecto podría estar alrededor de los $8 mil millones de pesos, tema que no es fácil”, afirmó.
Cantillo agregó también, que se está gestionando esta reconversión, sin embargo, el municipio requiere que una parte sea aportada por el Ministerio de Igualdad y la otra parte la alcaldía municipal, para a futuro buscar una solución consolidada para esta problemática social y medioambiental
El revuelo en la Galería Popular
El coordinador de la sectorial municipal aclaró al Semanario la situación que causó polémica en la comunidad hace algunos meses en la Galería Popular, zona céntrica de la ciudad. Indicando que si fue una intervención socializada con los vendedores y comerciantes del sector comercial.
“El 22 de agosto del año 2024 la Galería realizó la solicitud a aquí para que se le fuera hacer una inspección a unos árboles que estaban irrumpiendo el espacio público, es decir, que las raíces estaban afectando el pavimento, paso peatonal, se realiza la visita de campo el 6 de septiembre del mismo año y luego se realizó un informe técnico y se envió a Corpocesar, esta entidad mandó a su equipo técnico y después de un trabajo de campo sacaron la Resolución número 0011 del 21 de febrero del 2025, donde se encontraban, según esta Resolución 11 árboles para erradicar; pero sí se hizo la socialización. Tal vez la intervención simultánea de los significativos árboles causó el desconcierto y más porque de estos árboles se cobijaban vendedores ambulantes y estacionarios”, finalizó Cantillo Méndez.
Secretaría Ambiental departamental: respuesta a media, ¿sería que no tenía mucho que decir?
Este medio estableció comunicación con la secretaria de Medio Ambiente del departamento, Melissa Gómez Fernández, quien declaró de manera muy breve que tiene conocimiento sobre el tema y al parecer estarían trabajando con estrategias y algunas acciones con respecto al tema ambiental del Cesar. Sin embargo, según, por motivos de una reunión extraordinaria no entregó una información más amplia al Semanario, aunque se intentó restablecer la comunicación en varias oportunidades no fue posible continuar con el diálogo.
De igual forma la directora de la Corporación Autónoma del Cesar, Corpocesar, Adriana Margarita García Arévalo, no entregó declaración alguna frente a lo que sería una falta de acciones competentes declaradas en los pronunciamiento de este informe, por parte de la entidad ambiental, la cual aún no ha logrado erradicar o por lo menos contrarrestar de manera significativa y con contundencia estos actos ilegales que van contra la supervivencia de las diferentes especies que habitan en el departamento y espacios naturales del Cesar.