Han pasado 10 meses desde que la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra funcionarios de Corpocesar por presuntas fallas en el control y seguimiento de concesiones de agua, y hasta ahora no se conocen avances concretos, decisiones de fondo ni responsables identificados públicamente.
La actuación disciplinaria fue dada a conocer en agosto de 2025, luego de que se detectara que al menos 15 usuarios con concesiones de agua otorgadas por la autoridad ambiental no habrían presentado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), un requisito obligatorio para quienes aprovechan fuentes hídricas mediante permisos oficiales.
A pesar de la gravedad de los hallazgos y del tiempo transcurrido desde el anuncio de la investigación, el proceso parece permanecer estancado. No se han divulgado los nombres de los usuarios involucrados, no se conocen eventuales sanciones y tampoco se ha informado si existen funcionarios vinculados formalmente a alguna actuación disciplinaria.
Lo que en principio fue presentado como una actuación destinada a esclarecer posibles irregularidades en el manejo de las concesiones de agua terminó convirtiéndose en un expediente del que poco o nada se ha vuelto a conocer públicamente. Mientras tanto, continúan sin resolverse las inquietudes sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de los usuarios observados y sobre el papel desempeñado por los funcionarios encargados de la supervisión.
El caso resulta particularmente relevante porque involucra uno de los recursos más sensibles para el departamento del Cesar. En una región donde los periodos de sequía, la disminución de caudales y las dificultades de acceso al agua afectan periódicamente a comunidades urbanas y rurales, el control sobre las concesiones de agua representa una de las principales herramientas para garantizar la sostenibilidad de las fuentes hídricas.
Una investigación que permanece en silencio
Cuando la Procuraduría anunció la apertura de la indagación, señaló que el objetivo era establecer si funcionarios de Corpocesar habían incumplido sus deberes al no exigir o verificar adecuadamente el cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
El caso surgió a partir de hallazgos que evidenciaban la existencia de concesionarios que aparentemente utilizaban el recurso hídrico sin contar con este instrumento, el cual es fundamental para demostrar cómo se administra, controla y optimiza el consumo de agua.
Sin embargo, diez meses después del inicio de las averiguaciones, no existe información pública que permita conocer qué ocurrió con esos expedientes.
¿Quiénes eran los 15 usuarios observados? ¿Desde cuándo estaban incumpliendo? ¿Fueron requeridos por la autoridad ambiental? ¿Se iniciaron procesos sancionatorios? ¿Existieron omisiones por parte de funcionarios encargados de la supervisión? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta oficial conocida.
La falta de información ha generado inquietudes sobre el estado real de la investigación y sobre la capacidad institucional para esclarecer posibles irregularidades relacionadas con la gestión de uno de los recursos más sensibles para el departamento: el agua.
Tampoco se conoce si la Procuraduría ha practicado pruebas, solicitado información adicional o determinado posibles responsables dentro de la corporación ambiental. La ausencia de reportes públicos sobre el avance de la actuación ha provocado que el caso permanezca prácticamente fuera del debate institucional pese a la importancia de los hallazgos que le dieron origen.
Aunque las indagaciones preliminares no tienen plazos tan estrictos como otras actuaciones disciplinarias, expertos en control público señalan que este tipo de procesos deben mostrar avances que permitan determinar si existen méritos para formular cargos o archivar las actuaciones. En este caso, la falta de resultados visibles mantiene abiertas las dudas sobre el rumbo de la investigación.
El requisito que habría sido ignorado
El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) no es un simple trámite administrativo. Se trata de una obligación legal mediante la cual los usuarios deben presentar estrategias, metas y acciones encaminadas a garantizar un uso racional del recurso hídrico.
Este documento permite a las autoridades ambientales verificar que quienes cuentan con concesiones estén adoptando medidas para evitar desperdicios, controlar pérdidas y proteger las fuentes de abastecimiento.
Por esa razón, la ausencia del programa constituye un incumplimiento que puede derivar en actuaciones administrativas y sancionatorias. Más aún cuando se trata de usuarios que continúan aprovechando el recurso bajo una concesión vigente.
La investigación precisamente buscaba establecer por qué esos usuarios no habrían cumplido con esta obligación y, sobre todo, por qué la situación no habría sido corregida oportunamente por quienes tenían la responsabilidad de ejercer vigilancia y control.
Según la información conocida en su momento, los hallazgos fueron detectados durante ejercicios de revisión interna relacionados con el cumplimiento de obligaciones ambientales. Allí se habría evidenciado que varios expedientes carecían de la documentación exigida o de soportes que demostraran la evaluación correspondiente por parte de la autoridad ambiental.
La situación no solo plantea interrogantes sobre los usuarios observados. También pone el foco sobre los procedimientos de seguimiento implementados por Corpocesar, entidad encargada de administrar, controlar y vigilar el aprovechamiento de los recursos naturales en el departamento.
Si efectivamente existieron usuarios que mantuvieron concesiones sin cumplir uno de los requisitos exigidos por la normatividad, la investigación deberá establecer si la situación obedeció exclusivamente a incumplimientos de los concesionarios o si hubo fallas institucionales que permitieron que el problema persistiera durante meses o incluso años.
Además, permanece la incertidumbre sobre el posible impacto ambiental derivado de estos incumplimientos. Sin información pública sobre la identidad de los usuarios, tampoco es posible establecer el volumen de agua concesionado, los sectores económicos involucrados ni las fuentes hídricas que podrían haber estado relacionadas con los hallazgos.
Sin respuestas de la Procuraduría ni de Corpocesar
Con el propósito de conocer el estado actual de la investigación, este medio solicitó información a la Procuraduría General de la Nación sobre los avances alcanzados desde agosto de 2025, las actuaciones realizadas y las posibles decisiones adoptadas durante estos meses.
Al cierre de esta edición no se recibió respuesta por parte del organismo de control.
Asimismo, se buscó una posición oficial de Corpocesar sobre los hallazgos que dieron origen a la investigación, las medidas implementadas frente a los usuarios observados y las acciones adelantadas para corregir las presuntas irregularidades detectadas.
Tampoco fue posible obtener respuesta de Adriana García, funcionaria de la entidad consultada para este informe.
La ausencia de respuestas oficiales impide conocer si actualmente los usuarios señalados ya cumplieron con la obligación de presentar el PUEAA, si continúan bajo observación o si fueron objeto de requerimientos administrativos posteriores. Tampoco permite establecer si Corpocesar adoptó correctivos internos tras la apertura de la investigación disciplinaria.
En términos prácticos, el silencio institucional ha dejado sin resolver los mismos interrogantes que existían cuando el caso se hizo público por primera vez. Diez meses después, la información disponible sigue siendo limitada y las conclusiones continúan pendientes.
Mientras tanto, el expediente permanece sin resultados visibles para la opinión pública. Diez meses después de haberse anunciado la indagación preliminar, las preguntas siguen siendo las mismas y las respuestas continúan ausentes.
La situación deja abierta una preocupación de fondo: si una investigación relacionada con el control de concesiones de agua permanece sin avances conocidos durante casi un año, persisten las dudas sobre la efectividad de los mecanismos de vigilancia y la capacidad de las instituciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales en el departamento.
Más allá de las eventuales responsabilidades disciplinarias que puedan surgir, el caso se ha convertido en una prueba sobre la transparencia institucional y la capacidad de los organismos de control para ofrecer respuestas oportunas frente a hallazgos que involucran la administración de recursos naturales estratégicos. Por ahora, el expediente sigue abierto, pero para la opinión pública continúa prácticamente congelado desde agosto de 2025.