Se ha manipulado el concepto de la paz hasta un punto intolerable, se ha aprovechado esa palabra incontestable, poderosa y llena de luz y el gobierno la ha usado como propia para que aceptemos un acuerdo inaceptable. Pero hay que hacerle cuestionamientos a esta paz que se ha negado a escuchar las preocupaciones de su pueblo. La semana pasada estuve visitando los municipios de La Paz en el Cesar y de Fonseca en la Guajira y estoy convencida de que ninguno de esos cuestionamientos es más urgente ni más importante hoy que el que puedan hacer los habitantes de las zonas de concentración.
¿Por qué escoge el gobierno exponer a los habitantes de 23 municipios a los atropellos de una guerrilla que ha probado ser enemiga de Colombia? ¿Por qué tantos? ¿Por qué durante tanto tiempo? ¿Por qué se escogen lugares de los que la guerrilla ya fue relegada por la fuerza pública? ¿Porque el gobierno de Juan Manuel Santos restituye a las FARC como devolviéndonos en el tiempo, a su momento de mayor poderío e influencia antes de desarmarlas?
Sin duda es necesario que la guerrilla se concentre en algún punto del territorio nacional para que se pueda hacer una verificación a la entrega de sus armas. Ya el Centro Democrático lo había advertido, de hecho la propuesta de las zonas de concentración fue nuestra. Sin embargo esa propuesta tuvo una serie de condiciones que obedecían a razones poderosas. Desde el partido pedimos que estas zonas no fueran fronterizas, pedimos que no fueran zonas donde la guerrilla hubiera aterrorizado poblaciones en el pasado y que no fueran territorios donde habitaran poblaciones socioculturalmente diversas. El municipio de la Paz cumple con todos los requisitos para no ser tomado en consideración.
Cada una de las personas sobre las que vaya a tener influencia las FARC en esas 23 zonas de concentración y los 8 campamentos, merece tener voz y voto al respecto. Vi en mi visita a la paz mucho miedo para manifestar opiniones abiertas con respecto a esta designación, miedo del abandono del Estado. Se debe garantizar la libertad de expresión de los habitantes de la paz y sus derechos políticos. Debe eliminarse la incertidumbre de la cara de los habitantes de La Paz. Se les debe explicar con pormenores la manera en la que está pensada la defensa de su integridad física; sus proyectos de vida; sus derechos políticos y sus pertenencias.
Y sii los pobladores de la paz deciden abrir sus puertas a esta propuesta imperfecta y arrodillada, si deciden vivir medio año bajo el dominio militar de las FARC, o al menos bajo su influencia, si creen como yo no que sus hogares son el lugar idóneo para hacer la entrega de unas armas que solo volverán cerca por decisión de un gobierno que ha fallado en derrotarlas, entonces es su derecho alzar su voz en ese sentido, y darle legitimidad a lo que por el contrario no puede ser legítimo. Pero esta decisión no puede tomarse de espaldas a la Paz.
Que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad que son los cabecillas de las FARC hagan política sin pagar un solo día de cárcel por sus crímenes, resulta para mí, como congresista, y como colombiana con memoria, indignante, repulsivo. Pero mucho peor sería si en el tiempo de las zonas de concentración, las FARC comienzan a hacer política antes incluso de entregar sus armas. Desde el gobierno se dice que esto no ocurrirá, pero no se explica de qué manera pueda evitarse si está previsto que se retire a la fuerza pública de las zonas de concentración. Esta sería la derrota más contundente en la historia a nuestra democracia y la primera víctima sería la paz. Mucho me temo, por ejemplo, que las zonas de concentración, que se mantendrán durante periodos inadmisiblemente largos coincidan en el tiempo con la votación del plebiscito en el que los colombianos decidirán si dan o no legitimidad a los acuerdos aún no concretados entre las FARC y el Gobierno. ¿Será el voto de la paz un voto forzado por las armas? Vaya ironía.
Pero la política juega otro peligroso papel en este momento. Observo con preocupación que las autoridades locales ven supeditadas las ayudas del gobierno central a su apoyo al proceso de paz y la aceptación de zonas de concentración en sus municipios. Esta extorción política y su aceptación por parte de las autoridades municipales deben ser cuidadosamente revisadas por los entes de control y la ciudanía. En juego hay cosas muy importantes Alcaldesa Ovalle, es posible que la mejor obra que le pueda dejar a La Paz sea hacer oposición valiente y seria escuchando a la población de su municipio.