Más de 165 personas han sido contratadas en la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) en los primeros siete meses del año “y lo peor es que no se ven por ninguna parte”, según la fuente que llamó preocupada por la situación. Una vez recibida esta denuncia, el Semanario La Calle se dio a la tarea de investigar en el Secop II los contratos celebrados durante 2025 y se encontró que, efectivamente, de los cerca de 200 procesos celebrados y adjudicados, cerca de 170 corresponden a prestación de servicios; es decir, a personas individuales que ejercen una labor específica.
¿Dónde andan esos contratados?
La fuente que llamó alarmada al Semanario La Calle dijo que “no creo que en la sede de la corporación quepa tanta gente, lo que quiere decir que el personal debe estar en las afueras, vigilando que el medio ambiente esté protegido; sin embargo, uno ve que, por ejemplo, en el río Guatapurí hay basura en sus márgenes, sobre todo, en el balneario Hurtado; entonces, dónde está la gente contratada que, se supone, debería servir para estos procesos de monitoreos ambiental”.
Directora Corpocesar
¿Qué se hicieron los más de 2.500 millones de pesos para la Margen Derecha del Río Guatapurí?
A propósito del Río Guatapurí, en Secop II se encontró que el 25 de febrero de 2025, se publicó la oferta CMA-001-2025, con fecha de publicación de oferta el 6 de marzo de 2025. “El objeto del contrato es interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el contrato cuyo objeto es construcción de obras hidráulicas para el control de inundación sobre la Margen Derecha del Río Guatapurí, jurisdicción del municipio de Valledupar, departamento del Cesar”. El valor del mismo es de $2.511.450.533.
2.550 millones pa’l río y ¡casi seis mil millones pa’l arroyito!
No solamente se han contratado este año obras hidráulicas para controlar la inundación el Río Guatapurí, como se evidenció en el ítem anterior. En estos momentos se encuentra abierto el proceso (desde el pasado 18 de julio de 2025) LP N° 006-2025, cuya fecha de presentación de oferta es hasta el 20 de agosto del presente año. El objeto es “construcción de obras hidráulicas para el control de la inundación sobre el caño El Arroyito, en el corregimiento de Guacoche, jurisdicción del municipio de Valledupar, departamento del Cesar”.
15 vehículos para transporte de personal y sólo dos para ‘elementos incautados’
El 3 de abril se publicó la oferta LP-002-2025, por un valor de $1.649.567.760. El 14 de abril se cerró la fecha de presentación de ofertas, cuyo objeto es la “prestación del servicio de transporte terrestre especial para Corpocesar dentro y fuera del departamento del Cesar, transporte de carga de elementos incautados dentro de las competencias derivada de la ley 1333 de 2009 y demás elementos que requiera la entidad bajo la modalidad de monto agotable”. Finalmente, se adjudicó a Transplus Service S.A.S.
Dentro de la minuta del contrato se dice que se deben disponer de 13 vehículos para “el desplazamiento de los funcionarios públicos para que se realice de manera oportuna y segura”; además, se incluye “la contratación por eventos de cuatro vehículos, dos con especificaciones para el transporte de personal (funcionarios y contratistas) y dos para la prestación del servicio de carga a fin de satisfacer la necesidad de transporte de elementos incautados”.
No ha habido sanción ejemplar para los cazadores de iguana
El diputado Jesús Javier Suárez Moscote ha llevado al seno de la Asamblea Departamental del Cesar su preocupación por el poco cuidado que se le presta a la conservación de animales en peligro de extinción. “Debido a un video que circuló en redes se removió la controversia de lo que ya se sabe, lo mismo que salió a expresar Corpocesar, y es que la captura, tenencia, comercialización y consumo de la iguana y de los huevos representan un delito e, incluso, una infracción ambiental con implicaciones penales. Acciones que recuerdan que es un animal que está en peligro de extinción y su principal depredador es el ser humano”, le dijo Suárez Moscote al Semanario La Calle.
El corporado cesarense llamó la atención porque, “aunque se han emitido Leyes como la 611 del 2000, la Ley 2111 del 2021, en donde se hablan de sanciones más severas para evitar este tipo de infracciones, aún no se conocen, hasta el momento, una sanción ejemplar que impida que los cazadores continúen con esta actividad ilegal de caza de iguanas en el departamento del Cesar”. Jesús Suárez agregó, además, que esta especie tiene otros enemigos que hacen que ella emigre y sea más accesible a ser raptadas, “como lo es: la deforestación, la urbanización, el cambio climático, la contaminación y la destrucción de su hábitat. Es aquí donde debe entrar a intervenir Corpocesar y la Policía Ambiental”.
“No hay repoblamiento, ni mantenimiento y equilibrio de los ecosistemas”: Jesús Suárez
Para el diputado Suárez Moscote, Corpocesar ha dejado de desarrollar otras obligaciones inherentes a su misión. “La reproducción en cautiverio para repoblamiento, estrategia que tiene como objetivo preservar la especie en peligro de extinción mediante su cría en entornos controlados, así como, además, mantenimiento y equilibrio de los ecosistemas, la protección en áreas deforestadas, entre otras intervenciones e implementación de estrategias que puedan conservar, mantener equilibradas y proteger las zonas verdes, fauna, flora y ecosistema natural del Cesar”, aseguró a La Calle.
Directora de Corpocesar no le respondió a La Calle
El Semanario La Calle envió mensajes a la directora de Corpocesar, Adriana Margarita García Arévalo, para indagar sobre los contactos de personal en este 2025 y el problema ecológico que ronda al Río Guatapurí; incluso, se le enviaron las preguntas a su WhatsApp, pero no fue posible obtener respuesta alguna de la máxima cabeza de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar.