En el municipio de San Martín, Cesar, hay tres temas (dos jurídicos y uno político-laboral) que tienen como protagonistas al alcalde Yan Navarro Pérez y al Concejo Municipal. El primero tiene que ver con tremendo negocio de un lote veredal, el segundo con el pago de una carroza y el más reciente es el acuerdo entre la administración municipal, una empresa minera y las Juntas de Acción Comunal (JAC) de un asentamiento humano. El de mayor polémica es el terreno que debería proteger unas cuencas hídricas en la parte alta del municipio.
El negociazo de Los Bagres
Jimmy Gamboa Ramírez es un líder del asentamiento humano El Diviso, perteneciente a San Martín. En diálogo con La Calle, Gamboa denunció cómo el hermano de una concejala compró un lote por 40 millones de pesos “y él se lo vendió al municipio por 480 millones. Los 11 concejales aprobaron el negocio y la hermana del dueño del terreno, ni siquiera se declaró impedida para votar dentro de la corporación”. De acuerdo a este dirigente social, el terreno está ubicado en la parte alta del municipio, “en la vereda Los Bagres y fue comprado para un tema de reforestación. La concejala hermana del que vendió el lote a la Alcaldía es Maribel Rivera Calderón”.
La demanda frustrada en Ocaña
Jimmy Gamboa asegura haber puesto una demanda en Ocaña contra el alcalde y los 11 concejales por el negocio de ese terreno. “Eso ya estaba para fallar, o sea, para irse todos ellos (concejales y alcalde) en el mes de diciembre, pero ahí fue donde el alcalde se movió, y congeló ese proceso. Y ahí fue donde actuaron poderosos líderes del Cesar y dos alcaldes de municipios vecinos y ayudaron a dormir ese proceso hablando allá en Ocaña”, aseguró Gamboa Ramírez a La Calle.
“Tocó sacar el proceso y llevarlo a Bogotá”: Jimmy Gamboa
Según Jimmy Gamboa, a raíz de la dilatación del proceso en Ocaña, “el abogado se dio cuenta y me dijo ‘Sí, me toca, el 23 de enero, sacamos el proceso y lo llevamos para Bogotá’. Lo sacamos para Bogotá, y desde el 23 le mandaron los radicados al abogado».
“Eso no es cierto, eso es mentira”: concejal de San Martín
El Semanario La Calle se comunicó con Jorge Armando Montaño Lindarte, quien aceptó la curul al Concejo que le otorgó el Estatuto de Oposición por haber quedado de segundo en las elecciones para la alcaldía de San Martín. Sobre si el terreno había costado a un particular 40 millones que costó 40 y lo había vendido al municipio em 480, Montaño Lindarte dijo que “no, no, eso es mentira, nada. Es un terreno que se compra para cubrir las cuencas arriba en la parte alta, pero no se le compró a ese precio. Además, al particular ese terreno le costó más”.
Agregó que “ese negocio es bueno porque qué pasa, se está comprando unos callejones para que los campesinos reforesten, ¿sí me entiende? Para cuidar las cuencas hídricas”.
“Las dos concejales que traicionaron a Los Bagres”: líder de San Martín
Otro líder de San Martín, consultado por el Semanario La Calle, acusó que “hay dos concejales del pueblo que, según ellos, representan la parte alta, pero es pura paja.
Según ellas, representan la parte alta del municipio y mire: aprobaron eso, lo del negocio del terreno, ¿sí me entiende? Son Maribel Rivera Calderón, de Cambio Radical, y Yorli Vargas, del Partido Liberal”.
La bailada del indio con el caso de las carrozas
El 16 de septiembre de 2024, Jimmy Gamboa elevó una petición ante el municipio de San Martín para solicitar que se le expidiera todo lo relacionado con la Fundación Vida Cultura y Prosperidad, en virtud de la ejecución del Convenio de Asociación CA-ESAL- 001-2024, fechado del 24 de enero de 2024. Gamboa quiere verificar si hubo o no sobrecostos en el pago de unas carrozas de los carnavales de ese año.
Como la alcaldía no le respondió, Gamboa puso una Acción de Tutela ante un juzgado de san martín para que se le ampare el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordenara al municipio emitir respuesta a la petición del 16 de septiembre. El apoderado del municipio manifestó que el 17 de octubre del año en curso, mediante oficio 100-OFI-01- DP-2024-0730, se le dio respuesta clara, congruente y de fondo a su solicitud; por tanto, el juez resolvió declarar “la carencia actual de objeto por hecho superado a la solicitud de tutela invocada”.
Juez de Aguachica le da la razón a Gamboa
Inconforme con ese fallo de primera instancia, Jimmy Gamboa presenta impugnación ante un juzgado de Aguachica, argumentando que la Alcaldía no le respondió de fondo, ni de manera completa a lo solicitado. “No existiendo dentro del expediente documentos que permitan determinar que la entidad accionada emitió una respuesta completa, precisa y congruente, difiere el Despacho de la decisión emitida por el juez de primera instancia de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la solicitud de tutela invocada por el señor Jimmy Gamboa Ramírez”, dijo en su sentencia el juez de Aguachica.
Por tanto, decide “revocar la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín, Cesar”. Y ordena al municipio de San Martín “que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a emitir respuesta completa, precisa y congruente a la petición presentada por el señor Jimmy Gamboa Ramírez el 16 de septiembre de 2024”.
La sentencia de José Ismael Valencia Mendoza, juez de Aguachica, es fechada el 26 de noviembre de 2024; sin embargo, como le contó a La Calle una fuente cercana a Jimmy Gamboa, “ese tema de las carrozas también tocó pasarla para Bogotá porque eso aquí en el Cesar también se durmió, los dejaron en Stand By desde el año pasado”.
El caso de las JAC y la multinacional
En la edición impresa del lunes 2 de diciembre, La Calle dio cuenta del malestar suscitado en el asentamiento humano El Diviso por la creación de dos Juntas de Acción Comunal a instancias, según Jimmy Gamboa, del alcalde Yan Navarro. Según Gamboa, la intención del alcalde era tener poder para influir en la contratación de personal que trabajaría en las minas ubicadas en el área de influencia de ese asentamiento humano.
En la edición del 13 de enero, este periódico informa sobre el conflicto generado entre las tres comunidades por la creación de las dos nuevas JAC. Y se publicó un acta en donde Gran Tierra Energy (GTE), una empresa petrolera canadiense con una producción de muchos barriles de crudo y también un alto flujo de trabajo, con muy buenos salarios, hace un llamado “al Alcalde y al Secretario de Gobierno a participar en la resolución del conflicto de las dos comunidades y entrar a apoyar la viabilidad de la operación, en caso de materializarse vías de hecho asociadas a las diferencias entre las comunidades Piedemonte y El Diviso, reiterando la responsabilidad del ente territorial de garantizar el orden público en el municipio”.
El conflicto escaló y han habido varios bloqueos de vía
El malestar entre las tres comunidades (El Diviso, Dubai y Piedemonte) creció y se dieron varios bloqueos “afectando el desarrollo de actividades de Gran Tierra, así como de las diferentes contratistas que desarrollan actividades en el Campo”, dice la empresa canadiense en una carta, fechada el pasado 19 de marzo y dirigida a los presidentes de las tres JAC como un “llamado para la toma de decisiones de beneficio comunal y comunitario, para finiquitar la afectación a una actividad de utilidad pública”.
En la misiva, la minera resalta que “Gran Tierra ha fortalecido, promovido y acompañado acciones y espacios de diálogo, con el único propósito de desescalar el conflicto en el territorio y prevenir acciones que desenfoquen el deber ser de la organización comunal”. Y, más adelante, advierte que “en caso de que persistan las vías de hecho y los bloqueos que afecten la operación de la Compañía y sus contratistas, Gran Tierra se reserva el derecho de adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes para la protección de sus derechos y el desarrollo normal de sus actividades”.
Finalmente, la compañía dice que mantiene su “disposición permanente en facilitar ejercicios de acceso a la información, seguimiento y vigilancia desde las Instituciones competentes, así como mantener el diálogo oportuno y transparente que permita la continuidad operativa, defendiendo la participación ciudadana de los sanmartinenses”.
¿Hubo acuerdo entre las tres JAC?
La Calle conoció un comunicado de la JAC de El Diviso, del pasado 20 de marzo, donde se asegura que esa comunidad “no ha estado presente en ninguno de estos escenarios, ni tampoco ha hecho acuerdos comunales de ningún tipo, ni tampoco de participación laboral con el señor alcalde Yan Jairo Navarro y el señor Oscar Cortés (Gerente de Campo de Gran Tierra Energy) ni tampoco hemos llegado a un acuerdo con los representantes de dichas JAC, ya que la posición siempre es y será basada bajo la ley 2166 que es la que rige a los comunales de todo el país”.
El pasado viernes 21, La Calle conoció extraoficialmente que “el alcalde, con el gerente de Gran Tierra Energy, llegaron a un arreglo de nada de bloqueos en la vía y la participación laboral quedó así: 6% para Dubai; 6%, Piedemonte; y 8%, El Diviso”, según le dijo a este periódico un miembro de la comunidad El Diviso. “Negociaron sin estar nosotros presentes; incluso, sin que nosotros supiéramos. Y nos repartieron la distribución laboral como ellos quisieron”, dijo la misma fuente.